Mariama ha prometido que ya no volverá a llorar. No lo hará mañana a la mañana, cuando sus dos hijos pequeños le pregunten qué hay para desayunar. Tampoco derramará lágrimas cuando abra la nevera y la vea tan vacía como ayer. Ni siquiera cuando llegue fin de mes y compruebe que está igual que al comienzo. “Si no me suicido es por ellos”, dice con los ojos clavados en sus niños. Tienen ocho y tres años, y ya saben lo que significa la palabra hambre.

¿Puedes tocar suelo cuando ya te has caído? Mariama sabe que sí. Lo comprobó en enero pasado, cuando fue a abrir el grifo y no salía agua. El Consorcio de Bizkaia, una entidad pública, había decidido cortarle el suministro. ¿El motivo? Retrasarse tres meses en el pago. Sí, tres meses. Hablando en euros, 278,95. Toda una fortuna cuando tus bolsillos están tan vacíos como tu nevera. O como el estómago de tus hijos.

Los niños juegan a su lado, como si esta conversación no fuera con ellos. Su madre intenta que así sea. Por ejemplo, cuando les cortaron el agua corrió a comprar unas botellas al supermercado. Estuvieron sin suministro durante al menos cuatro días. Algunos amigos le ayudaron a pagar el recibo, pero en marzo volvieron a dejarle sin servicio. Otra vez le salvó la solidaridad, esa misma que día a día le permite conseguir lo necesario para que sus hijos sigan comiendo. Lo suyo es sobrevivir.

Mariama llegó a Euskadi en 2010. Hasta entonces, su vida había transcurrido en Guinea-Bisseau, uno de los países más pobres de la tierra. “Huimos de la pobreza para estar en la pobreza”, reflexiona. La miseria se hizo aún más miseria a principios de año, cuando el Gobierno Vasco entendió que no debía seguir cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda dirigida, precisamente, a evitar que ocurran estas cosas. Su caso está ahora en los tribunales, que deberán dictaminar si debe volver a cobrar esa ayuda social. Mientras, la espera se hace eterna. Dura demasiado. Y es demasiado dura.

Mariama posa durante la entrevista./D. A.

Más de mil cortes en 2015

Para Berri Otxoak, un colectivo que pelea de lunes a domingo por los derechos sociales, su caso es apenas un ejemplo de un drama oculto. “El Consorcio de Aguas se ha negado a darnos información sobre el número de cortes de agua que hubo durante 2016. Sí sabemos que en 2015 hubo más de mil cortes de agua a familias de Bizkaia”, afirma Joseba Martínez, portavoz de esta plataforma.

Esta misma semana, Berri Otxoak se concentró en Bilbao para recordar que el agua es un bien básico y, por tanto, nadie debe verse impedido de acceder a él. “Frente a esta situación de desprotección de tantas familias, proponemos un Bono Social que garantice que no haya ningún corte de agua a ninguna familia, y que se garantice un consumo mínimo vital de 100 litros por persona y día para cubrir las necesidades básicas”, apuntó Martínez.

En la asamblea general celebrada el pasado martes, el Consorcio de Aguas respondió indirectamente a quienes reclaman que no haya más casos como el de Mariama. Según se conoció después de la reunión, la entidad aplicará un descuento del 80% en la tasa de saneamiento a los preceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Hasta ahora, el tope era del 30%.

Para Berri Otxoak, la medida anunciada no está a la altura de las circunstancias. “Ese Bono social actual no es suficiente”, indicó su portavoz. “La base –repitió- es bien clara: en ningún caso debe producirse un corte de agua”. Mariama espera exactamente lo mismo.