Recién nombrado el nuevo Ejecutivo y con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez acaba de sellar la renovación del que será el segundo Gobierno de coalición progresista de la historia de nuestra democracia. La hoja de ruta de este mandato la marcará el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar, que incluye una amplia lista de propuestas relacionadas con sanidad y educación. Carteras que, desde este martes, liderarán Mónica García (Más Madrid) y Pilar Alegría, que repite como apuesta de Sánchez, respectivamente.

Entre los compromisos adquiridos, está el reanudar trámites que se quedaron en stad by por la convocatoria de elecciones generales, como la llamada ley Darias −por la que se modifican diversas normas que consolidan la equidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud (SNS)−; así como la reducción de las listas de espera sanitarias, el impuso de un plan de choque que refuerce la Atención Primaria o la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años.

La gestión y la implementación de reformas en estas áreas, no obstante, son cuestiones complejas debido a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. ¿Tienen margen de maniobra las nuevas ministras para cumplir con lo pactado? ¿De qué manera pueden condicionar a los Gobiernos autonómicos? 

Limitar por ley las listas de espera

A este respecto, el doctor Marciano Sánchez-Bayle, experto en gestión sanitaria y presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), advierte de que la protección de la salud "es un derecho constitucional" y el Gobierno "tiene obligación de que ese derecho se pueda ejercer".

En este sentido, el especialista indica que, aparte de establecer por ley, tal y como recoge el documento del PSOE y Sumar, que el tiempo de demora no supere los 120 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas, 60 para las consultas externas especializadas, 30 para pruebas complementarias y 15 días para atención a la salud mental de jóvenes, adolescentes y menores de 21 años; es "fundamental" la implantación de "presupuestos finalistas". Es decir, "fijar objetivos que estén financiados de manera específica. De modo que, si las comunidades autónomas no los cumplen, dejen de recibir esa financiación", señala Sánchez-Bayle.

En el caso de las listas de espera, por ejemplo, ese dinero se podría implementar para aumentar la actividad de las consultas, de los quirófanos o del porcentaje que se establezca dentro del sistema público. "Lo que no puede ser es que se destine dinero a las autonomías y lo gasten en cosas para las que no estaban previstas, como ya pasó en la Comunidad de Madrid con los fondos de la covid", critica el doctor.

Lo mismo ocurre con la incorporación de nuevos servicios bucodentales y de salud visual, asegura Sánchez-Bayle: "No se trata solo de establecer una norma, sino establecer una norma y la financiación para que esa norma se lleve a cabo. Hasta ahora, lo que ha hecho el ministerio es proponer cosas más o menos buenas, pero sin financiación, claro… Tú no puedes decir vamos a mejorar la cobertura de salud mental sin implementar los presupuestos para que se contraten psiquiatras o psicólogos".

Así, la ampliación de las plantillas y la mejora de las condiciones laborales para hacer más atractivas las plazas vacantes "deben ser una prioridad", arguye el experto. Sobre todo, si se aspira a reducir la semana laboral, tal y como se ha pactado, a 32 horas paulatinamente.

Desde Sumar, además, apuestan por que la nueva ley para limitar las listas de espera incluya la posibilidad de penalizar a las regiones que no respeten los tiempos sanitarios que se dicten a nivel estatal mediante una comisión regulatoria. Además de monitorizar y hacer seguimiento de su evolución a todos los niveles.

Reducir el gasto farmacéutico

Una vía para empezar a financiar todo lo mencionado es reducir el gasto farmacéutico que ocupa el mayor porcentaje de gasto del SNS. Para ello, explica, "habría que crear una empresa farmacéutica pública que garantizase que se acaba con las situaciones de desabastecimiento y que presionase hacia un abaratamiento de los costes".

Pero, mientras eso se pone en marcha, indica el médico, se podrían revisar los precios de los medicamentos y, cuando fuera necesario, hacer uso de la legislación para levantar las patentes. Al fin y al cabo, la gestión farmacéutica es 100% responsabilidad del ministerio, apunta.

Esto es algo que ya existe a pequeña escala en el Ministerio de Defensa. "Lo que se podría hacer para dar los primeros pasos en esa industria pública es aprovechar la circunstancia para que cada vez se cubran más medicamentos y, además, esos medicamentos estén disponibles para para el SNS, no exclusivamente para el Ejército, como sucede ahora. De hecho, la farmacia militar ya produce medicamentos básicos como la aspirina, la amoxicilina y el paracetamol", argumenta Sánchez-Bayle.

"Hay precios de medicamentos que son absolutamente desorbitados en comparación con el precio de producción. Por eso, hay que favorecer el uso de medicamentos genéricos. Nosotros tenemos una un margen muy amplio: en el último informe de la OCDE España está en torno a un 40-50% en utilización de medicamentos genéricos, y hay países como Reino Unido y Alemania que se mueven alrededor del 70%", expresa el doctor. En este punto, aprobar medidas para acabar con los conflictos de intereses de los médicos, a su juicio, "también es importante".

Desincentivar los seguros privados

Otra fuente de la cual obtener los ingresos que se necesitarán para financiar las nuevas políticas sanitarias puede partir de desincentivar el aseguramiento privado.

"Se puede eliminar la desgravación fiscal que tienen las empresas que contratan un seguro privado para sus empleados. Los ciudadanos estamos subvencionando de alguna manera estas pólizas. Ocurre lo mismo con los funcionarios. Está claro que crearía un conflicto de intereses si se elimina este derecho adquirido. Pero se puede extinguir y establecer que, de aquí en adelante, todas las personas que se incorporen a la función pública entre ya en el SNS", matiza Sánchez-Bayle.

La clave son los fondos

Por su parte, desde el plano educativo, Alejandro Tiena, exsecretario de Estado de Educación, afirma que, además del trabajo de control de legalidad para asegurarse de que las normas que se promulgan desde las comunidades autónomas respetan las normas estatales; el Ministerio de Educación tiene capacidad de abordar sus dos propuestas clave en esta materia: la universalización del primer ciclo de educación infantil y la ampliación de las becas comedor.

"El Estado puede influir, el problema fundamental es el dinero que se aporta. Cuando hicimos la LOE, en el año 2006, una de las decisiones más importantes que hubo que tomar era la gratuidad de la etapa de 3 a 6, así como si se declaraba obligatoria o no", explica Tiena.

"En ese momento, nos decantamos por no declararla obligatoria porque, claro, cuando tú declaras algo obligatorio estás obligando a que todas las familias manden al colegio a los niños. Y, si una familia con un niño de cuatro años no quiere mandarle, tiene que ir la Policía Municipal para que lo lleve. Lo que no podíamos hacer era necesariamente obligar a que se hiciera, pero sí generalizarlo. Entonces, se declaró gratuito y eso ha permitido llegar a unas tasas del 99%. O sea, prácticamente las mismas que si fuera obligatorio sin serlo", detalla el también profesor.

Ello supuso que en la memoria económica de ese año "hubo que poner varios miles de millones para financiar esa gratuidad, puesto que el Estado obliga a las comunidades a hacerlo. Con el tema de la universalización del 0 a 3, en el fondo, es un poco lo mismo", insiste Tiena. "La pregunta es ¿Quién va a poner esos recursos? ¿Cómo y de dónde van a salir?", se interroga.

Una vez se dispone del dinero necesario, la creación se esas nuevas plazas se puede llevar a cabo a través de diferentes mecanismos, pero siempre en diálogo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Así, "no se trata solo de una mera distribución monetaria, sino que se pueden definir perfectamente cuáles son los compromisos que se deben adoptar para disponer de la cuantía", remarca el profesor.

En cuanto a las becas de comedor, Tiena señala que "existen precedentes" con otros modelos de iniciativas de este estilo, como el apoyo para el desplazamiento o para el préstamos de libros. "Se procede de forma muy similar al resto de políticas educativas. El Estado puede poner dinero, pero campo a campo hay que llegar a algún tipo de acuerdo con los territorios", concluye.