El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como la censura parental, según ha anunciado la ministra Isabel Celaá.

Para Celaá, la censura parental, una medida defendida por Vox y organizaciones como Hazte Oír para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual, "vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado".

También, según la ministra, "la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares", así como tratados internacional suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, enumera el Ministerio de Educación.

"No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos", ha advertido Celaá en una declaración remitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Celaá reacciona así a la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de permitir la censura parental en sus centros educativos, una exigencia de Vox al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos. Una situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado, cuando PP y Cs aceptaron esta medida para que Vox aprobara los presupuestos de 2020, aunque todavía no se ha desarrollado.

"Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares", ha denunciado Celaá.

El Ministerio de Educación considera la medida una "imposición" a los centros educativos "contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género". "Esta iniciativa ha generado, además, una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa", añade.

Para la ministra, "el pin parental o la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta", algo que "no es aplicable al terreno de la educación" según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, ha señalado Celaá.

El Ministerio de Educación añade que "la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes".

Denuncia contra Hazte Oír

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la organización Hazte Oír envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género, para que los padres soliciten información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual dentro del horario escolar.

El propósito de la campaña, según Hazte Oír, era "conseguir que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox influyan para implantar la 'Solicitud de información previa y consentimiento expreso' para padres en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Madrid y Región de Murcia".

Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

A finales de septiembre, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció a Hazte Oír ante la Fiscalía General del Estado al considerar que su campaña "fomenta el odio" y podía constituir un delito.

Además, las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública reclamaron en noviembre a los partidos políticos que actúen contra la "ilegalidad" del la censura parental al considerar que "vulnera el derecho a la educación integral de niños y niñas".