En 2015 se publicaba una información en Menéame que informaba de que un exconcejal del PP de Marbella había gastado 14.600 euros en la factura del teléfono, que se cargó a las cuentas municipales. En la sección de comentarios de la web, uno de los usuarios comentaba que el exconcejal era un "hijo de puta" y un "ladrón".

Los propietarios del site recibieron un comunicado que les amenazaba con acciones legales, pero decidieron no eliminar el comentario, pues iría en contra de las normas comunitarias de su web.

En el juzgado marbellí, juez y fiscal le dan la razón a Menéame. Pero el caso no termina ahí. El exconcejal acude a la Audiencia Provincial y ésta le da la razón, fallando en contra de Menéame y condenándoles por faltas al derecho del honor e intimidad del denunciante. Tras intentar recurrirlo, el Tribunal Supremo falla, nuevamente, a favor del exconcejal, y en Menéame deben retirar los comentarios e indemnizar al concejal de Marbella con 1.200 euros.

Pero Menéame es una plataforma agregadora de noticias, que funciona como una especie de red social, donde los usuarios votan las noticias y las comentan, precisamente. Los abogados del concejal de Marbella se referían a Menéame como un prestador de servicios informativos, no como el tipo de plataforma que en realidad es.

Además, como defendía el Bufete Almeida, que lleva el caso para Menéame, el denunciante es precisamente una figura pública y el comentario no se refería a su vida privada, pasado, salud, conducta sexual, patrimonio o actividades económicas o familia, sino una cuestión de trascendencia pública.

Puede crear jurisprudencia

"Esto puede afectar a medio Internet, al final hablamos de una red social como Twitter o Facebook y esto podría sentar un precedente peor incluso que lo que proponía Donald Trump", explica la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en un comunicado.

La PDLI asegura que esto es un verdadero peligro en materia de libertad de expresión en Internet, por la capacidad que pueda tener de generar jurisprudencia, es decir, de crear precedentes legales para otros casos en los que, nuevamente, se verían minados los derechos de los usuarios para comentar de forma negativa o positiva la gestión pública de sus representantes.

Por esta razón Menéame ha decidido llevar el caso al Tribunal Constitucional en un recurso por libertad de expresión. Defienden la libertad y diversidad de opinión de su plataforma y aseguran que "seguiremos peleando por la libertad de usar expresiones que están tan imbricadas en nuestro idioma como gilipollas, sinvergüenza o saqueador (por favor, no se entienda como que se las dedicamos a nadie en concreto". 

Éste sí, éste no

Esta decisión es contraria a otras resoluciones que daban la razón a las plataformas. Un caso reciente fue el fallo a favor de una cuenta de Twitter de Vox que apuntaba como violadores a un grupo de magrebíes. La Audiencia asumió que la cuenta podía opinar al respecto por estar ligada a un partido político, a pesar de que no estuviera probado su carácter de cuenta oficial. En materia de regulación de contenidos online, esto resulta contradictorio y confuso para las plataformas.

"Si son forzadas a determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos bajo la amenaza de sanciones legales, las plataformas actuarán de forma especialmente restrictiva afectando pues de forma considerable el derecho a la libertad de expresión", señala la PDLI.

Plataformas como Facebook, Twitter o, en este caso, Menéame, tienen muchos problemas para regular los miles de comentarios que reciben sus páginas. Tienen sistemas pero no son infalibles, y su prioridad es respetar el derecho a la libertad de expresión. "Lo difícil de velar por este derecho es hacerlo cuando no estás de acuerdo. Pero hay que hacerlo. Nosotros nos encontramos en varias ocasiones con comentarios de corte machista que nos parecen lo peor y ahí nos los tenemos que tragar", asegura Daniel Seijo, porque "nosotros no tenemos el deber de educar a los usuarios."