Corría el año 1995 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), el Ayuntamiento, el Gobierno español y la Generalitat Valenciana firmaban un convenio para desalojar del núcleo urbano los depósitos de gasolina que la empresa CLH —la antigua Campsa— poseía en los terrenos portuarios. En el acuerdo, las partes implicadas reconocían que el traslado a una nueva ubicación eludía las repercusiones negativas derivadas de posibles accidentes, con su consiguiente impacto ambiental.  

"No es razonable que en medio de una ciudad volcada al mar, y que está haciendo un esfuerzo para su rehabilitación, tuviera en el centro del espejo estas instalaciones", subrayaba el entonces president de la Generalitat, el socialista Joan Lerma. Los firmantes rubricaban, con los ojos en el horizonte, que en el futuro no debería acogerse instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el puerto de Alicante.

Ha pasado cerca de un cuarto de siglo. La Generalitat, comandada por el también socialista Ximo Puig, ha declarado la emergencia climática y ha asumido la responsabilidad de hacer frente a la crisis ecológica escuchando las demandas de la sociedad civil. En Alicante, la ciudadanía vuelve a movilizarse con el puerto enfrente. El nuevo desafío: la instalación de una planta de almacenaje y distribución de gasolinas y gasóleos con seis macro-depósitos promovida por Terminales Marítimas del Sureste (TMS) en el muelle 19 de la terminal. Un proyecto al que aspira para su explotación la firma XC Business 90 SL y que, según denuncian las entidades vecinales, prevé una futura ampliación que podría concentrar hasta 700.000 toneladas de combustible en el corazón de la ciudad.  

Plano del puerto de Alicante. / Plataforma por un Puerto Sostenible

"La APA no entiende que el de Alicante es un puerto urbano, con barrios colindantes y centros escolares a escasos metros que se convierten en un polvorín de materiales explosivos e inflamables", afirma Sol Garcín, presidenta de la Asociación Vecinal Gran Vía Sur-Puerto y una de las portavoces de la Plataforma por un Puerto Sostenible. Algunos de los diversos colectivos que integran esta estructura ya han visto desoídas sus 1.300 alegaciones a la concesión y desestimados los 14 recursos de reposición presentados contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria. 

Garcín pone el foco en la seguridad de la población y en los efectos medioambientales, justo aquellos razonamientos que se esgrimieron en 1995 y que ahora parecen haber sido olvidados por la APA. Ecologistas y vecinos rechazan una actividad que supondría un importante tránsito de camiones cisterna con sustancias explosivas que pasarían por las inmediaciones de diversos barrios y reclaman el cumplimiento de las exigencias medioambientales establecidas en la normativa vigente para impedir la contaminación por sustancias catalogadas como peligrosas y altamente contaminantes sobre las playas cercanas de El Postiguet, Sant Gabriel, Aigua Amarga y El Saladar.

Asimismo, desde la plataforma recuerdan que el puerto de la ciudad se encuentra entre dos espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, por su condición de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Se trata del Cap de l’Horta y la isla de Tabarca, parajes que los colectivos ven peligrar ante el riesgo de derramamientos. Muy cerca de los muelles también se encuentra la toma de agua de las dos desaladoras de Alicante, lo que agrava aún más la idea de ubicar allí esta planta. Un reciente informe de la Unión Europea indica que el almacenamiento de hidrocarburos no supone una inversión sostenible ni compatible con la política de lucha contra el cambio climático.

La pelota, en el tejado de las Administraciones

Todos los grupos políticos con representación en el consistorio municipal (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) ya han manifestado, en unos casos con más contundencia que en otros, su rechazo al desarrollo de este proyecto. En estos momentos, Ayuntamiento y Generalitat trabajan conjuntamente en el marco de una comisión técnica mixta creada para revisar todo el procedimiento. El alcalde, Luis Barcala (PP), aseguró que esta comisión se encargará de cumplir con el objetivo ya sostenido por todos los grupos políticos en contra de que vuelvan a levantarse depósitos de combustible en el puerto. Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido siempre que el Consell hará lo que quiera la ciudad de Alicante.  

La plataforma ciudadana que encabeza el rechazo a esta actuación se mira estas actitudes con expectación y espera que el Ayuntamiento acabe denegando la licencia ambiental. Para ello, serán determinantes los informes que deben emanar de la Conselleria de Transición Ecológica y de la Dirección General de Emergencias. En el caso del departamento medioambiental, la plataforma ciudadana indica que encontró una buena sintonía en la reunión mantenida con la consellera Mireia Mollà.

El puerto contra la ciudad

"No puede ser que cuando cerramos uno de los incendios más importantes que teníamos en esta ciudad a nivel medioambiental, nos salga un nuevo fuego". Lo dice Natxo Bellido, portavoz del grupo municipal de Compromís y uno de los tres concejales con sillón en el Consejo de Administración del Puerto de Alicante. Sus palabras hacen referencia al reciente episodio conflictivo sobre la descarga de graneles al aire libre en el recinto portuario. Una larga lucha ciudadana presionó y consiguió la paralización de la actividad, que durante años ha escampado a lo largo de los barrios vecinos polvo de clinker, azufre, carbón y otras sustancias tóxicas. Se espera que antes de que acabe el año se hayan construido las naves cerradas para desarrollar esta actividad.   

Descarga de graneles al aire libre en el puerto de Alicante.

Respecto a este caso, el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) no solo suspendió el movimiento de graneles sino que recalcó que se habían producido diversos episodios de superación del umbral límite de emisiones de partículas a la atmósfera. Y daba un estirón de orejas al puerto alicantino recordándole que debe prevalecer el principio de "respeto al medio ambiente, referido al necesario control de las emisiones atmosféricas para evitar la contaminación relacionada con la salud de las personas".

"El puerto es un elemento muy importante en esta ciudad pero tenemos pendiente una reflexión sobre qué modelo queremos", sostiene Bellido. Y añade: "Queremos un puerto potente generador de actividad económica pero a la vez un puerto amable en su relación con la ciudad, más sostenible y seguro. Estas instalaciones no contribuyen a ese modelo. Hay otros terrenos más alejados en la ciudad de Alicante donde es más idónea la instalación de este tipo de actividades".  

El concejal, al que le hubiera gustado ver en la masiva manifestación del pasado 18 de octubre al alcalde y la vicealcaldesa, cree que el debate sobre la integración del puerto en el escenario urbano afecta a toda la ciudad y es la ciudadanía quien debe participar en este derecho a decidir en qué futuro se quiere invertir.