El pasado martes, un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentró para protestar en las oficinas de Testa, la mayor plataforma de alquiler residencial del país. La concentración llegaba después de que el fondo de inversión estadounidense Blackstone se hiciera con más del 50% de las acciones de Testa, sumando así un gran lote de viviendas del mercado del alquiler a su inmensa cartera de activos en España. Poco después, la PAH entrega ante la audiencia nacional un escrito de denuncia contra Blackstone o, mejor dicho, contra seis sociedades pertenecientes a este gran fondo buitre del mercado de la vivienda en el país. En concreto, la PAH denunció a The Blackstone Group Spain, a Aliseda Inmobiliaria, a Fidere Gestión de Vivienda, a Anticipa Real State, a Albirana Properties Socimi y a Testa Residencial Socimi; y les acusaban de influir en el mercado inmobiliario para inflar la actual burbuja del alquiler.

El abogado de la PAH Azael Babiano.- EFE/ LUCA PIERGIOVANNI

El abogado de la PAH Azael Babiano, encargado de preparar y presentar el escrito de denuncia, explica en qué cosiste esta iniciativa con la que pretender señalar al mayor casero de España como responsable del alza de precios de los alquileres.

¿En qué consiste el escrito presentado ante la Audiencia Nacional?

Es un escrito de denuncia pero no es una querella. Es una denuncia poniendo de manifiesto unos hechos que consideramos que pueden constituir un delito. Blackstone está adquiriendo gran cantidad de inmuebles y, al mismo tiempo, se está alterando el precio de la vivienda. Creemos que la actividad de Blackstone tiene influencia en el mercado.

¿A quién le corresponde investigar esta denuncia?

Lo denunciamos porque nosotros no podemos asumir esta investigación. El juez debería admitirlo a trámite y pasarlo al fiscal para que haga un informe previo e investigue. Debería constituirse en acusación frente a las seis entidades denunciadas.

En el escrito se señala a seis personas jurídicas, sociedades que pertenecen a este fondo de inversión, ¿quién es exactamente Blackstone?

Ponemos el foco en Blackstone porque es el fondo de inversión que más viviendas tiene en el Estado español. Es un fondo que está adquiriendo una serie de Socimis y otras sociedades y, cada vez, acapara más parque de vivienda en España. Se queda con inmuebles principalmente de bancos para comercializarlos en el mercado del alquiler.

¿Podríamos compararlo con una especie de banco malo, como la Sareb, que se quedó con los activos tóxicos del ladrillo en manos de los bancos?

Sí, este grupo está adquiriendo ahora a precio de saldo gran parte de los inmuebles que se han ido quedando los bancos durante la crisis mediante las daciones en pago y demás alternativas ante una ejecución hipotecaria.

Lo definís como el mayor casero de España, ¿se puede considerar una especie de monopolio de la vivienda?

A nuestro parecer actúa en un régimen de oligopolio dentro del mercado de vivienda y del alquiler. Su situación le permite influir en el precio detrayendo del mercado un determinado número de inmuebles para reducir la oferta. También puede maejar el mercado según su estrategia.

Pedís que se le investigue por mala praxis, ¿en qué consisten esas malas prácticas?

Nosotros proponemos como tipo delictivo los artículos 281 y 284 del Código Penal. Son los artículos que tipifican como un posible delito detraer del mercado bienes de primera necesidad para alterar los precios con perjuicio para los consumidores. Para nosotros, la vivienda en un bien o una materia prima de primera necesidad. Lo venimos denunciando desde hace muchos años. En España hay mucha viviendas vacías, unos tres millones contabilizadas en los últimos años. Eso puede tener su raíz en una estrategia para alterar los precio detrayendo este bien del marcado. Eso es lo que denunciamos, que Blancktone saca del mercado de alquiler viviendas que compra, reduce la oferta y eleva los precios, generando un claro perjuicio para los ciudadanos consumidores.

¿Esta estrategia sólo afectaría al mercado del alquiler?

Afecta más gravemente al mercado de alquiler. El hipotecario también está en crisis, pero la actividad de Blackstone está más orientada a inflar la burbuja del alquiler que va a explotar pronto.

El fondo está compuesto por varias Socimis, ¿cómo funciona y qué beneficios tiene esta figura?

Las Socimis existen desde hace tiempo pero, hace pocos años, el Gobierno de Rajoy modificó la ley para dar una serie de beneficios fiscales al constituir una de estas sociedad que sirven para gestionar un determinado parque inmobiliario en régimen de alquiler. Los inmuebles de una Socimi tienen que estar al menos tres años en alquiler antes de poder venderse o  de realizar cualquier otra acción con ellos. Las Socimis explotaron en España con esa reforma fiscal y, una de ellas, una de las más relevantes de las mas relevantes, es Testa Residencial, es la que ha adquirido Blakstone en los últimos días, pero eso nos manifestamos allí el martes, en su sede. Se reunían los directivos para cerrar algunos flecos de esta absorción.
Por otra parte, el papel más grave que han jugado las Socimis es la gestión de patrimonio inmobiliario público, vivienda pública de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

¿Creéis que la Audiencia Nacional interpretará la vivienda como un bien de primera necesidad?

Creemos que, en los  últimos años, ha quedado demostrado que la vivienda es un bien de primera necesidad. Es cierto que a nivel de jurisprudencia no hay antecedentes en España ni en Europa sobre esta interpretación, están más acostumbrados a considerar una materia prima la electricidad, pro ejemplo. Pero esperamos que se puedan aportar novedades jurisprudenciales igual que se ha venido haciendo en materia de vivienda durante los últimos años. La cuestión de la vivienda hay que entenderla como un bien básico con el que no se puede mercadear. Las diferentes crisis lo han demostrado, no se puede solucionar el problema de la vivienda si no se entiende que es una bien de primera necesidad.

No ha tenido que considerarse así en otros países de la Unión Europea porque quizás sea España el país donde más difícil es acceder a una casa, algo que se debe a la grave carencia de vivienda pública del país. Tenemos apenas un 2% o 3%, mientras que otros países de la UE están en torno al 20%. No ha habido necesidad de obtener resoluciones judiciales que aquí, en España, nos parecen fundamentales ahora mismo.

¿Cómo se llegó a la conclusión de que llevar este caso a los tribunales era la vía más adecuada?

En la ultima asamblea estatal de la PAH se planteó que había que plantar cara a los fondos buitre también a nivel judicial y denunciarlos por acaparamiento de viviendas. A nivel hipotecario se intentó poner una denuncia a entidades financiares que estaban comercializando hipotecas subprime, hipotecas basura. Pero esa denuncia fue archivada por la Audiencia Nacional. Entendieron que que no afectaba al mercado de vivienda a nivel nacional. Ahora pensamos que no podíamos perder esta ocasión de ir por la vía penal, no contra entidades financieras, sino contra los fondos buitre.

Entonces hemos pasado de que los bancos sean los propietarios de viviendas a que sean los fondos buitre, ¿cómo ha sido este proceso?

Tras la crisis de los desahucios, las entidades financieras se quedaron con multitud de pisos hipotecados, al mismo tiempo se concedieron beneficios fiscales a las Socimis y los propios bancos han acabado derivando la gestión de sus activos inmobiliarios en su propias empresas inmobiliarias. Dentro de las personas jurídicas, de las sociedades que nosotros hemos denunciado, está por ejemplo Aliseda, que originalmente pertenecía al Banco Popular y luego, al Santander y, ahora, Blackstone tiene una gran participación en Aliseda. También está Anticipa Real Estate, que era de Catalunya Caixa y luego, del BBVA, y también Blackstone se metió en esa cartera de activos inmobiliarios. También hay otra serie de Socimis creadas por los propios bancos que han derivado en todo este entramado en el que las entidades financieras comparten participaciones de activos inmobiliarios con los fondos buitre.

¿Cuál es el proceso legal que viene ahora?

Los procesos judiciales son siempre lentos. La oficina de reparto tendrás que turnar la denuncia a un juzgado central, éste tendrá que estudiarla, darle paso a Fiscalía y abrir diligencias de instrucción. Si esto pasa, se abrirá un plazo de entre 6 y 18 meses para investigar los hechos, recopilar las posibles pruebas de cara a un posible juicio. Si no pasa esto, quedará archivada la denuncia.

¿Qué consecuencia penales podría tener lo que se denuncia?

Si hubiera juicio y condenas, los condenados serían personas jurídicas, no físicas. No creemos que nadie vaya a ir a la cárcel por esta denuncia. El Código Penal permite condenar penalmente a las personas jurídicas, pero no habría penas de prisión, sino multas e indemnizaciones económicas.