Italia ha conseguido lo que quería cerrando sus puertos a las ONG de rescate en el mar: que el debate sobre la política migratoria y de asilo de la Unión Europea vuelva a estar en el foco mediático y en la agenda política de Bruselas. Y lo ha logrado, además, dando un giro xenófobo a las demandas de que Europa debe compartir la carga de las llegadas de personas a través del Mediterráneo.

Bajo la realidad de que Italia soporta prácticamente en solitario la “presión migratoria” hacia el viejo continente, ha logrado articular alianzas extremistas a su discurso antiinmigración desde Alemania hasta Hungría, hasta el punto de que el Consejo Europeo ha preferido poner sobre la mesa una nueva medida para mantener el problema lejos de nuestras fronteras en lugar de debatir sobre un modelo de acogida y gestión más solidario. Así es como se ha convertido en realidad el debate sobre las “plataforma regionales de desembarco”, los centros de concentración de inmigrantes en países exteriores a la UE donde diferenciar entre posibles solicitantes de asilo e inmigrantes por causas económicas, a los que se cerraría la fortaleza Europa.

Sin embargo, durante la cumbre informal de líderes europeos de este domingo para intentar aunar posturas de cara al Consejo Europeo del próximo jueves y viernes volverá a hablarse más de seguridad y de control de flujos, de externalización y blindaje de fronteras y mucho menos de sistema de cuotas y políticas de asilo, refugio e integración.

Frente a este discurso imperante, las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos llevan tiempo clamando por un giro en la política europea sobre inmigración, unas recomendaciones que han sido ignoradas una y otra vez, convirtiendo las migraciones en una enorme bola de nieve que ahora se pretende bloquear en países africanos donde no se respetan los derechos más elementales de la personas. Entre las propuestas que no se debatirán en la cumbre están, entre otras, las siguientes:

Operativo específico de rescate a nivel europeo

Conscientes del vacío institucional, han sido las ONG las que han tomado las riendas de los rescates en el Mediterráneo Central desde 2015, después de que Italia se viera obligada a cancelar la operación Mare Nostrum por el alto coste económico y la negativa de Bruselas a costearla. Desde entonces, desde Europa sólo se han puesto en marcha operativos militares de control y de lucha contra las mafias del tráfico de personas, mientras las muertes en el mar se disparaban.

Desde 2015, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han reclamado un operativo europeo de rescate en la zona, sin embargo, la deriva italiana ha sido la criminalización de las ONG, los acuerdos con Libia para que sus guardacostas bloqueen e intercepten las pateras y, ahora, el cierre de puertos a los barcos de rescate.

De ahí que las última peticiones, tanto de MSF como de otras ONG de rescate como Proactiva Open Arms, incluso la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) hayan pedido que se fuerce a Italia a aceptar lo barcos, tal y como obliga el derecho internacional y el marítimo, y también la apertura del puerto seguro más cercano.

Dejar de externalizar de fronteras fuera de la UE

La idea de los campos de migrantes fuera de la UE ha sido muy criticada, por ejemplo, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Una de sus portavoces calificó idea de crear grandes CIEs en África como una iniciativa “terrible”, que avanza “hacia el modelo australiano”, donde los inmigrantes y refugiados son encerrados durante un tiempo indefinido en tres islas.

Sin embargo la propuesta no es tan novedosa. Organizaciones como Amnistía Internacional u Oxfam Intermón, así como partidos políticos englobados en el grupo de la izquierda del Parlamento Europeo llevan tiempo criticando que la UE o alguno de sus países miembro compren el bloqueo y detención de migrantes a otros países como Libia o Turquía, los ejemplos más recientes. Aunque también se han llegado a acuerdos con Níger, Marruecos o Argelia. De hecho, el primer país en poner en práctica esta política de externalización de fronteras fue España, durante la crisis de los cayucos de 2006 a Canarias. El Gobierno de Zapatero acordó con Senegal y Mauritania un patrullaje conjunto de sus aguas y devolución de los migrantes interceptados, medidas que siguen aplicándose hasta hoy día.

El mayor problema es que en la mayoría de estos países no se respetan los derechos humanos. Libia es el caso paradigmático, donde en sus campos de detención hay torturas, esclavitud, abusos sexuales, ejecuciones sumarias de personas y un sinfín de vulneraciones, tal y como han alertado, entre otros, el Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Vías legales y seguras

La reivindicación más clara y contundente de la totalidad de ONG ante el drama migratorio ha sido la creación de vías legales y seguras para que las personas afectadas por conflictos, persecución o crisis humanitarias puedan llegar a Europa sin tener que jugarse la vida en el mar. Además, explican ONG como CEAR u Oxfam, esta medida acabaría totalmente con el negocio de las mafias del tráfico de personas, el único recurso de los migrantes y refugiados para poder pedir asilo en un país seguro tras el cierre de las fronteras

La lucha contra la mafias ha centrado gran parte del discurso europeo sobre migraciones, sin que por el momento, haya tenido resultados satisfactorios. Las ONG creen que sería mucho más eficaz habilitar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de países europeos y facilitar la emisión de visados humanitarios.

Cumplimientos de cuotas de acogida de refugiados

Sin embargo, la petición más básica es que los Estados de la UE cumplan sus propias promesas. Tras la llamada crisis de los refugiados de Oriente Próximo, cuando se produjo el mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial, además de levantar vallas en nuestras propias fronteras internas para frenar las llegadas, la UE estableció un sistema de cuotas de acogida de personas. Sólo lo hizo después de que la foto de Aylán, el niño sirio que apareció ahogado en la costa de Turquía, diera la vuelta al mundo.

Así, los Estados de la UE tenían que acoger de forma obligatoria a 98.255 personas llegadas a Grecia e Italia antes del 26 de septiembre de 2017. Ningún país ha cumplido la cuota a día de hoy, cuando se han reubicado sólo 34.694. 22.005 desde Grecia y 12.689 desde Italia, que es precisamente una de las razones de la ofensiva italiana, que además abogaba por reformar (cuando no acabar) con el reglamento europeo de asilo, el reglamento de Dublín, que establece que los solicitantes de asilo solo pueden pedirlo en el primer país europeo que registró sus huellas dactilares, por lo que la mayoría recaen en Italia, España y Grecia, países de desembarco de pateras.