Lo primero que se ve al abrir la puerta del piso de Serigne son dos mantas abultadas que una vez fueron blancas, pero que ahora tienen el color de lo sucio de las aceras de Madrid. Están ahí, quietas, una sobra la otra, esperando a que sus dueños vuelvan a cargarlas; con sus cuerdas atadas a las cuatro esquinas, por si tienen que recogerlas al tirón y salir corriendo con ellas al hombro cuando ven venir a la Policía.

Como Serigne y Samba, sus dueños, esas mantas han estado sin salir a la calle más de cuatro meses a causa de la pandemia, y ni siquiera ellos, Samba y Serigne, saben cuándo podrán volver a extender ese precario escaparate de bolsos, gafas de sol, zapatillas, camisetas de equipos de fútbol y perfumes; todo de marcas de imitación, con el que se ganan el austero paso de los días.

Samba y Serigne, senegaleses de 28 y 31 años, son manteros, aunque ninguno de los dos quiere serlo. "No hay otra manera, no puedo hacer otra cosa porque no tengo papeles. Sin papeles no puedo trabajar y sin trabajo no tengo papeles", dice Serigne, que lleva ya 12 años "sufriendo" la espiral de la irregularidad administrativa en España. Lo intenta "todos los días, todos los años", busca trabajo, de lo que sea, "cualquier cosa antes que la manta", dice, porque "la manta es muy peligrosa", porque les persigue la Policía, les ponen multas, les detienen, les hacen correr por las atestadas calles de Madrid con 20 kilos de mercancía a la espalda. A veces hay caídas, "brazos y piernas rotos", heridas, tensión y miedo.

Y saben muy bien que, a veces, la manta también mata. Todos los manteros de Lavapiés recuerdan a Mame Mbaye, "uno de mis mejores amigos", puntualiza Serigne, con la rabia y la nostalgia colgando de sus ojos. Mame Mbaye, después de 13 años en Madrid, murió en la capital sin haber conseguido regularizar su situación. Se lo llevó un infarto después de una carrera desde la Puerta del Sol hasta Lavapiés, huyendo de la Policía, según sus compañeros de oficio, aunque la Justicia no determinó lo mismo. "No hay derecho", resume Serigne.

"No quiero ser mantero más", insiste. Por eso ha hecho cursos de cocina, de carretillero, de jardinero... No deja de intentarlo a pesar de las barreras administrativas, pero nunca lo consigue del todo. Sólo pequeños oasis de tranquilidad administrativa, permisos de residencia temporal, empadronamiento, formación laboral de programas del Ayuntamiento de Madrid..., pero cuando ha logrado la residencia temporal, sus trabajos han sido de pocos meses. Fue ayudante de cocina en un restaurante y mozo de carga y descarga en horario nocturno para una conocida empresa de paquetería, pero los trabajos son temporales, lo que convierte también en temporal su permiso para ser un ciudadano más o menos de pleno derecho.

Hace dos meses que disfruta de una tarjeta de residencia [también] temporal por ser familiar de ciudadano de la UE", gracias a que su hermano, de 45 años, sí ha conseguido regularizar su situación. Por eso ahora busca un empleo, uno que le proporcione un permiso de residencia y de trabajo. Y esa es la tarea más difícil, ya que necesita un contrato indefinido, que dure al menos un año. "Ahora no está contratando ninguna empresa, mucho menos para un contrato indefinido, aunque sigo buscando, no me rindo. Necesito trabajar, necesito dejar la manta, ya son muchos años así", lamenta.

Al menos ahora puede caminar tranquilo por la calle, bromea Samba. Aunque no es ningún chiste sobre el final del confinamiento. Él llegó a España hace cuatro años, "en patera, desde Marruecos", y tiene miedo fuera de las paredes desconchadas de su piso, aunque no lleve el fardo con bolsos a cuestas. "La Policía te para, te pide documentos, te trata como si no tuvieras derecho a estar ahí, sentado en un banco. Te toca los cojones y a veces acabas tres días en un calabozo", relata. A él le ha pasado alguna vez, aunque da gracias por no haber terminado en un CIE. Sabe que es porque no tiene ningún documento que certifique a qué país habría que deportarlo y, precisamente por eso, también tiene miedo de ir a una comisaría de Extranjería para solicitar permisos. "A lo mejor voy y acabo en Senegal. Yo no quiero volver, quiero ganarme la vida aquí, quiero ayudar a mi familia", remarca.

En Senegal era soldador, y ese oficio le sirvió para trabajar en Rabat hasta que consiguió el dinero suficiente para jugársela en las aguas del Estrecho. "En Marruecos se gana poco, pero al menos, no necesitas tantos papeles para trabajar", dice. Probó suerte en Andalucía, buscando un jornal en los invernaderos, en el campo, en la campaña de la fresa; "pero me volví a Madrid sin nada, nadie quería contratarme si no tenía papeles", recuerda. Y así sigue, "unos días mejor, otros peor porque no vendo nada en la manta", pero en marzo llegó el coronavirus a poner las cosas aún más difíciles si cabía.

Tres meses sin dinero

"Tres meses sin trabajar son tres meses sin ingresar. Lo estamos pasando muy mal", comenta Serigne mientra poner a hervir arroz blanco, junto a las lentejas, el menú más repetido durante el confinamiento, y ahora también, en eso que llamamos casi a la fuerza "nueva normalidad" .

"Si no fuera por el Sindicato de Manteros no tendríamos qué comer. Nos han dado algo de dinero cada semana para sobrevivir", apunta. Pero son cientos, sin contar a los lateros que ofrecen cerveza fría a cualquier hora en cualquier calle del centro de la ciudad, sin contar a los que recorren bares y terrazas ofreciendo a las parejas una rosa por la voluntad, sin contar a los que deambulan con decenas de collares al cuello y pulseras en las mangas para ver si hay suerte o compasión de quienes disfrutan su normalizada vida con un DNI en la cartera.

"Todos necesitamos trabajar, casi nadie tiene papeles, aunque lleve diez años en España", comentan. Eso significa que no tienen derechos, que no hay escudo social que les proteja: ni ERTE ni Ingreso Mínimo Vital ni moratoria o ayudas al alquiler, nada; solo, desprotección. Hace tiempo que lo denuncian.

Manteros, punta de lanza por la regularización

El colectivo de vendedores ambulantes ha sido punta de lanza en la reivindicación de facilidades para conseguir permisos de residencia y trabajo, también para que se despenalice esta actividad, considerada un delito penal por vender falsificaciones y contra la propiedad intelectual. Puede conllevar penas de cárcel y, sobre todo, una mancha en el expediente criminal que tumba de un plumazo las ya exiguas posibilidades de conseguir los papeles.

En Barcelona, hace años que algunos manteros consiguieron dar un paso firme al abrir una tienda que vende productos de su propia marca, Top Manta. Lamine Sarr, empleado del colectivo, impulsor de la iniciativa y portavoz del Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona, donde hay entre 500 y 600 personas en la misma situación, se muestra crítico con el Gobierno, que ni siquiera ha deslizado la posibilidad de una regularización que, a muchos, hubiera aliviado los efectos del confinamiento y el parón económico.

"La regularización no es una exageración ni un regalo, es un derecho fundamental y no puede ser un imposible, porque ha habido otros procesos de este tipo en España antes", comenta por teléfono. "Va en interés de España, el primer interesado debería ser el Gobierno porque quien tiene papeles puede cotizar a la Seguridad Social", apunta. Lamine ya vivió sus "dos años de miseria obligatoria" hasta que pudo obtener el permiso de residencia y trabajo gracias a un contrato de un año que él prefiere llamar "milagro".

Denuncia que la ley de Extranjería es puro "racismo institucional", aunque su artículo 127 permite una regularización extraordinaria que, para él y para centenares de colectivos migrantes, debería ser "sin condiciones", porque aquí "aporta y ayuda todo el mundo sin mirar razas ni procedencias".

Recuerda Lamine los momentos más duros de la pandemia, cuando su sindicato ha repartido alimentos a familias y personas necesitadas, "españolas o extranjeras", cuando su local de Barcelona tenía a decenas de costureros y costureras, todos voluntarios, haciendo mascarillas y batas que repartieron a residencias de ancianos, a hospitales, "donde hiciera falta, lo que no estaba haciendo el Gobierno". Ahora, dice, "se les agradece dejando a esta gente fuera del Ingreso Mínimo Vital. No tengo palabras para describir esta hipocresía", argumenta.

"¿Si me dieran los papeles?", la sonrisa se dibuja en la cara de Samba. También, aunque algo menos marcada, en la de Serigne. "Buscaría trabajo de soldador, buscaría trabajo de verdad. Un trabajo legal. Estaría tranquilo", sostiene Samba. "Si el Gobierno me diera los papeles dejaría de ser mantero", apunta Serigne. "No sabemos cuándo podremos volver. La Policía ahora no nos deja respirar. Antes del coronavirus ya llevábamos varias semanas sin poder vender en la Puerta del Sol, mucha vigilancia, mucho secreta", explica.

Ambos saben que lo que viene va a ser duro, que "las cosas van a cambiar", que quizás haya más celo policial si cabe, más control, más persecución. Y también miedo, "el virus sigue aquí. La gente no va a querer acercarse, no va a querer tocar las cosas de la manta ni darme un billete ni hablar con nosotros. No sé qué vamos a hacer, pero nos buscaremos la vida. Siempre nos buscamos la vida", comenta Seringe. Sólo quieren tenerlo algo más fácil.