La sanidad pública madrileña podría ver agravada la crisis que arrastra a causa de la gestión de Isabel Díaz Ayuso tras la última maniobra de la patronal de la sanidad privada. Hasta 75.000 trabajadores amenazan con ir a la huelga después de que la unión empresarial hiciera saltar por los aires el nuevo convenio colectivo, negociado durante meses con los representantes sindicales, el pasado viernes.

Tal y como ha explicado Comisiones Obreras (CCOO), el acuerdo no solo afectaba a las plantillas de los hospitales privados, sino también a un buen número de hospitales públicos, cuya gestión de personal sanitario y no sanitario fue privatizada por el Gobierno regional.

De esta forma, aparte del 38% de la población que tiene contratada una aseguradora, más medio millón de usuarios de la sanidad pública madrileña que tienen como hospitales de referencia los centros de Villalba, Torrejón y Valdemoro se verían afectados si tuviera lugar una hipotética huelga.

Además, muchos de los pacientes que recibe la privada provienen de la pública a través de conciertos con la Comunidad de Madrid, sobre todo para hacerse pruebas diagnósticas, mamografías... etc. Por lo que, de suspenderse temporalmente el servicio, estos usuarios rebotarían de nuevo a la pública, engordando todavía más las listas de espera.

Un desbarajuste que, coincidiendo con los meses de vacaciones de verano, pondría contra las cuerdas la capacidad asistencial del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

La organización sindical explica que pese a que las transferencias de dinero público a la privada en Madrid se han disparado (82%) y ya es la autonomía con mayor porcentaje de gastos destinados a conciertos privados, las condiciones laborales de los profesionales siguen estancadas.

Según datos facilitados por CCOO, los profesionales de la sanidad privada madrileña cobran la mitad que sus compañeros de la sanidad pública, y su espacio de trabajo es muy precario. Así, por ejemplo, las ratios profesional/paciente son de un tercio menos en hospitalización, y la mitad de personal en las UCI.

Este contexto dificulta la prestación de una atención sanitaria de calidad y lleva a los especialistas a situaciones de estrés límite. En contraposición, los cuatro grupos hospitalarios más pujantes de este sector facturaron en 2021 cerca de 6.000 millones de euros, aseguran desde el sindicato. 

"Los trabajadores que a día de hoy asumimos un incremento exponencial elevadísimo de pacientes de las compañías aseguradoras y de la sanidad pública, tenemos unas condiciones pésimas. Mientras se disparan los beneficios económicos de estas compañías", ha criticado Samuel Mosquera, portavoz de Sanidad Privada de CCOO.

Aunque la apuesta por la privada-concertada ha sido clara por parte de los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, el cada vez mayor peso de la bajada de precios en los contratos de externalización y el desinterés de las autoridades han sumido a la sanidad privada a una crisis sin precedentes que "pondrá en el ojo del huracán a la pública" en los próximos meses.