La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aprobada por los países de la Unión Europea (UE) el pasado 28 de junio, plantea un cambio de enfoque respecto al modelo de agricultura, centrándose en los retos ambientales y climáticos, la sostenibilidad y la incorporación de los jóvenes entre 2023 y 2027. La partida, la más importante a nivel comunitario antes de la llegada de los fondos Next Generation, es uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo afectan las decisiones que se toman en Bruselas o Estrasburgo en el día a día de los payeses catalanes. Pese a que el ministro de Agricultura, Luis Planas, calificara la reforma como "más equilibrada, justa y sostenible", ya han aparecido las primeras voces de alarma, especialmente de los productores, que advierten del peligro que supone la nueva PAC sobre la agricultura familiar y profesional.

Aunque la reforma plantea que un 60% de las ayudas directas se destinen a la renta del payés, el punto de partida ya es incierto. Según los datos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, tan solo un 21% de las 47.940 explotaciones agrarias contabilizadas en Catalunya pertenece a payeses profesionales. Esas 10.552 fincas forman parte de lo que se conoce como Explotaciones Agrarias Prioitarias (EAP), en las que se posibilita, al menos una Unidad de Trabajo Agrario (UTA), y que el rendimiento obtenido suponga entre un 35% y un 120% respecto a la renta de referencia de la finca.

Paralelamente a la menor profesionalización del campo catalán, que cada vez más se encuentra en el punto de mira de grandes empresas y fondos de inversión, entre 2015 y 2020, la cifra de explotaciones agrarias en Catalunya ha descendido un 13%, mientras que la superficie ha crecido en 2.324 hectáreas, alcanzando las 748.141. En un primer análisis, parece que los terrenos agrarios están cada vez más concentrados –menos explotaciones y más grandes– y en manos de propietarios que no contemplan la agricultura como la actividad principal.

Reducción de la renta agraria

Unió de Pagesos (UP), el principal sindicato agrario en Catalunya, denuncia que "el principal acuerdo de la futura PAC comporta una reducción de la renta agraria de al menos 139 millones de euros anuales y un fuerte encarecimiento de los costes de producción". El coordinador nacional de UP, Joan Caball, advierte de la necesidad de las instituciones comunitarias de destinar más recursos porqué se han incrementado las exigencias ambientales. "La reforma de la PAC se está alejando del objetivo de que la renta de los payeses se acerque a la de la población general". Caball lamenta que los nuevos requerimientos solo supongan más costes para los productores, pero no se reflejen en la renta que perciban los payeses.

En relación a la creciente desprofesionalización del sector agrario en Catalunya, el coordinador de UP propone que la persona que no cobre al menos un 25% de sus ingresos de la actividad primaria no pueda recibir fondos públicos, lo que se conoce como las ayudas de la PAC. Pese a que el Ministerio de Agricultura, encargado de desarrollar la reforma de forma conjunta con las comunidades autónomas, se ha comprometido a poner en marcha una medida similar, Caball aclara que se quiere implantar una excepción en forma de franquicia, de manera que la regla general no se aplique a los beneficiarios que perciban menos de 5.000 euros anuales. El colectivo supone más del 60% de los perceptores de la PAC en Catalunya.

A partir de ahora, según Joan Caball, los tratados de comercio que tengan que aplicar la reforma de la PAC se deberán centrar en equiparar las exigencias productivas y sanitarias que se imponen a los países de la UE con los de las zonas extracomunitarias. "La nueva PAC nos trae más exigencias y menos recursos y la certeza de que nos hemos aprendido nada con la covid respecto a la soberanía alimentaria".

Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), organización estatal a la que pertenece la entidad catalana JARC, se afirma que la reforma de la PAC "acelera el proceso de uberización del campo". Su secretario general, Miguel Blanco, precisa que el acuerdo abandona aún más los mecanismos de regulación del mercado y la volatilidad de los precios agrarios. Blanco coge como referencia los propios datos del Ministerio de Agricultura para recordar que un 7% de las macroempresas acapara ya la mitad del valor productivo. Para el secretario general, con la PAC "nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa".

La victoria del 'Green Deal'

La consellera de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, defiende que Catalunya "debe tener más capacidad para decidir la estructura de las ayudas del primer pilar de la PAC como son los ecoesquemas". Esta nueva figura de la reforma de la PAC hace referencia a la concesión de unas ayudas condicionadas a las buenas prácticas ambientales y sostenibles. Jordà hace un llamamiento al consenso entre organizaciones agrarias, cooperativas y la Conselleria para negociar un modelo de la PAC adecuado para los agricultores catalanes. Además, garantiza que se revertirán los recortes en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), impulsados por el Gobierno del PP.

"Lo importante es que se haya llegado a un acuerdo que dé una cierta estabilidad hasta el 2027 en un asunto tan delicado cómo es la compatibilización de la actividad agraria y la conservación del entorno natural". El economista especializado en agroalimentación y director del Observatorio de Ecomomía Agroalimentaria del Col·legi d'Economistes, Francesc Reguant, valora así la aprobación de la reforma de la PAC. Para Reguant, "la negociación ha supuesto el triunfo del Green Deal a través de la estrategia Farm to fork y de la sostenibilidad".

Reguant admite que los compromisos y requerimientos ambientales que impone la nueva PAC son difíciles, por lo que insta a los estados miembros a "dar respuesta en un contexto en que con una producción menor se tendrán que optimizar los recursos naturales como el agua y el terreno disponible". Igual que Joan Caball, el economista asegura que si no se emprenden estas medidas "alguien dejará de tener el plato en la mesa y la autosuficiencia alimentaria será más complicada de conseguir".

¿Alimentos más caros?

Teniendo en cuenta la filosofía de la PAC, que prioriza la concesión de las ayudas en función del rendimiento del terreno que se disponga en detrimento del producto que se cultive, Francesc Reguant vaticina que si no se crea un sistema más eficiente tecnológicamente a la hora de producir, el consumidor acabará pagando más caros los alimentos que compra por el sobrecoste que deberán soportar los agricultores. Ante retos como la reforma de la PAC o el reparto de los fondos Next Generation, Reguant anima al sector primario a ganar dimensión para ser más competitivo y presentar proyectos a las ayudas de reconstrucción, poniendo siempre por delante el componente sostenible.