La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha elaborado un documento en el que realiza comentarios y recomendaciones al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Un texto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado nueve de junio y que en estos momentos se encuentra en fase de recepción de enmiendas.

Desde su presentación, el proyecto de ley ha recibido críticas desde diversos colectivos e instituciones que van desde organizaciones feministas y de defensa de la infancia, hasta el Defensor del Pueblo. Entre los principales 'agujeros' que presenta la ley, se ha resaltado la falta de un enfoque de género (tal como adelantó este diario el día de su presentación) pasar de puntillas sobre el abuso sexual intrafamiliar o no acometer la prohibición del uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Desde su presentación, ministerios como el de Igualdad y el de Justicia han anunciado revisiones del texto. 

Ahora son los pediatras de atención primaria los que aportan su visión para mejorar una ley que se ha considerado "histórica", por ser de las pocas normas en el mundo que acomete las violencias hacia la infancia y adolescencia de una forma integral.

En su comunicado, los pediatras de atención primaria reafirman que "la violencia en la vida de las personas menores de edad es una vulneración intolerable de los Derechos Humanos" y que tiene "efectos devastadores en el desarrollo de la persona, tanto durante la infancia como en la vida adulta". Tal es la incidencia de estos efectos, afirman desde la AEPap, que "representan un verdadero problema de salud publica".

En el comunicado recuerdan que "uno de cada cuatro menores sufre cualquiera de las tipologías de maltrato infantil, que uno de cada cinco sufre algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años y que uno de cada diez es víctima directa de violencia de género por su condición de ser hijo/a de una madre víctima de dicha violencia".

"En nuestro trabajo diario atendemos menores víctimas de muchos tipos de violencia. La mayor dificultad que encontramos es que se reconozca su condición de víctima", afirma el comunicado de la AEPap, y resalta que éste reconocimiento es el "primer paso para poder protegerles de esta lacra y que puedan recuperar su proyecto de vida".

Maltrato institucional

En su nota, los pediatras de atención primaria explican que la falta de formación y de coordinación entre médicos que intervienen en la violencia contra los menores, así como la falta de aplicación de las leyes protectoras vigentes, "acarrean un maltrato institucional que invisibilidad y revictimiza a las víctimas". Por ello abogan por la aplicación de la legislación vigente, así como la implementación de los puntos del pacto de Estado contra la violencia machista.

Reconocen que, aunque hay cambios importantes y bienvenidos en el proyecto de ley "para los adultos que en su infancia y adolescencia fueron víctimas", se necesitan medidas urgentes para proteger a las personas menores que "están sufriendo hoy la violencia ante nuestra mirada".

Por todos estos motivos y debido al conocimiento que la práctica de su profesión les brinda, realizan una serie de recomendaciones para mejorar los vacíos en la protección de las víctimas que presenta el proyecto de ley.

Entre ellas, resaltan la necesidad de asegurar que el bien superior del menor deje de ser un concepto teórico y se convierta en una realidad mediante la aplicación de las leyes vigentes de protección a la infancia. También reclaman formación obligatoria en psicología evolutiva a todo profesional que trabaja con menores.

Subrayan la importancia de "oír, escuchar y tener en cuenta" a los menores en las decisiones que les afecten y evitar su revictimización obligándoles a relatar las violencias que han vivido una y otra vez y exigen no basar las exploraciones en un término "tan subjetivo y excluyente como es el de la madurez", tal como está recogido en el anteproyecto de ley.

Atención especial a las víctimas de violencia de género

Los médicos de atención primaria piden que se visibilice de formal "muy específica" en la nueva ley los daños sufridos por las personas menores cuyas madres sean víctimas de violencia de género, y que según nuestra legislación son también víctimas directas de dicha violencia. Debido a su alta incidencia en la salud y bienestar de los menores, exigen que la ley especifique medidas cautelares de alejamiento de los agresores, tanto en los casos de mujeres que hayan denunciado dicha violencia, como en los casos en los que sin haber denunciado, las madres hayan obtenido la condición de víctimas de esta violencia por otras instituciones no judiciales.

Recomiendan, además, que la ley recoja de forma explícita la violencia sexual incestuosa sufrida por los menores a manos de sus progenitores, debido a su "invisibilidad, ocultamiento social y gravedad" y entienden que el nuevo texto debería incidir en un manejo específico de esta violencia debido a la "fragilidad de la víctima en un contexto de enfrentamiento del testimonio de un/una hijo/a menor frente al progenitor agresor".

Según las estimaciones de organizaciones como Save the Children, en nuestro país se denuncia tan solo el 15% de los casos abusos a menores y de éstas el 70% no supera la fase de investigación, con lo que nunca llega a juicio.

Rechazar el uso del SAP en todas sus formas

El documento hecho público por la AEPap pide que la nueva ley rechace todas las formas de aplicación del Síndrome de Alienación Parental (una supuesta patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psicológica y que se utiliza en el sistema judicial para culpabilizar a las madres), incluyendo la "introducción de la figura del Coordinador de Parentalidad que persigue forzosamente una vinculación con un progenitor que el/la hijo/a rechaza". Afirman que en cualquier caso es vital investigar "minuciosamente" las causas de dicho rechaza.

Por último recomiendan que la ley especifique claramente la manera en que debe llevarse a cabo el registro de las violencias en la história clínica y que ésta se realice de forma común en todo el territorio español, así como la necesidad de promover "la creación de Juzgados específicos de Violencia contra la Infancia y Adolescencia".