MOMBASA.- No tenían casi nada, y lo poco que les quedaba lo mataron con plomo. Pero Owino Uhuru, un poblado de chabolas, rompió el silencio de quienes nacen derrotados e interpuso la mayor demanda colectiva de la historia de Kenia en contra de la fábrica que contaminó sus vidas y del Gobierno que lo permitió.

Owino está situado en un margen de la carretera que parte de la ciudad costera de Mombasa hacia Nairobi, una vía estrecha y degradada por el tránsito de los miles de camiones que cargan a diario en el mayor puerto de África del este, y que sólo disponen de este camino para entrar y salir.

Sus casas están encajadas entre los muros de las fábricas que asfixian la zona industrial más densa del país, a las que en 2007 se sumó una planta de reciclaje de baterías de coche levantada por una compañía india, literalmente, dentro del poblado.

El humo de su chimenea caía sobre los tejados y sus aguas residuales se filtraban en el arroyo que abastece al asentamiento y a sus cultivos: todo se cubrió de plomo, el principal componente de las baterías para vehículos y uno de los metales más tóxicos del planeta.

Transcurrido un tiempo, los niños empezaron a enfermar, las mujeres sufrieron abortos y la muerte llegó, inevitablemente, a través de unos niveles de plomo en sangre 90 veces superiores a los límites marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la imagen, niños de Owino Uhuru, un asentamiento chabolista de Mobasa (Kenia), recogen agua aún contaminada por los vertidos de plomo de una empresa de reciclaje de baterías de coche que fue cerrada después de que murieran y enfermaran numerosos habitantes de la comunidad.- EFE

"Esa fábrica era ilegal", admite el director adjunto de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad keniano, Samuel Okuche, para este reportaje elaborado con la colaboración del European Journalism Centre (EJC).

"La legislación keniana exige un estudio previo de impacto medioambiental para otorgar una licencia de actividad. En este caso hay muchas dudas de si se llegó a hacer. Buscamos en los archivos de la Agencia Nacional del Medio Ambiente, pero no lo encontramos. Nunca debió ser autorizada", afirma.

Los habitantes de Owino ya lo sospechaban, porque los negocios ilícitos son una costumbre en este país. Sin embargo, a diferencia del resto de comunidades africanas, donde la fatalidad se acepta sin rechistar, reaccionaron para salvar sus vidas a través de la protesta pública y una demanda colectiva.

Primero fueron las manifestaciones. Un grupo de mujeres -protagonistas de todo en las pequeñas sociedades kenianas- organizó al poblado para abordar la calle en tres ocasiones a lo largo de un año y medio y pedir el cierre de la fábrica.

La Policía, muy poco habituada a la reivindicación social, reaccionó con violencia, detenciones masivas y amenazas hacia sus líderes: "Tuve que pasar una noche entera debajo de mi cama y al amanecer huí a Uganda", relata Anastacia Nambo, una de las líderes de Owino.

Otra de las afectadas, Phyllis Omido, antigua trabajadora de la planta, fundó el Centro para la Justicia, la Gobernanza y la Acción Medioambiental, una ONG que ha promovido la demanda "en nombre de todos los residentes de Owino Uhuru", cuya población estimada es de 3.000 habitantes.

La acción judicial va dirigida contra los ministerios de Medio Ambiente y de Salud, el gobierno local de Mombasa y la Fiscalía General del Estado, entre otros, por consentir, e incluso asistir, la actividad de una fábrica que incumplía la legislación medioambiental.

Una niña camina por las calles del poblado chabolista de Owino Uhuru, en Mombasa (Kenia), cuyos habitantes han demandado al Gobierno por permitir la actividad de una fábrica ilegal levantada entre sus viviendas (al fondo) que emitía vertidos de plomo.- EFE/Javier Marín

Debido a las continuas protestas de los vecinos de Owino y la repercusión que lograron en los medios de comunicación nacionales, la fábrica fue cerrada en junio de 2008, pero solo cuatro meses después el Ayuntamiento de Mombasa autorizó su reapertura.

En febrero de 2009, el Ministerio de Salud ordenó nuevamente su clausura y creó una comisión pública para llevar a cabo un estudio científico sobre la contaminación. El informe concluyó que el humo de la fábrica y sus vertidos estaban poniendo "en grave riesgo" la salud de los habitantes de Owino. Apenas unos días después, la planta recibió permiso para reanudar su actividad.

Los residentes también reclamaron al Gobierno una medición del nivel de plomo que tenían en la sangre. Técnicos del Ministerio comenzaron a tomar muestras, pero pronto tuvieron "dificultades" con el equipo, remarca la demanda.

"La máquina se rompió", explica el doctor Abdalla Ali Ahmed Bajaber, del Hospital de Mikindani, donde los afectados reciben pastillas de calcio como único tratamiento a una intoxicación letal.

"Pero estaba en garantía, esperamos que nos la den pronto para reanudar las mediciones", agrega Mohamed Ibrahim, director de la autoridad regional médica, quien admite que en Owino "todo está contaminado" y que la única solución es "sacarlos de allí".

La demanda acusa también a los responsables de la fábrica, sobre los que no parece haber muchas pistas: "No están en el país, nos dijeron que se habían marchado. Ni siquiera sabemos quiénes eran", asegura Okuche.

La fábrica fue cerrada definitivamente a principios de 2014, pero la comunidad continúa su lucha a través de la lenta justicia keniana en busca de tratamiento médico y compensación. "Owino", que en lengua lúo sirve para describir a los bebés que nacen con el cordón umbilical enredado en el cuello, aún libra su batalla por respirar.