Lleva siendo una de las grandes demandas en los últimos años: el Estado debe reconocer y atender a los hijos e hijas huérfanos por violencia machista. “La ley de Infancia y adolescencia del 2015 fue la que modificó la ley integral del 2004 para incluir a los hijos como víctimas, pero apenas ha tenido efectos prácticos”, denuncia Ángeles Álvarez, portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso. "Cuando el PP hizo la modificación, a efectos de seguridad y reparación, tendría que haber cambiado otras normas, pero no ha habido consecuencias, fue una declaración de cara a la galería", continúa. 

Actualmente, no hay ayudas económicas públicas y específicas para los huérfanos víctimas de violencia machista. A pesar de que el año pasado todos los partidos apoyaron la proposición de ley, impulsada por el PSOE, para que los hijos pudieran recibir pensión de orfandad, la realidad es que ninguno está cobrando los 677 euros previstos porque el Congreso aún no ha aprobado nada.

"Hay gente con muchas dificultades para acceder a las pensiones de orfandad. Estamos hablando en muchos casos de familias, tíos o abuelos, que tienen que asumir la tutela de tres o cuatro menores más con todos los gastos que eso supone", explica Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Esta organización es una de las coordinadoras del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que da ayudas económicas a huérfanos por violencia machista. Este fondo recibió el premio "Silver Rose: Juntos por una Europa Social" que otorga la red de organizaciones civiles europeas SOLIDAR. "Nuestro objetivo es ser una línea más de ayuda para los hijos e hijas. No queremos ni podemos jugar el papel que debería tener el Estado", expone Soleto.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla nació en 2016 y concede becas anuales de 2.000 euros a las familias. "Lo que pedimos es el reconocimiento automático de estas pensiones a las familias, igual que se ha hecho, por ejemplo, con los hijos e hijas víctimas de terrorismo", continúa la directora de la Fundación Mujeres. 

El desamparo es tal que no hay un recuento oficial sobre el número de huérfanos por violencia machista. "Los primeros recuentos datan de 2013 y hay una estimación en torno a los 320 aproximadamente. Los datos que tenemos indican que hay 500 huérfanos por violencia machista desde la entrada en vigor de la Ley Integral en 2005", cuenta Marisa Soleto.

Desde la Fundación Mujeres relatan que una vez transcurrido el tiempo, desaparece el foco de atención sobre los huérfanos y no se produce la reparación.
En este sentido, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género quiere corregir todos esos errores y está previsto que se reconozca a los huérfanos como víctimas directas de violencia machista. "El pacto ha identificado estos problemas. Hay que modificar el código civil y la ley de enjuiciamiento criminal para dotar a los hijos e hijas de derechos y para que se garantice una atención completa y satisfactoria", explica Ángeles Álvarez.

Asimismo, otra de las reivindicaciones por parte de la Fundación Mujeres es más información. "Solo contamos con la información del atestado policial, pero apenas sabemos nada sobre las tutelas, las órdenes del juez o la situación previa de los hijos", comenta Soleto.

En esta línea también se ha pronunciado la organización Save the Children en su último informe donde denuncia que no hay información disponible sobre las medidas de protección jurídica y social que se están llevando a cabo con los niños que han quedado huérfanos.

El presupuesto destinado, una incógnita

Sin embargo, sin recursos económicos todos estos aspectos quedan en papel mojado y, de nuevo, el presupuesto destinado al Pacto de Estado no está definido. El pasado 31 de enero Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, compareció en el Congreso para hablar sobre el Pacto donde dejó en un limbo la financiación de dicho pacto.

A pesar de asegurar que la mitad de las medidas ya están en marcha, la realidad es que no hay ninguna partida presupuestaria específica. De hecho, el gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales de este año los 200 millones de euros que prometió. Además, la ministra tampoco confirmó si su ministerio pedirá un crédito extraordinario a través de un decreto ley para dotar de fondos a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para luchar contra esta violencia. 

En palabras de Ángeles Álvarez el gobierno sigue bloqueando la puerta para la actuación ya que no hay una decisión financiera y presupuestaria que haga posible la aplicación de todas las medidas que recoge el Pacto de Estado. Además, la portavoz socialista alarmó de que sin una concreción presupuestaria los fondos no estarán listos hasta el 2019.