El primer proyecto de realojo para los cientos de trabajadores migrantes que viven en chabolas en la provincia de Almería se está empantanando tras la oposición de organizaciones sociales, sindicales y políticas de izquierdas que denuncian opacidad en el proceso y falta de viviendas para acogerlos. El Ayuntamiento de Níjar, que ha puesto en marcha el plan para desmantelar uno de los mayores asentamientos chabolistas de la provincia y de toda Andalucía, Walili, asegura en cambio que todos sus moradores -los que demuestren serlo- tendrán un alojamiento alternativo digno.

Níjar es, con más de 7.300 hectáreas, el segundo municipio de la provincia con la mayor superficie de invernaderos, cultivo bajo plástico que ha convertido al sector hortofrutícola en la joya de la corona de la economía almeriense. No en vano, el informe de Cajamar sobre la campaña de 2021-22 revela un nuevo récord de las exportaciones del sector, con un valor que supera los 3.700 millones de euros, gracias a una producción que sobrepasa las 3,8 millones de toneladas.

Sin embargo, Níjar es también el municipio de España con la menor renta media anual por habitante, 7.097 euros, unos ingresos que casi cuadruplica Pozuelo de Alarcón y triplica Boadilla del Monte, los ayuntamientos madrileños que encabezan la tabla de 2022 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística. Además, esta localidad del Levante almeriense encierra otra contradicción, en este caso política: su ayuntamiento lo gobierna el PSOE con mayoría absoluta, pero Vox fue el partido más votado en las últimas elecciones generales y el segundo en las autonómicas del pasado junio. Y, para más señas, el 47% de su población es extranjera, precisamente la que trabaja mayoritariamente en los invernaderos.

En medio de estas coordenadas, y en un año electoral en el cual se dirimirán las nuevas corporaciones municipales y el gobierno de la nación, el Ayuntamiento de Níjar lleva a cabo un proyecto para acabar con los asentamientos de chabolas que en Almería dan cobijo a cientos de trabajadores migrantes sin acceso a una vivienda. Se trata de un plan de realojo pionero en esta provincia, pero que se ha topado con las protestas de diversas organizaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el sindicato del campo SOC-SAT, Unidas Podemos, Adelante Andalucía o grupos cristianos y parroquiales, que han participado en concentraciones y cortes de carretera porque temen que no haya casas para todos y parte de los temporeros se queden sin techo cuando derriben el asentamiento.

En Walili, según estas organizaciones, viven unas 500 personas. Es un asentamiento de chabolas, hechas con desechos de los invernaderos, que se levantó hace cerca de dos décadas junto a los invernaderos donde trabajan sus habitantes y a la carretera que lleva al parque natural Cabo de Gata-Níjar y a las espléndidas playas que atraen a miles de turistas cada año. Su nombre, Walili, es como se conoce en Marruecos a la antigua ciudad romana de Volubilis, cuyos restos arqueológicos forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

62 viviendas con inversión de Junta y Gobierno

La alternativa a las chabolas de Walili se está construyendo en la calle Dracma Griego, en Los Grillos, donde el Ayuntamiento ha cedido el suelo para levantar 62 viviendas –unidades de alojamiento transitorio protegido- con una inversión de algo más de 1,5 millones de euros aportada por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Según informó la administración andaluza al inicio de la obra, las "unidades de alojamiento en alquiler a precio asequible" se utilizarán como alojamiento transitorio para temporeros y dispondrán cada una de salón-cocina-comedor, dormitorio y baño, con "ventilación natural". Además, contarán con plazas de aparcamiento, zonas verdes y comunes de uso social.

Esta iniciativa forma parte del estudio redactado por la Universidad de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de Níjar, que proponía crear edificaciones para los trabajadores migrantes de los invernaderos que ahora sólo tienen por casa una chabola de plásticos, palés y cartones. Un plan municipal de vivienda y suelo reconocía en 2017 la existencia de una docena de asentamientos con más de 3.000 personas, viviendo en "pésimas condiciones de habitabilidad, sin suministros básicos, y en situación de insalubridad". "El acceso a la vivienda digna es una grave traba en el municipio que dificulta la integración social del colectivo por la inexistencia de viviendas en alquiler y los precios desorbitados de las existentes", se añadía en el mismo informe.

A las viviendas de Los Grillos las han denominado "cajoneras" las organizaciones que se oponen a la forma cómo el Ayuntamiento está llevando a cabo el plan de realojo de los habitantes de Walili. Las llaman así por su tamaño y disposición. Pero lo que más les preocupa a esas entidades es que en esa edificación no hay suficiente espacio, a su juicio, para reubicar a todas las personas que viven ahora en el asentamiento. "El problema histórico que hay en Níjar, y en toda Almería, con la falta de vivienda se ha agravado enormemente –afirma el delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos en esta provincia, Fernando Plaza-. En Níjar, se ha duplicado en los últimos 20 años la superficie de cultivo, se siguen dando autorizaciones para invernaderos, pero no se prevén viviendas asequibles para los trabajadores de esos invernaderos".

Las cuentas no les salen a estas organizaciones, por el número de viviendas o unidades de alojamiento que se han construido en Los Grillos y también por el carácter temporal que tendrá ese alojamiento, que no casa, según Plaza, con la duración cada vez mayor de los trabajos en el sector hortofrutícola almeriense, donde los temporeros ya empalman una campaña con otra. "Aquí ya hay gente que trabaja todo el año. En Walili tenemos el caso de una persona que lleva 17 años seguidos viviendo ahí. Son gente con contratos, con una situación regularizada en España", subraya el delegado de Derechos Humanos.

El análisis del mapa de la infravivienda y los asentamientos chabolistas incluido en el mencionado Plan Municipal de Vivienda de Níjar refleja que la población de los asentamientos es mayoritariamente masculina, en edad laboral, con una situación administrativa regularizada y sin regularizar, que en una buena parte "llevan mucho tiempo viviendo en España e incluso en el municipio y han empeorado su modo de vida". "También cada vez más nos encontramos a familias con menores, y mujeres solas, sobre todo en infravivienda, y que cuentan con permiso de residencia y trabajo", se agrega en el estudio del Ayuntamiento.

"Es mentira que se vayan a realojar 500 personas"

El sindicato SOC-SAT deja claro que no está en contra de ningún proyecto de realojo, pero sí de la manera en que lo está llevando a cabo el Ayuntamiento. "Se está diciendo que se van a realojar a las 500 personas de Walili cuando eso es mentira. No hay alojamiento en Níjar para 500 personas. En las cajoneras que han construido entrarían algo más de cien y el resto se quedaría fuera", asegura el portavoz de esta organización sindical en Almería, José García.

No hay viviendas suficientes para quienes viven en Walili y menos, según García, para los que habitan los otros asentamientos de chabolas de Níjar en las mismas penosas condiciones. "Están tratando de ocultar el problema y que no son capaces de dar cobertura a la demanda de vivienda que hay, ni la de ahora ni la del futuro", recalca el portavoz sindical, que apunta que recientemente se ha aprobado la liberación de otras 1.300 hectáreas de suelo para invernaderos en este municipio, que necesitará más mano de obra y, por tanto, más vivienda para sus trabajadores que no se ha contemplado en ningún plan municipal.

El equipo de gobierno local, sin embargo, asegura que hay alojamiento suficiente para reubicar a los "moradores" de Walili. Su estimación es que entre las 214 plazas que, afirma, habrá disponibles en Los Grillos, las más de 120 con las que cuentan los módulos de la fundación Esperanza Pertusa y otros dispositivos podrán dar cobijo a todas las personas que actualmente habitan ese asentamiento chabolista.

A ello se sumará en el futuro otro proyecto de realojo que el Ayuntamiento de Níjar ha emprendido con la Universidad de Almería y que fue seleccionado el pasado julio por la Comisión Europea para la distinción de la Nueva Bauhaus Europea a la sostenibilidad y la accesibilidad. Según el consistorio, ese proyecto aborda la "problemática de la infravivienda para los trabajadores de la agricultura intensiva bajo invernadero, principalmente inmigrantes", y en el último pleno se aprobó la adquisición del terreno para poner en marcha la primera unidad piloto, según han informado a Público fuentes del equipo de gobierno.

"Veinte años mirando para otro lado"

En ese último pleno municipal, el que se celebró el 30 de diciembre, también se tuvo que esforzar la alcaldesa, la socialista Esperanza Pérez, para convencer a la oposición y al público asistente de las buenas intenciones de los proyectos de realojo de los "moradores" de los asentamientos chabolistas. La regidora subrayó que un ayuntamiento no puede solucionar el tema de la inmigración, dar papeles a la gente, regalar viviendas, pero sí "llevar a cabo pequeñas actuaciones" mediante el consenso con otras administraciones, gobernadas por distintos partidos, y en colaboración con las universidades públicas, "después de veinte años mirando para otro lado" y obviando el problema.

La alcaldesa detalló que ya hay un procedimiento administrativo abierto que ha permitido al personal del Ayuntamiento identificar a las personas que habitan las chabolas de Walili. "Todas han sido notificadas", aseguró Esperanza Pérez, quien precisó que si alguna persona que vive en ese asentamiento no se halla incluida en el procedimiento para su realojo tiene que acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento para certificar debidamente que es "moradora".

"No es algo oculto. El expediente está abierto para cualquier persona interesada", dijo la alcaldesa, que acusó a "grupos radicales", de un lado y de otro, de mentir y engañar a la población para provocar una "polarización social" en torno a este tema. Según han precisado a este periódico fuentes del equipo de gobierno, aún no hay una fecha concreta para ejecutar el desalojo y realojo de los ocupantes de Walili, aunque en algunos medios se ha publicado que sería el próximo 30 de enero, y que únicamente se llevará a cabo una vez que se haya dado una solución habitacional a todos sus moradores.

El proceso de identificación de los que el Ayuntamiento denomina como moradores del asentamiento es lo que más inquieta ahora a las organizaciones que se oponen a la manera en que se está realizando el proceso de realojo. Fernando Plaza dice que no saben cuáles son los criterios que se están siguiendo para determinar quiénes viven en Walili y deben ser trasladados a una vivienda y quiénes no, sobre todo cuando se trata de un municipio donde históricamente se les ha negado el empadronamiento a las personas que tienen su domicilio en una chabola.

"Nosotros vamos a impedir el realojo y que se derribe una chabola hasta que no haya claridad y alternativas habitacionales dignas para todos", advierte el portavoz de Derechos Humanos en Almería, quien confía en que la alcaldesa les aclare los criterios que están siguiendo en la reunión que mantendrá con las asociaciones el próximo 12 de enero.

En El Ejido, el municipio de Almería con mayor superficie de invernadero cultivada y por tanto más mano de obra extranjera, donde se produjeron hace veinte años los ataques xenófobos más graves ocurridos hasta ahora en España, están muy atentos a lo que suceda con los planes de realojo de trabajadores migrantes que se están llevando a cabo en Níjar. El grupo municipal socialista ejidense ya propuso desarrollar un proyecto similar, con la participación de los empresarios agrícolas, para facilitar una vivienda digna a los miles de temporeros migrantes que trabajan en su término.