En Calzada de Valdunciel la polémica de las macrogranjas les pilla de vuelta. Los cerca de 700 habitantes de este pueblo salmantino saben bien lo que supone vivir cerca de una instalación ganadera industrial. Mucho antes de que Alberto Garzón abriese el melón del impacto social y ambiental de este modelo agropecuario, los habitantes del municipio ya habían empezado a movilizarse para reclamar el cierre de una empresa porcina que había enturbiado el ambiente con malos olores y moscas.

En el año 2000, el recién elegido alcalde del PP, Román Javier Hernández Calvo, recogió las peticiones de su pueblo y decidió a actuar para tratar de cerrar las naves que, ubicadas a escasos metros de una zona residencial, llevaban años cobijando centenares de cerdos de engorde. Todavía sin normativas estrictas para separar las cabezas de ganado de la vida humana, la granja se asentaba junto a un restaurante, en pleno casco urbano, y solo una carretera, la N-630, separaba sus paredes de las del resto del vecindario.

El Ayuntamiento inició los trámites requiriendo los permisos a la empresa, Sucesores de Domiciano García S.A., y al ver que las licencias no estaban al día se abrió una ventana para la prohibición de la actividad y el cierre. El Hernández Calvo, que ahora compagina el cargo de alcalde con el de diputado provincial en la Diputación de Salamanca, aprovechó la coyuntura para modificar la normativa urbanística municipal y suspender posibilidad de que los propietarios pudieran renovar las licencias y reabrir las instalaciones. Cinco años después, en 2005, el nuevo plan de ordenación vio la luz verde y Calzada de Valdunciel no sólo cerraba para siempre el candado de estas naves ganaderas, sino que se blindaba ante la llegada de nuevas macrogranjas y daba ejemplo a pueblos vecinos.

Algunos dicen que la decisión de Hernández Calvo le sirvió para granarse la popularidad que le ha llevado a seguir contando con el respaldo electoral de sus vecinos durante las siguientes dos décadas. Público se ha puesto en contacto con el político conservador, que ha declinado hacer valoraciones sobre la actual problemática de las macrogranjas, asegurando que la nave que se cerró en Calzada de Valdunciel era un "caso excepcional" y "diferente".

De Navamorales a Pozuelo

Pese al actual posicionamiento electoralista del PP sobre las macrogranjas, negando incluso su existencia en España, la realidad es que el cierre del criadero porcino de Calzada de Valdunciel marcó un camino que muchos otros alcaldes del PP recorrieron en Castilla y León y en el resto de España. En Navamorales, un municipio de Salamanca cercano a Guijuelo, las movilizaciones populares, apoyadas por un alcalde popular, consiguieron frenar la construcción de otra granja industrial de cerdos. El Ayuntamiento, todavía en manos de los populares, actuó en 2011 y modificó las normativas urbanísticas, suspendiendo la concesión de licencias y restringiendo para siempre el uso intensivo ganadero en beneficio del modelo extensivo y tradicional.

En Castilla-La Mancha, otra de las zonas afectadas por la burbuja de las macrogranjas, el PP también ha mostrado su oposición a la industrialización del campo. En Pozuelo, un pequeño municipio de Albacete, Natalio Rodenas, líder del PP y en la oposición, se unió a la lucha de las plataformas vecinales de Stop Macrogranjas para frenar la creación de un centro porcino que, según el proyecto presentado por la empresa, iba a generar 61.000 toneladas de purines al año. "El tema ambiental es muy importante, porque de por sí tenemos niveles muy altos de nitratos. Pero es verdad que tampoco creemos que sea un negocio que vaya a contribuir a aumentar la población. Es más, no creo que nadie quiera tener una casa en Pozuelo si llega la granja", argumentaba el portavoz del PP en un reportaje publicado por este medio en 2020.

Además, en esta región nombres importantes del PP han enarbolado la bandera de la lucha antimacrogranjas. Francisco Núñez, presidente de la formación en Castilla-La Mancha, se grababa en un vídeo cuando todavía era alcalde de Almansa (Albacete) dejando clara su posición:  "No creemos en ese modelo de explotación". 

Contrastes e incoherencia

El contraste entre la lucha municipal contra las macrogranjas y las posiciones de las altas esferas del PP no es nuevo. Los ataques contra Garzón vertidos por el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, –en plena precampaña– sólo han evidenciado unas divergencias entre alcaldes –que padecen directamente la contaminación de los acuíferos derivada de las macrogranjas– y altos cargos que ya existían mucho antes.

En 2020, los miembros del PP de la diputación de Palencia apoyaron una moción para frenar la instalación de 14 macroexplotaciones ganaderas en Boedo, Ojeda y Pisuerga. Lo mismo ocurrió en Burgos, donde tras la presión de varios municipios se aprobó otra moción para instar al Gobierno autonómico a aprobar medidas más restrictivas en las declaraciones de impacto ambiental. De nada sirvió. El Ejecutivo de Mañueco aprobaba ese mismo año un decreto en el que, lejos de poner barreras al modelo intensivo, levantaba la veda para que las granjas de hasta 2.000 cerdos y 40.000 aves pudieran operar sin licencia ambiental y con una simple comunicación administrativa, tal y como adelantó en su día eldiario.es.

La campiña segoviana es otra de las zonas que mejor refleja ese contraste e incoherencia en los discursos. Entre 2020 y 2021, los alcaldes y concejales de varios municipios de la comarca de Los Arenales se han concentrado en varias ocasiones, junto a vecinos y miembros de otros partidos, para reclamar que la Junta frene la proliferación de las macrogranjas en uno de los territorios con los acuíferos con mayor exceso de nitratos. Segovia es una de las provincias de España con mayor presión agropecuaria con más cerdos que personas censadas: 150.000 habitantes conviven con 1,2 millones de lechones. La Junta no ha actuado al respecto y en los últimos años, aún con el descontento de concejales conservadores, las zonas catalogadas como vulnerables por exceso de nitratos han pasado de 10 a 24.

Las contradicciones más evidentes entre los discursos de estos días y el pasado se encuentran en la hemeroteca. El PP manchego, que esta semana ha votado en contra de una moratoria para la concesión de nuevas licencias para macrogranjas, publicaba en 2018 un informe sanitario en el que se recogían los impactos nocivos de la cría industrial para la salud de la población. Ese mismo año, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, aseguraba que el modelo intensivo "no genera empleo, no asienta población y no crea oportunidades ni recursos". Ahora el partido ha virado radicalmente su postura, llegando a borrar de las redes algunas de las reivindicaciones que no distaban demasiado de las posturas políticas del responsable de Consumo.