ZARAGOZA.- La Oficina de la Década del Agua de la ONU se va de Zaragoza. Pero no cierra. Seguirá funcionando. De hecho, se disputan su sede Ginebra (Suiza) y Los Ángeles (EEUU). Sin embargo, no continuará en la capital aragonesa por varios motivos, entre los que destacan los problemas que han provocado para su funcionamiento los repetidos impagos de la aportación anual que el Gobierno de Aragón se comprometió a realizar para financiarla.

Distintas fuentes han confirmado que los impagos se produjeron durante toda la pasada legislatura autonómica, 2011-2015, y que estos ya habían comenzado en la anterior, en la 2007-2011, cuando el Gobierno de Aragón empezó a aplicar ajustes presupuestarios ante sus estrecheces económicas.

La instalación en Zaragoza de oficina, creada para coordinar las acciones de las 19 agencias de la ONU que trabajan en asuntos relacionados con el agua –Fao, Unicef y Unesco, entre otras- y anunciada en 2006, fue vendida en su día por el Gobierno autonómico y por el ayuntamiento de la capital aragonesa como uno de los éxitos diplomáticos relacionados con la celebración de la Expo 2008.

Un doble convenio presupuestado en 1,4 millones de euros anuales

En aquella época, la comunidad gestionaba un potente Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (Ciama, hoy reducido a centro de interpretación de la naturaleza) y sus representantes integraban la dirección de la Red Encore (Conferencia de las Regiones de Europa sobre Medio Ambiente) mientras la oposición al proyecto de macrotrasvase del Ebro al arco mediterráneo y la aplicación de los principios de la Nueva Política del Agua la señalaban como un referente de ámbito mundial en asuntos hídricos. Sin embargo, la comunidad no puso demasiado esmero en mantener esa línea de trabajo tras la Expo.

Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno autonómico y Ayuntamiento de Zaragoza firmaron en mayo de 2007 el convenio para instalar la oficina en la capital aragonesa, una iniciativa que la ministra Cristina Narbona había comenzado a negociar en 2004 y que finalmente remataría en septiembre de 2006 el responsable de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en un convenio suscrito con el secretario general de la ONU Kofi Annan.

Entre las claves para lograrlo destacaban “los compromisos de apoyo institucional y material de las tres administraciones”. Sin embargo, estos se fueron diluyendo paulatinamente.

El ministerio aportó 1,4 millones de euros para financiar el funcionamiento de la sede en 2006 y 2007, la comunidad puso 700.000 euros y el municipio, 300.000 más la sede, un edificio modernista conocido como Casa Soláns cuyos gastos de mantenimiento estaban valorados en otros 200.000 por ejercicio. La financiación de los ocho años siguientes debía ir siendo acordada mediante sendas adendas al convenio al finalizar los años impares.

Varios años sin aportación de la comunidad autónoma

“Las consejerías de Economía y Medio Ambiente se pasaban la pelota” y nadie terminaba haciéndose cargo de los pagos, explican fuentes conocedoras del proceso, que admiten que financiar la Oficina del Agua “no era una de las prioridades, ni mucho menos”, cuando comenzaron los ajustes. Eso ocurrió hasta 2011. Los impagos por parte de la comunidad fueron la tónica en la legislatura 2011-2015, cuando el ejecutivo PP-Par de Luisa Fernanda Rudi relevó al PSOE-Par de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel.

Mientras tanto, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Zaragoza seguían realizando sus aportaciones para financiar el funcionamiento del organismo internacional.

La Oficina del Agua cerrará finalmente sus puertas en Zaragoza el 31 de diciembre. Su directora, Josefina Maestu, confirmó esta semana que la ONU no ha respondido a la petición de Gobierno español para que este organismo se mantenga en la capital aragonesa. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, pidió por carta el mes pasado a la ONU y a Madrid que evitaran el traslado de la oficina a otra ciudad.

Otro fiasco en la gestión de la postExpo 2008

El cierre de la sede de la ONU supone otro de los fiascos de la gestión de la postExpo en Zaragoza. Hace menos de dos meses, el Gobierno autonómico anunció la inyección, por la vía de la ampliación de capital, de 109,6 millones en Expo Zaragoza Empresarial.

La maniobra financiera, enmarcada en una operación destinada a refinanciar otros 106 millones de deuda de las plataformas logísticas, tiene como objetivo enjugar el multimillonario desfase patrimonial que arrastra esta empresa pública, creada para vender los edificios del recinto de la muestra internacional ante de que pasen, formalmente, a estar catalogados como activos tóxicos. El ejecutivo autonómico prevé que cierre este año con unas pérdidas de algo más de seis millones de euros