Los cinco exdelegados de Gobierno contra la Violencia de Género han puesto en valor el Pacto de Estado contra esta lacra como herramienta de trabajo y también defienden su institucionalización para su permanencia en el tiempo.

Encarnación Orozco, Miguel Lorente, Blanca Hernández, Pilar Llop Cuenca y Rebeca Palomo han participado este viernes en la celebración del décimo aniversario del Convenio de Estambul, organizado por el Ministerio de Igualdad y moderado por la actual delegada de Gobierno, Victoria Rosell.

Para Llop, que ostentó el cargo entre 2018 y 2019 y es la actual presidenta del Senado, el Pacto de Estado contra la violencia de género ha sido el "gran hito" que "demuestra" que España es "una democracia", pero reconoce que es necesario que su carácter sea permanente porque en un plazo de cinco años (que es el que se determinó para el mismo-) y "con un presupuesto de 1.000 millones" se sabía, ha indicado Llop, que "no se iba a erradicar" la violencia de género.

La presidenta de la Cámara baja ha indicado la importancia de que un acuerdo como este haya "trascendido a la legislatura" en la que fue conseguido y que las Cortes Generales lo mantengan vivo con sus comisiones de seguimiento sobre su aplicación.

Su predecesora, María José Ordóñez (delegada entre 2017 y 2018) ha recordado los pasos que se dieron cuando ella estaba al frente del departamento para generar lo que fue la semilla de este pacto.

"Sin saber lo que pasa no se puede actuar"

En este proceso ha destacado la implicación de las Cámaras, en donde comparecieron más de un centenar de expertos para aportar su visión en la lucha contra esta lacra, a partir de las cuales, se estableció una hoja de ruta. Para Ordóñez, lo más difícil que veían desde la Delegación era el "seguimiento" a este acuerdo, además, de la dificultad que supone que, al final, se incluyan en el Pacto todos los ejes necesarios.

Entre sus logros, ha destacado la importancia que el acuerdo dio a los estudios y datos. La exdelegada de Gobierno ha puesto en valor estas estadísticas y datos que se hicieron a raíz del Paco y que sirven, ha apuntado, para que las instituciones conozcan mejor la situación y para que los ciudadanos sepan que no se está "lucubrando en cosas fantasmales".

"Sin suelo empírico creo que no vamos a ningún sitio", ha declarado, Blanca Hernández, delegada entre 2011 y 2017, que también ha defendido "los datos, los estudios y las encuestas". "Sin saber lo que pasa no se puede actuar", ha insistido.

La actual delegada de Gobierno también ha puesto en valor el Pacto de Estado y la posibilidad de "adicionar" en el futuro con ejes relacionados con la violencia digital o sobre la implicación de los hombres.

Violencia y control a través de las redes sociales

La violencia de control a través de las redes sociales es una de las preocupaciones actuales sobre la violencia de género, ha apuntado Encarnación Orozco, primera delegada de Gobierno contra esta lacra (entre 2005 y 2008). Orozco ha advertido de lo "mutante" de esta violencia y ha llamado a realizar un esfuerzo en "nombrar" todas las violencia existentes contra la mujer para "combatir el negacionismo".

En ese sentido, Rosell ha sostenido que la violencia en el entorno digital y la implicación de los hombres (trabajo con agresores pero también concienciación de la población masculina) en esta lucha son dos ejes que se quedaron fuera del Pacto de Estado y que habrá que abordar en el futuro.

"Las tecnologías de la información y la comunicación han ido invadiendo todo y tenemos que ser muy conscientes de cómo permiten ejercer una violencia que tiene una proyección enorme y la difusión de un discurso de odio sexista que sigue haciendo mucho daño a mujeres y niños", ha matizado Rebeca Palomo.

Finalmente, Miguel Lorente, único hombre que ha ocupado este cargo, ha defendido las medidas que "llamen a la responsabilidad" a los hombres en esta materia y no dejarlos en "una posición cómoda" frente a esta violencia. A su juicio, la información que existe en la actualidad es la suficiente como para pedirles que se posicionen y "exigirles responsabilidad por omisión".

Formación del personal sanitario y judicial

Lorente también ha apelado a la formación del personal sanitario, pues considera que es un asunto pendiente tanto para que sea una figura de detección de la violencia de género como para entender este fenómeno como un problema de salud pública que incrementa el riesgo de las mujeres de padecer enfermedades: aumenta la morbilidad y la mortalidad, ya sea por clínica como por homicidios y suicidios.

También ha abogado por trabajar en la formación de los juzgados de familia, lugares a los que acuden muchas víctimas de violencia machista que no denuncian a los agresores tras poner fin a la relación.

Todos han reiterado que la educación en igualdad es esencial para combatir la raíz de la violencia, que es la desigualdad, y se ha puesto el acento en proteger mejor a los menores y en atender de forma específica a las víctimas atravesadas por la interseccionalidad (migrantes, ancianas, en exclusión social, con discapacidad...).

"Una política de Estado, no de partido político"

Todas han identificado debilidades y asuntos pendientes para avanzar en la erradicación de las violencias que padecen mujeres y niñas por el hecho de serlo. Delegados con Gobiernos de distinto signo, todos han coincidido al destacar que este combate es una política de Estado que no tiene apellido partidista.

"Es una política de Estado, no de Gobierno ni de partido político. Gobierne quien gobierne, los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género se defiende con una línea en común que nos une a todas aquí hoy [...]. Podemos demostrar en este acto lo mucho que nos une el Pacto de Estado", ha subrayado Rosell.