España suspende en la aplicación de los compromisos que adquirió en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, cuya cumbre se celebró en Marrakech en 2018. Allí, 152 países miembros de la ONU acordaron los principios para abordar los retos que suponen las migraciones a nivel global desde un enfoque integral que conciliara los beneficios del movimiento de personas, los derechos humanos y la legalidad en la materia.

Esta es la conclusión de diferentes ONG llevan más de cuatro años evaluando los 23 objetivos que se marcaron entonces, que no son vinculantes, pero están basados en tratados internacionales de derechos humanos que España ya tiene suscritos.

Las organizaciones Red Acoge, Médicos del Mundo, Cepaim, Rumiñahui y Alianza por la Solidaridad, que participan en el seguimiento y vigilancia de los compromisos, han presentado este jueves sus conclusiones después de cuatro años de vigencia del pacto y antes de la cumbre del Foro de Examen de la Migración Internacional, que será en Nueva York entre el  16 y el 20 de mayo.

"España ha suspendido en los compromisos. Los avances han sido limitados y sin abordar cuestiones de fondo o problemas estructurales", ha resumido Paloma García, directora de Desarrollo Estratégico de Red Acoge. García ha lamentado esta situación sobre todo ahora, cuando la guerra en Ucrania "ha demostrado que, cuando hay voluntad política, se puede proteger y facilitar la inclusión de las personas desplazadas por un conflicto".

En su informe Migrar por derecho: desafíos del Estado español ante el Pacto Mundial de Migraciones, las organizaciones hacen hincapié en las grandes tareas pendientes del Gobierno en cuanto a la protección de las personas migrantes en sus fronteras, a derechos laborales, al favorecimiento de una migración regular y en materia de integración, igualdad de trato y no discriminación.

Externalización de fronteras y devoluciones en caliente

A pesar de que varios de los objetivos del pacto hablan de una "gobernanza de las fronteras" que garantice "protección a las personas migrantes", las ONG recuerdan que España ha ido sellando desde hace décadas acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito de migrantes, sobre todo, con Marruecos, Mauritania y Senegal. Unos acuerdos que iniciaron la llamada externalización de sus fronteras y delegaron el control migratorio en estos países, donde hay pocas garantías para el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Los acuerdos alcanzados, además, son una fórmula que cierra la puerta a la creación de vías legales, ordenadas y seguras para migrar. "Eso obliga a las personas a buscar rutas alternativas más largas y peligrosas, lo que hace que aumenten las muertes", ha denunciado Pablo Iglesias, Técnico de Incidencia de Médicos del Mundo. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como el colectivo Caminando Fronteras han denunciado el disparado aumento de las muertes en las rutas migratorias por mar hacia España, sobre todo hacia Canarias. Son más de 4.400 muertes las que ha contabilizado Caminando Fronteras en 2021. 

Poco ha cambiado en estos cuatro años de pacto, recuerdan las organizaciones, que son tajantes al señalar que "externalizar fronteras es sinónimo de externalizar el cumplimiento de derechos humanos". Añaden que el Pacto Europeo de Migración y Asilo que se negocia en Bruselas ahonda todavía más en estas políticas que convierten a terceros países en gendarmes de facto de las fronteras europeas.

El informe también señala las más de 4.000 devoluciones sumarias o en caliente, que las fuerzas de seguridad y los militares españoles llevaron a cabo en la frontera entre Ceuta y Marruecos en mayo de 2021, cuando el país vecino permitió el paso de más de 10.000 personas en menos dos días. Aquellas devoluciones, ampliamente criticadas, contravenían la legalidad internacional, aunque el Gobierno las justificó como "rechazos en frontera", una polémica figura que trataba amparar legalmente las devoluciones en caliente y que fue incluida en la ley mordaza sin que haya visos de que sea eliminada.

A pesar de que los objetivos del acuerdo mundial para las migraciones establece que la detención de migrantes sea un último recurso, en España sigue siendo habitual y prioritaria la privación de libertad de personas migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Allí pueden pasar hasta 60 días mientras se intenta ejecutar una expediente de devolución o de expulsión por estancia irregular en el país o por entrada irregular, aunque ninguna de estas figuras son delitos, sino una falta administrativa. Por estos opacos centros no solo han pasado adultos, sino también menores y son habituales las denuncias de malos tratos a los internos que rara vez son debidamente investigadas, abundan las ONG.

Difícil migración regular y desigualdad laboral

Otra de las materias en las que España no cumple sus propios compromisos es en la implementación de mecanismos regulares para la movilidad laboral. Salvo los programas de contratación en origen de mano de obra de migrante para las campañas de recogida de la fresa de Huelva, son escasas las fórmulas de movilidad laboral que se utilizan en España.

Además, las posibilidades de obtener permisos de trabajo que recoge la Ley de Extranjería "se han demostrado ineficaces, selectivas y no responden a la realidad del mercado laboral español", asegura el informe. Destaca la enorme bolsa de personas en situación irregular, cifrada en alrededor de 500.000 personas que no cumplen los requisitos establecidos y se ven abocadas a la economía sumergida, la explotación laboral y la desprotección.

El informe también pone sobre la mesa la elevada tasa de paro entre las personas extranjeras, que asciende al 20,89% frente al 12,71% de los españoles, o que el salario medio de los trabajadores migrantes es un 28,3% inferior al de los nacionales. Señala que gran parte del empleo migrante sigue restringido casi por completo al sector agrícola y al empleo del hogar y de cuidados. Mientras, España sigue sin ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que equipara sus derechos a los de otros sectores en cuanto a descansos, vacaciones o prestación por desempleo.

Escasos avances en integración y no discriminación

Por último, las organizaciones señalan que no se están cumpliendo los objetivos del pacto relacionados con la integración, la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes. En concreto insisten en que la Ley de Extranjería sigue condenando a un periodo mínimo de tres años en la irregularidad a las personas hasta que pueden obtener sus papeles. Recuerdan que hay retrasos de hasta ocho meses en las renovaciones de permisos de residencia, generando situaciones de irregularidad sobrevenida.

Esta situación hace que miles de personas no puedan siquiera denunciar como víctimas de un delito por miedo a que la Policía les abre una expediente de expulsión. También denuncian que se siguen produciendo identificaciones policial basadas en el perfil étnico o racial, una práctica "discriminatoria, humillante y estigmatizante" para la población migrantes.

Por otra parte, denuncian que no mejoran los indicadores socioeconómicos de este nicho de población, cuyo 58% está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 18,7% vive en situación de hacinamiento en su hogar. Además, señalan que las personas en situación irregular no tienen acceso al Ingreso Mínimo Vital y que los migrantes regularizados deben acreditar un año de residencia legal en España para poder solicitarlo.