MADRID.- Durante la mañana de este miércoles, José Ramón Márquez, Ramoncín, declara en la Audiencia Nacional acusado de una supuesta emisión de facturas falsas que cargaba a la Sociedad General de Autores y Editores por servicios inexistentes.

También declaran en este juicio oral el exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE- José Luis Rodríguez Neri, y los exdirectivos Enrique Loras y Pablo Antonio Hernández Arroyo.

El pasado mes de julio, los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Fermín Javier Echarri desestimaron los recursos presentados por Ramoncín y Neri contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, al rechazar que Ramoncín y Neri sufrieran "indefensión" en la causa.

El juez incoó una pieza separada desglosada de la causa principal abierta en 2011 a ex directivos de la SGAE para permitir que se pueda llevar ya a juicio a estos cuatro imputados por los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta, y dictó el procedimiento abreviado de esa pieza -el equivalente al procesamiento.

De la Mata aseguró que durante años Ramoncín "habría estado emitiendo y cargando a la SGAE facturas por supuestos servicios realizados para la misma, que en determinados casos no se corresponden con contraprestación alguna o son simuladas, todo ello con la connivencia de José Luis Rodríguez Neri, y, al menos en algunos casos, de Enrique Loras y Pedro Antonio Hernández".

"No nos encontramos ante unas meras sospechas ni conjeturas, sino ante indicios de criminalidad que son recogidos posteriormente por el Ministerio Público", señalaba el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.

La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años y 10 meses de cárcel para el cantante por la supuesta emisión de facturas falsas que cargaba a la SGAE por servicios inexistentes y a través de las que presuntamente obtuvo 57.402 euros, misma pena que solicita para Rodríguez Neri.

La Fiscalía solicita también dos años y nueve meses de cárcel para Hernández Arroyo, y dos años para Loras, así como multas de 40.356 y de 20.886 euros, respectivamente, por administración fraudulenta.