El Valle de Ayora, o de Cofrentes, como se llama también, es una comarca valenciana con tan solo 10.000 habitantes. Es conocida por ser la ubicación de una central nuclear, pero además también tiene 191 aerogeneradores y tres centrales hidroeléctricas que aprovechan los saltos de agua del Júcar, que tiene un de sus nacimientos secundarios en la zona. Ahora, además, la modificación de la normativa en tres municipios –Ayora, Jarafuel y Zarra- facilitará la implantación de plantas solares en áreas donde ahora mismo se cultivan cereales. Hay hasta 19 proyectos interesados a situarse allí, tres de los cuales son muy grandes, de más de 200 MW. Todos sumados supondrían –si se acaban realizando- la producción de 1.311 MW y la ocupación de 1.835 hectáreas de terrenos agrícolas, además de los 13 kilómetros de líneas de alta tensión y el espacio ocupado por las subestaciones de transformación y otras infraestructuras.

"Si sumamos todas las fuentes, el Valle de Ayora acabará produciendo más de 4.000 MW de electricidad, mucho más de la que la comarca necesita e incluso suficiente para alcanzar todos los hogares valencianos", explica Carmela Cerdá, miembro de la plataforma contra los macroproyectos en renovables que se ha creado en la zona. Para Cerdá, estos proyectos "destruirán nuestro paisaje, imposibilitando otras actividades como el agrícola o la turística, además de poner en riesgo la recarga de los acuíferos que alimentan el Júcar. Podrían buscar azoteas o zonas urbanas para ubicarlas, pero entonces no podrían poner tantas y no sería tan rentable".

El caso de Ayora es uno de los más llamativos, pero no es el único. La avalancha de proyectos para crear grandes parques de placas solares ha alarmado los municipios afectados y ya son 39 –más dos otros que se pueden añadir bien pronto- los que han creado la Coordinadora Valenciana por la Implantación Racional de Energías Renovables. El domingo 6 de febrero convocaron concentraciones simultáneas a 23 municipios, incluidos Alzira, Borriol, Buñol, Carcaixent, Catadau, Chella, Chiva, la Vall d'Uixó, Monòver, Montesa, Requena, Siete Aguas, Utiel, Vilafamés o Villar, situadas a lo largo de todo el territorio valenciano. La movilización fue un éxito y Julio Rodrigo, de la plataforma de Chiva, asegura que tienen preparadas nuevas acciones, aunque por ahora prefiere no avanzar detalles. En su pueblo hay un proyecto de parque solar que ocupará 420 hectáreas de zona agrícola, con un alto valor paisajístico y una gran concentración de algarrobos centenarios. "En nuestro caso, el ayuntamiento se opone al proyecto, pero el Decreto 4/2020 de la Generalitat no da posibilidad de opinar en los ayuntamientos y limita la participación ciudadana", explica Rodrigo.

Precisamente ha sido el Decreto 4/2020 el que ha generado esta oleada de proyectos. Se calcula que ahora mismo hay cerca de 200 –la cifra crece día a día- ya presentados a las diferentes consellerías –Economía, Territorio y Medio Ambiente- encargadas de su aprobación. El Decreto responde a las necesidades del País Valencià de lograr los retos europeos de producir un 70% de su electricidad mediante fuentes renovables para el 2030. Esto supone multiplicar por dieciséis la potencia solar instalada y por cuatro la eólica. Y en solo ocho años.

"Vamos tarde. Muy tarde en la lucha contra el cambio climático. El año pasado se han instalado 45 MW de energía solar y tendrían que haber sido 550. Esto implica que este año tendrían que ser 950", explica el Director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco. "Y las renovables tienen muchas cosas buenas, pero tienen un problema: y es que ocupan mucho territorio", añade. Aun así, Fresco quiere tranquilizar el vecindario de los municipios afectados y afirma que "una cosa es anunciar un proyecto, y la otra es llevarlo a cabo. Muchas de estas plantas no se harán nunca, bien porque no presentarán los papeles, bien, porque no les daremos los permisos por no cumplir los requisitos, sobre todo ambientales, o porque no conseguirán el capital suficiente. Al final se aprobaran aquellos que sean racionales". Según sus cálculos, el 75% de estas plantas nunca llegarán a instalarse.

Eva Tudela, activista de Acción Ecologista Agró, que asesora muchas de las plataformas locales en la presentación alegaciones a los proyectos, defiende que "el problema de la falta de tiempo no es nuestro. Han estado años sin hacer nada, cuando nosotros pedíamos implantar renovables y ahora lo quieren hacer corriendo y destruyendo el territorio". Para Tudela, el problema no es la generación eléctrica, sino "el movimiento especulativo que se ha creado. La mayoría de proyectos son de fondos de inversión internacional que especulan con futuros. Por eso, hace falta un cambio de modelo, más local y que vaya a cubrir las necesidades y no incrementar beneficios". En la misma línea, Rodrigo, pide "un estudio de la capacidad de generación eléctrica en las zonas urbanas, de mayor consumo", además de una moratoria en la aprobación de los proyectos y una modificación del Decreto 4/2020 para poder hacer un plan de implantación racional de las energías renovables, tal como defiende la coordinadora en su mismo nombre.

Desde la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica alertan que "esto no es posible", puesto que el decreto ya está aprobado y modificarlo implicaría "volver a empezar el proceso de cero, y todo se pararía por un tiempo indeterminado". También recuerdan que el decreto prioriza la creación de comunidades energéticas y el aprovechamiento de azoteas y zonas urbanas para instalar placas solares. "En la Comunitat Valenciana se han instalado 99 MW de potencia, que está muy bien y tienen que ser más, pero implicaría multiplicar esta cifra por cinco. No puede ser la única forma", insiste Fresco, quien, además, asegura, que la capacidad de generación energética de los tejados está cifrada en un 25% de la demanda valenciana. "Hay que pensar que las placas en azoteas son menos eficientes y, además, no se pueden situar en todas partes", zanja.