Hay algo retorcido en las residencias de mayores y una resistencia a los cambios bloquean su transformación. Mientras expertos en la materia imploran una renovación total del concepto para que las personas mayores tengan una estancia digna y saludable en los centros, el Ministerio de Asuntos Sociales ha diseñado un cambio total que ha encontrado una ferviente oposición en varias comunidades autónomas y empresas privadas. Al final, todo es una cuestión de dinero.

Hacinamientos, trato impersonal, horarios castrenses, privatizaciones, escasez de profesionales y quejas continuadas de familiares y personas ingresadas . Las residencias para mayores que afloraron en España se basan en una mezcla de hotel y hospital, lejos del modelo estudiado y recomendado. Mientras el norte de Europa se ha encaminado hacia su eliminación, España se resiste al cambio.

La covid-19 ya desnudó el funcionamiento fallido de las residencias y su precariedad, que aboca a una actividad deficiente aún sin pandemias por medio. Además, las plazas escasean y apenas el 4,3% de los mayores de 65 años cuentan con un espacio en estos centro. Solo cinco comunidades (Cantabria, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha) alcanzan el ratio recomendado por la OMS: cinco plazas por cada 100 personas mayores. En España escasean las plazas residenciales y habría que crear 70.000 para tener una demanda adecuada al volumen poblacional.

El objetivo de la renovación de las residencias consiste en modificar la forma de pensarlas y construirlas. "Ni las situaciones de gran dependencia y de necesidad de cuidados, ni el deterioro cognitivo más grave, justifica que se atente contra la dignidad de las personas", reza un documento elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales para la mejora de las residencias, preocupado por situaciones como las sujecciones para los ingresados, una herramiena habitual para atarles, que la organización tilda de "denigrantes". 

Mayte Sancho, psicóloga de Matia Instituto Gerontológico y responsable del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia, analiza para Público esos problemas pendiente de purgar y renovar: "El problema de base está en la concepción de la institución. Las residencias no son lugar para vivir y mucho menos al final de tus días, compartiendo habitación con alguien que no has visto en tu vida. No podemos tolerar el modelo actual. No es adecuado, porque a nadie que preguntes querría vivir así. Con el actual modelo las personas no deciden y el día a día está impuesto: que te duchen sí o sí o que te impogan una hora de despertar. Eso se soluciona con otra mirada y acercarse de otra forma a los cuidados. No es problema solo de financiacion, es un cambio de concepto.

Al respecto de este tema, el estudio Viviendas y alojamientos para personas mayores. La experiencia internacional publicado en la Revista Internacional de los Estudios Vascos propone una reformulación tras estudiar cómo funciona el modelo residencial del norte de Europa. "La evidencia acumulada en las ultimas décadas en países que son una referencia en políticas sociales y de envejecimiento, como son principalmente los nórdicos y los Países Bajos, permiten afirmar que el modelo de cuidados de larga duración debe ser reformulado", sostiene la investigación. 

El texto descarta el formato de cabo a rabo, con el que no se garantizan mínimos habitables: "Vivir en espacios diseñados desde un modelo que transita entre equipamientos hoteleros e instituciones hospitalarias genera, o más bien degenera, en modos de vida que nada tienen que ver con la cotidianeidad de las personas que allí sobreviven. La vida cotidiana se acerca a un modelo cuartelario y las posibilidades de preservar la intimidad y la dignidad de las personas son escasas", apunta.

La empresa privada entra al juego

El modelo de las residencias de mayores está totalmente dominado por la empresa privada y, en palabras de los expertos que trabajan en estas mejoras, hacen de parapeto y evitan que el modelo camine hacia la transformación. 

Algunos de los principales inversores en este mercado son compañías como Adriano Care, Avintia, BAE Systems, Caser, Culmia, Grupo Lar, MSG Seguros, Pryconsa, Swiss Life o Urbas, mientras que entre los operadores destacan Orpea, con 87 centros y 11.311 camas en España, o Domus Vi, con 169 centros y 26.400 camas.

"La presión de las empresas privadas es importante para entender el conflicto. Hacen la resistencia máxima. En coste-beneficio es más beneficioso el actual modelo", sostiene Maite Sancho. El nuevo enfoque se centra en la persona y en la que ella es la protagonista de sus cuidados, no el cuidador o la institución. Eso conllevaría menos beneficio. Es un pulso porque la dependencia tiene una fuerte presencia del mercado privado".

Los intentos de cambio, bloqueados

Mientras en España afloran tímidamente otros formatos como el cohousing, el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra pretende un cambio profundo mediante el consenso con las comunidades autónomas, ya que las competencias están derivadas y prefieren acordar acuerdos de mínimos y aunar ciertos criterios. Pero la mitad de las comunidades autónomas no están por la labor de hacer cambios. 

Además de cambios sustanciales como fomentar el concepto de hogar y reducir los entornos de las residencias a 15 personas para ganar en intimidad, el proyecto del Gobierno apuesta por minimizar las rotaciones de los trabajadores, poner como prioridad la dignidad de las personas ingresadas y limitar el número de plazas (entre 75 y 120) en función de su ubicación. El Ministerio de Derechos Sociales también propone aumentar las ratios de cuidador por persona de forma progresiva hasta el 0,43.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Catalunya, Euskadi, Madrid, Andalucía, Ceuta, Murcia y Galicia se opusieron a la reforma propuesta por el Ministerio de Belarra. Las comunidades gobernadas por el PP (Castilla y León se abstuvo y volcó la balanza hacia el "no") junto a las nacionalistas y dos socialistas frenaron el consenso. A lo largo del mes de junio habrá una nueva intentona para buscar un consenso con las autonomías y desbloquear una renovación pendiente.