Un total de 25 familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés han presentado una querella contra los directores de cinco geriátricos de dichas localidades y también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad y de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique Ruiz-Escudero y Enrique López, respectivamente, por su gestión en estos centros, donde han fallecido un gran número de ancianos durante la pandemia.

La denuncia se suma a la ya presentada por 26 familiares, también miembros de la Marea de Residencias, de diez geriátricos de la capital también por la supuesta mala gestión de estos responsables públicos y de los geriátricos en la crisis del coronavirus.

Una de las novedades en esta nueva querella es que los denunciantes incluyen como querellado a Enrique López. Los denunciantes le consideran responsable de lo sucedido durante esta pandemia en dichos geriátricos "por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril".

La Marea de Residencias señala que López ha llegado a afirmar que las residencias estaban "medicalizadas", y que dijo que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros "no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque eran competencias del Gobierno central". Toda una falsedad a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma "deja claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid".

Las querellas también se dirigen contra los directores de la Residencia de Alcorcón, Aralia Parque de los Frailes, DomusVi Leganés, Amavir El Encinar y Vitalia Home Leganés.

Los denunciantes relatan en los escritos las situaciones vividas por sus familiares en dichos centros, dependiendo del caso, como "la falta de equipos de protección durante días de los trabajadores, la imposibilidad de comunicarse con ellos, el incumplimiento de algunas medidas de zonificación o aislamiento decretadas, la denegación de derivación al hospital por no cumplir con determinados criterios, la mala gestión que favoreció nuevos contagios, la falta de test de diagnóstico", "casos que demuestran un oscurantismo, falta de veraz información, verdades a medias y falta de transparencia".

Por todo ello, los familiares les acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante, todos ellos imputables a la presidenta madrileña, los dos consejeros y los responsables de estas cinco residencias.

Piden también al Juzgado que en estas causas comparezcan como testigos el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; la exdirectora de Salud Pública, Carmen Fuentes; y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, entre otros.

En las querellas también incorporan los diferentes autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que acordó y reiteró, a instancias de los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés, que las residencias de dichas localidades debían recibir por parte de la Comunidad de Madrid y con la mayor urgencia posible el personal sanitario necesario y todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los ancianos como para el personal que trabaja en ellas, y todo ello en cumplimiento de lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo.