No ha habido sorpresas. El pleno del Congreso aprobó este jueves por mayoría pero sin unanimidad el documento para un pacto de Estado contra la violencia de género con 178 votos a favor y la abstención de 65 diputados (los del grupo confederal de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem y otro del grupo mixto). Se repite así la disensión ocurrida en la comisión de Igualdad del Congreso el pasado mes de julio, cuando se aprobó en primera instancia el documento sin consenso.

​Unidos Podemos había supeditado su apoyo a la aprobación de una moción a la totalidad que hubiera obligado a renegociar todo el documento y que fue rechazada por la cámara baja. "Este pacto no nos vale aunque la medidas sean buenas, entre otras cosas porque no hay garantías para su aplicación ni de cuándo se van a poner en marcha", afirmó en la tribuna Ángela Rodríguez, portavoz de igualdad de En Marea. "Se trata de un pacto de mínimos que no soluciona el problema de la violencia que sufren las mujeres. Hemos perdido una oportunidad de oro para mejorar la Ley de Violencia de 2004 y no está en consonancia con el convenio de Estambul. Es sólo un parche", ahondó Sofía Castañón, secretaria de Feminismos interseccional y LGTBI en Podemos.

Por su parte Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo socialista, afirmó que todo lo que está recogido en el pacto es útil a las víctimas y al conjunto de las mujeres; y por tanto, hoy no cabe abstenerse frente a lo beneficioso de estas medidas”. Para Álvarez “estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha contra cualquier forma de violencia que sufren las mujeres por ser mujeres”.

Todos los grupos de la oposición han reclamado al Gobierno que garantice las partidas para que puedan aplicarse las 213 medidas que prevé el pacto, así como que se habilite un crédito extraordinario o cualquier otra fórmula en el caso de prórroga de los presupuestos.

La diputada socialista afirmó que "seremos exigentes con el cumplimiento de los acuerdos, y al Gobierno le reclamaremos diligencia y habilitar los recursos comprometidos", y añadió desde la tribuna que exigirá al ministro Montoro la habilitación de un crédito extraordinario si finalmente los presupuestos generales del Estado se prorrogan y no se aprueban a tiempo los de 2018. El monto del crédito, para Álvarez debería ser de, al menos, una quinta parte de los 1.000 millones con los que se acordó financiar el pacto a lo largo de los próximo cinco años. "No aceptamos ningún tipo de evasivas para eludir la puesta en marcha de medidas que están enfocadas a salvar vidas”, afirmó.

Por su parte, Unidos Podemos también hizo alusión a la necesidad de exigir un crédito extraordinario si los presupuestos del año que vienen sufren retrasos o finalmente se extienden los de 2017. "El Gobierno permanentemente está habilitando créditos específicos para cuestiones que no están presupuestadas. El caso más sangrante es el de la banca. Lo que no puede ser es que ahora digan que no hay dinero, cuando existen mecanismos más que suficientes para llevar esto a la práctica", afirma Rodríguez. 

Las madres cuyos hijos son asesinados serán víctimas

Entre las medidas aprobadas en el pleno del Congreso este jueves figura una presentada por el Grupo Socialista que contaba con el apoyo de todos los demás grupos parlamentarios y que reconoce de forma automática la condición de víctima de violencia de género a las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas o exparejas.

Precisamente en la tribuna de invitados se encontraba Ruth Ortiz, cuyo marido, José Bretón, asesinó a sus hijos menores de edad en 2011 con el objeto de causarle el mayor daño posible. Casos como el suyo no estaban recogidos hasta ahora en la ley ni en las 213 medidas aprobadas en el documento para el pacto de Estado. Todos los grupos parlamentarios reconocieron que se trataba de un error que se debía subsanar y la medida contó con los votos favorables de todo el hemiciclo.

Para Ortiz se trataba de un tema que estaba pendiente "y no dudé en comunicarlo y mirar la forma en que se incluyera en el pacto". Sobre el acuerdo manifestó que "es un paso adelante, una base que tendrá que mejorarse y ampliarse, pero partimos de algo positivo".

Otras dos medidas adicionales, planteadas por Unidos Podemos, fueron aprobadas por mayoría e incluidas en el pacto: una sobre los matrimonios forzosos y otra sobre el acoso sexual en el puesto de trabajo.

¿Y ahora qué?

Según la proposición no de ley que permitió arrancar este proceso el pasado noviembre con la constitución de la subcomisión de Violencia de género, el Gobierno tendrá a partir de ahora dos meses para consensuar con comunidades autónomas y otras instituciones la forma en la que se sustanciará el pacto. Por tanto, la dotación presupuestaria que garantice el cumplimento de dichas medidas tiene que estar aprobada antes de 2018.

Lo que muchos grupos critican (principalmente Unidos Podemos y grupo Mixto) es que el documento no marca tiempos o presupuestos concretos para cada medida; tan sólo un marco temporal de cinco años que, según afirman, no garantiza su cumplimiento. Además, aparte del acuerdo aprobado este jueves, existe otro texto avalado ya por el Senado y que contempla 267 medidas, aunque estas son aún más vagas y menos concretas que las contenidas en el documento emanado del Congreso.

Es decir, que es a partir de este momento cuando se tienen que establecer las prioridades y el modus operandi con cada uno de los puntos del pacto.  Fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales han afirmado que ambos documentos serán tenidos en cuenta por el Gobierno a la hora de poner en marcha el pacto.

En lo que sí se han puesto de acuerdo los grupos parlamentarios es en que la comisión de seguimiento de estos pactos vivirá en el Congreso y no el en Gobierno, tal como pretendían algunos partidos. Se tratará de un mecanismo parecido al Pacto de Toledo y deberá contar con actores de la sociedad civil y diversas instituciones. Su diseño y competencias finales se tienen que poner en marcha también a partir de ahora.​