La Comunidad de Madrid no está respondiendo a las necesidades de muchos colectivos vulnerables. Tampoco a las de los profesores con enfermedades crónicas y que se encuentran en un gran riesgo por la severa afectación del coronavirus en ellos. Docentes denuncian que el servicio de Prevención de Riesgo está respondiendo de forma sistemática a las peticiones de los profesores para que adapten sus puestos de trabajo: tardan en responder, hacen caso omiso de sus particularidades, rechazan las peticiones y les ordenan volver al trabajo o les amenazan con expedientarles. El servicio de Recursos Humanos se declara incompetente para responder a las peticiones aunque sigue el esquema de amenazar con expediente a los profesores si no dan clases de forma presencial.

Fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso niegan que se estén desatendiendo y desprotegiendo a los profesores al señalar que las medidas de seguridad hacen de las aulas espacios seguros. Pero la realidad denunciada por la comunidad educativa dice lo contrario. Lo cierto es que hay muchos profesores pasando por esta situación. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras (CCOO), confirma que tienen casos "gravísimos" de profesores con informes médicos, algunos que ni pueden utilizar mascarillas, sin que la Comunidad de Madrid haya hecho nada por adaptar su trabajo.

Nerea (nombre ficticio) es uno de los casos más extremos que ha podido conocer Público. Tiene una enfermedad neurológica autoinmune, miastenia gravis, que afecta a la transmisión nerviosa causando debilidad y fatiga muscular. Nerea, por esta enfermedad, casi no puede medicarse (ni antibióticos ni relajantes musculares ni ansiolíticos). Los medicamentos contra la covid están especialmente contraindicados. E incluso hay un riesgo de que una reacción a una vacuna le lleve a una muerte inminente. Su situación es de riesgo extremo tal y como informó el pasado 4 de septiembre a la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid. 

En la carta que mandó pedía la interrupción de la actividad laboral por peligro grave o inminente. En su solicitud expone que las medidas de seguridad y los equipos de protección de su centro son "insuficientes" e "inexistentes". Adjunta fotografías y vídeo de la redistribución de su aula mostrando que no había espacio para separar las mesas de sus alumnos un metro y medio de distancia. El centro tampoco podía darle mascarillas FPP2 todos los días, como debería llevar por ser persona de riesgo, ni pantalla o gafas o ropa o calzado exclusivo para trabajar.

"Doy clase en segundo de primaria. Cuando mandé el escrito, me dijeron que el órgano se estimaba incompetente para resolver mi petición. Me daba miedo volver al trabajo. Fui a mi médica de cabecera, empecé a llorar y me dio un ataque de ansiedad con ella. Me dio la baja médica. Se lo agradezco porque no hay otra manera de tener seguridad, pero debería de ser el servicio de Riesgos Laborales el que adapte mi puesto porque quiero trabajar pero con seguridad", relata a Público. Su médica tuvo que darle la baja porque, cuando el órgano se consideró incompetente, mientras se daba traslado, ordenaron a Nerea a volver a su puesto de trabajo o la sancionarían, según revela el documento adjuntado al final del texto. 

Cuando Dirección General de Recursos Humanos de Educación se declaró incompetente, la solicitud se trasladó a Prevención de Riesgos. No se resolvió. Isabel Galvín explica que desde CCOO llevan años denunciando el problema que hay con este servicio: "No tenemos servicio propio de prevención. Vamos todos al regional, un servicio centralizado para todas las consejerías que no tienen servicio propio. Pero ahora ni contestan. Solo de trabajadores somos en torno a 60.000. No están haciendo su trabajo y llevamos años reclamando a la Comunidad de Madrid que necesitamos servicio propio", explica a este medio.

En efecto, fuentes del servicio de Prevención de Riesgos Laborales confirman que hay una demanda elevadísima de trabajo, sobre todo desde septiembre. Un trabajador consultado por Público, pero que pide mantener su anonimato por miedo a represalias, reconoce que tienen plantillas que mandan casi de forma automática a todos los trabajadores que están considerados en el nivel de riesgo I por el protocolo del Ministerio de Sanidad de actuación de prevención de riesgos frente a la exposición a la covid. 

En efecto, esta es otra de las principales problemáticas que denuncian tanto CCOO como los docentes consultados. "Estamos considerados de riesgo 1 porque dicen que por la actividad que tenemos no hay riesgo. Pero nosotros estamos en clase hablando, hacemos uso constante de la voz. Hemos solicitado al Ministerio de Educación que nos eleve el nivel de riesgo", explica Galvín. 

Esta situación se hace ahora evidente tras el Informe científico sobre vías de transmisión SARS-CoV-2 que pidió recientemente el Ministerio de Ciencia a diversos expertos reconocidos. El informe concluye que existe "una evidencia significativa sobre la transmisión de la infección por vía de aerosoles" y que hay "un apoyo sustancial de la comunidad científica a la posibilidad de que sea la forma de transmisión dominante". De hecho, en este informe se destaca que, dado esto, hay que reducir la relación de alumnos por metro cuadrado en las escuelas ya que, a pesar de recomendarse no superar un alumna por cuatro metros cuadrados, en muchas aulas esto no se cumple.

El caso más ilógico: un profesor obligado a trabajar mientras sus hijos no dan clases presenciales por protegerle

Santiago Vallejo lleva años en conflicto con la Comunidad de Madrid. Sufre una diabetes de tipo I desde hace 46 años. El control de su diabetes es muy difícil pese a que ponga todo el empeño. Lleva dos años en pleito con la comunidad porque le dieron plaza en un centro al que tardaba tres horas en llegar y tres horas en volver a su casa, haciendo imposible el control de su diabetes, y pese a que su médico indicó que no debía conducir ya que previamente había estado a punto de tener un accidente grave como consecuencia de sufrir una hipoglucemia mientras conducía. Pero ahora, en plena pandemia, su situación ha empeorado. Cuando el centro pidió una valoración a Prevención para adaptar su puesto de trabajo, se rechazó e incluso se refirieron a él como "profesora", mostrando que se utilizan las plantillas a las que hizo referencia el trabajador. "Es maltrato administrativo", asegura a este medio.

Vallejo relata su proceso: "A finales de agosto me puse en contacto con el director del centro en el que me han dado plaza en comisión de servicios para hacerle consciente de que tenía a una persona vulnerable en su claustro. Pidió la valoración a Prevención de Riesgos Laborales, pero le dijeron que todo estaba bien y que podía continuar trabajando porque no iba a tener contactos. No pasaron por el centro a valorar nada. Llegué con el director al acuerdo de dar clases por videoconferencias. Los alumnos y yo estábamos muy satisfechos hasta que un día me dijo que tenía que incorporarme porque mi presencia en el centro era imprescindible. Durante las grabaciones de las clases, ya había visto varias infracciones de medidas de seguridad así que me negué y presenté un documento, apelando a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por riesgo inminente. El director contestó solicitando que se me abriera un expediente disciplinario por faltas, según él, injustificadas, y que se me descontaran del sueldo esas faltas".

Entonces entró en crisis de ansiedad, pero finalmente fue al instituto el pasado 19 de octubre bajo la "amenaza" de expediente. "Me previne como pude, pero en las clases empecé a ver que los alumnos se movían las mascarillas, que estaban más cerca de lo marcado, en dos aulas tuve que entrar por puertas traseras pasando por todas las filas entre los alumnos, en aulas todas las ventanas estaban cerradas menos una... Uno de los profesores se acercó a mí, me golpeó en el hombro, saltándose todas las medidas de seguridad. Tuve migraña y una crisis de ansiedad aún más grande por la tarde. Cuando me recuperé un poco, hablé con mi médico y él me dio la baja. Ahora estoy también con tratamiento psiquiátrico", continúa relatando a este medio.

Aunque su historia no termina aquí. Lo más ilógico de su caso es que sus dos hijos, alumnos del mismo centro en el que él es profesor, están recibiendo clases en casa desde septiembre porque viven con una persona vulnerable. Sus hijos no van al colegio para no ponerle en riesgo a él, mientras que el mismo centro escolar le obliga a él a dar clases de forma presencial. Como se ve en el siguiente correo, llevaron a cabo medidas muy seguras para la realización de exámenes, el único caso en el que el centro pidió a los alumnos que acudieran.

Este caso refleja la tercera problemática que sostuvo Galvín al tratar la situación de los profesores vulnerables. "La Consejería de Educación no ha hecho caso alguno a la regulación del teletrabajo. En cada Mesa Sectorial lo recordamos. Hay una ley estatal que les obliga a facilitar el teletrabajo si se requiere y a dotar a los trabajadores de los medios", denuncia. Aunque lo peor para Galvín como para los dos afectados es que hay fácil solución para todo lo que está ocurriendo: dotar a los trabajadores vulnerables de FPP2, regular el teletrabajo y la vulnerabilidad, garantizar medidas de seguridad y adaptar los puestos. "Hay mucha preocupación porque están absolutamente abandonados. La situación es límite porque está en juego la salud y la vida", lamenta.