Se cumplen hoy 20 años de los ataques xenófobos más graves ocurridos hasta ahora en España, una jauría humana que el 6 de febrero del año 2000 emprendió una persecución brutal contra los migrantes que trabajaban en los invernaderos de El Ejido, destrozando todas sus pertenencias -locales, viviendas, coches- como represalia por una sucesión de crímenes en los que habían muerto tres vecinos, españoles, de esta localidad de la provincia de Almería. Dos décadas después, la convivencia está aparentemente restablecida, pero las causas sociales y económicas que originaron aquellos violentos altercados permanecen en un municipio donde Vox ha conseguido entrar en el gobierno local y ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones generales.

El asesinato de una mujer joven –del que fue acusado un hombre migrante con trastornos psiquiátricos- fue la chispa que desató la ira que durante dos días llevó a decenas de vecinos a salir en patrullas armados con barras de hierro y palos haciendo controles en calles y carreteras, y destrozando a su paso todo cuanto perteneciera a la población extranjera que trabajaba en los cientos de invernaderos que habían convertido a esta localidad del Poniente almeriense en una potencia de la agricultura intensiva española y europea. Para hacerles frente, el Gobierno tuvo que enviar a más de 600 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Veinte años después, la población extranjera, procedente de 94 nacionalidades –la mayoría marroquí- sigue suponiendo, como entonces, el 30% del censo de este municipio de 84.000 habitantes, a los que habría que añadir los cientos de migrantes indocumentados que no están censados. Y esa población extranjera constituye el 80% de la mano de obra de los invernaderos de este municipio, que ocupan una superficie declarada de unas 14.000 hectáreas, o sea, más del 50% del cultivo bajo plástico de toda la provincia de Almería. Esa pujante agricultura que llena los hipermercados de toda España y media Europa, sin embargo, no ha sacado a El Ejido de la lista de municipios de más de 20.000 habitantes con la renta per cápita más baja del país, aunque fue la que propició que en 2006 tocaran en su campo de fútbol los Rolling Stones, un acontecimiento del que han podido disfrutar muy pocas ciudades españolas.

Todas esas contradicciones y desigualdades se mantienen hoy en un municipio donde la política también juega un papel decisivo. El PP sigue gobernando el ayuntamiento, como ya lo hacía en el año 2000 cuando se produjeron los graves altercados, pero ahora ya en coalición con Vox, que obtuvo sólo dos ediles menos que los populares y que se ha hecho cargo, entre otras, de la concejalía de servicios sociales que debe atender a la población más desfavorecida. Con sus planteamientos marcadamente beligerantes hacia la migración, Vox ha sido, además, la fuerza más votada en las últimas elecciones generales y autonómicas, y en los comicios de abril llegó a conseguir en esta localidad almeriense su mejor resultado en toda España en una población de más de 50.000 habitantes.

La política entorpece la convivencia

La irrupción de Vox en el muy sensible tablero social de este municipio ha cambiado, por ejemplo, la percepción de la evolución que ha experimentado El Ejido en estos 20 años, a juicio de la asociación Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que trabajaba en el 2000 y sigue trabajando allí ahora con la población migrante. Su director, Juan Miralles, considera que el poder que ha adquirido una fuerza de ultraderecha, que hace públicos discursos xenófobos que antes estaban ocultos por ser vergonzantes y minoritarios, no hace más que entorpecer los avances en la convivencia obtenidos en esta localidad.  

"Me da repugnancia que se puedan estar alimentando el rechazo con discursos del odio que salen de las tripas, porque eso hace un daño enorme a la sociedad", dice Miralles, quien subraya que persiste una gran parte de los factores que desencadenaron los ataques xenófobos de 2000: una importante bolsa de exclusión de migrantes que carecen de una vivienda digna y de unas mínimas medidas de protección social, que se agrava por la escasa intervención de las administraciones para analizar la magnitud del problema y afrontar luego su solución. "Tenemos que aprender de la historia, que lo que sucedió fue un gran error, pero los políticos siguen sin apostar por facilitar medidas de integración a medio y largo plazo; sólo les preocupa lo inmediato", señala el responsable de Almería Acoge.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, preguntado por este periódico, declinó hacer cualquier valoración sobre la situación actual de El Ejido, al entender que "todo está superado y normalizado". Esta misma semana su Junta de Portavoces estudió la propuesta del grupo socialista, única formación de izquierda que permanece en esta corporación, para crear el primer Consejo Municipal de la Inmigración por la Integración y Convivencia en El Ejido, aunque ni PP ni VOX han aclarado aún si aprobarán la iniciativa. 

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, cree que ese Consejo, de participación y asesoramiento, puede ser un instrumento muy útil para facilitar la convivencia en una localidad con un 30% de población extranjera y que en algunos núcleos, como Tarambana o Las Norias de Daza, supera el 50%. "Todos debemos trabajar, los que vienen de fuera y los que somos de aquí, para hacer posible la convivencia", sostiene Alarcón, quien destaca que ahora hay más migrantes viviendo en El Ejido que hace 20 años, muchos ya de segunda generación y "perfectamente integrados", aunque siguen quedando otros muchos que carecen de las infraestructuras y servicios necesarios para llevar una vida digna, porque la intervención de las administraciones se ha quedado siempre muy corta.

Bajos salarios y fraudes en los contratos

Los sindicatos también tienen mucho que decir sobre la realidad de una economía de agricultura intensiva basada en un 80% de mano de obra extranjera. Según los datos que aporta CCOO, las horas de trabajo se pagan en un alto porcentaje por debajo del salario mínimo interprofesional anterior a la reciente subida (4 ó 5 euros en vez de 6,9, que ahora serían 7,2), la tasa de temporalidad es del 96% y el fraude a la Seguridad Social en los contratos alcanza los 50 millones de euros anuales en el cultivo bajo plástico. Todo eso explica, a juicio del secretario provincial, Antonio Valdivieso, la altísima precariedad del empleo en los invernaderos, la vulnerabilidad de sus empleados y que El Ejido sea una de las poblaciones con menos renta per cápita a pesar de su potente sector agrícola.

"Todo eso provoca marginalidad, que tengan más dificultades para acceder a una vivienda y que padezcan un déficit higienicosanitario, porque, además, hay que tener en cuenta que las precarias condiciones de trabajo en los invernaderos son la causa de que sea el sector con la tasa de siniestralidad laboral más alta de la provincia de Almería", precisa el secretario general de CCOO.  

La situación que se vivía en El Ejido hace 20 años, que este responsable sindical no duda en calificar de "semiesclavitud", por debajo de cualquier índice mínimo de estándar de vida en el mundo occidental, no ha variado sustancialmente, asegura Valdivieso. ¿Por qué? Según él, a causa de la permanencia de las condiciones de trabajo de la mano de obra que tira de la economía de este municipio, donde la inspección de la Administración apenas consigue penetrar en un laberinto de cientos de invernaderos, muchos de ellos ahora vallados, y hacer frente a lo que él considera "un fraude organizado", en el que unos se avisan a otros para evitar la intervención de las administraciones.

No hace mucho, el pasado mes de octubre, el Defensor del Pueblo Andaluz volvió a mostrar su preocupación por la situación de la población migrante en El Ejido, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de derribar 120 "infraviviendas" habitadas por 250 extranjeros, a quienes no se ofreció nada de lo que ahora se denomina alternativa habitacional en los casos de desahucios. Jesús Maeztu, el Defensor, dijo entonces que la población foránea de la comarca del Poniente almeriense seguía sin tener garantizados sus derechos civiles y exigió de nuevo a administraciones, empresarios y agentes sociales que asumiesen una "responsabilidad compartida" para acabar con este deleznable status quo. 

En 2001, poco después de los graves incidentes xenófobos, el Defensor del Pueblo Andaluz elaboró un informe especial sobre la vivienda y alojamiento de la población extranjera en esta comarca de Almería. Ahí se reflejaba que cualquier cosa servía de vivienda a un migrante en esta parte de España: una vieja torreta de luz, un cortijo abandonado –casa en el campo almeriense-, un amasijo de chapas y plásticos desechados de los invernaderos utilizados como techo y paredes para una chabola… Ahí vivían, y muchos aún siguen haciéndolo, a pesar de que ganaban dinero para pagar la renta de un piso que en el pueblo se negaban a alquilarles. 

Hoy, la población migrante copa las viviendas de la céntrica calle Manolo Escobar, el cantante nacido en El Ejido, cuya popular canción Y viva España suele utilizar Vox en sus mítines para enfervorizar al público. Hace 20 años, en esa calle no vivía ni un solo extranjero. Paseaban mucho por sus aceras los fines de semana, pero no podían ni entrar en los bares de la zona. Ahora, en cambio, están casi sólo ellos, porque los autóctonos se han ido a vivir a otros barrios.