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Océanos El negocio de los mares: un puñado de empresas explotan todos los recursos ante la escasa regulación internacional

Un estudio reciente de la revista 'Science' alerta de cómo muy pocas empresas concentran cada vez más poder en los océanos y cómo la debilidad de las regulaciones, nacionales e internacionales, fomenta la sobreexplotación de los ecosistemas marinos.

Un barco de Greenpeace patrulla por las aguas del Ártico.
Un barco de Greenpeace patrulla por las aguas del Ártico. Natalie Thomas / REUTERS

alejandro tena

Las aguas del planeta Tierra son cada vez más opacas. En las últimas décadas, el uso comercial de los océanos ha ido creciendo, convirtiendo los mares en recipientes industrializados donde el extractivismo se impone a la biodiversidad. Las lógicas de explotación guardan una coherencia con las economías terrestres, ya que la mayor parte de la economía marina global se concentra tan solo en cien empresas transnacionales, de las que diez controlan el 45% de la riqueza proporcionada por los ecosistemas oceánicos. Así lo evidencia una investigación recién publicada por la revista Science, que resalta cómo la falta de controles internacionales sobre los océanos han favorecido el desarrollo de actividades contaminantes y con un gran impacto ambiental.

"Ver al océano como un motor para el crecimiento económico futuro puede entrar en conflicto con las dimensiones sociales y ambientales de los objetivos para el uso sostenible de los océanos acordados a lo largo de décadas en compromisos y tratados internacionales", sostiene la investigación, que alerta de que las industrias oceánicas podrían echar por tierra el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y agravar las consecuencias de la crisis climática.

De hecho, nueve de las diez principales empresas que más beneficios obtienen de la explotación oceánica se dedican a la extracción de petróleo y gas de yacimientos marinos. Saudi Aramco, Petrobras, National Iranian Oil Company, Pemex, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Equinor, Total y BP encabezan un ranking en el que todas las actividades relacionadas con los combustibles fósiles marinos representan el 65% de los beneficios globales que da el mar. En ese top 10, sólo hay una compañía, AP Moller-Maersk, que no se dedica a la extracción de recursos fósiles y sus ganancias se deben al transporte de mercancías.

A los combustibles fósiles le siguen el transporte marítimo, que genera el 12% del total de la economía marina; la construcción naval, responsable del 8 % de los beneficios; la construcción de plataformas marítimas, con el 5%; la industria del marisco, que da el 4% de las ganancias globales; el turismo de cruceros, responsable del 3%; y las actividades portuarias, que acumulan el 2% de las ganancias de la economía oceánica. No se incluyen en el análisis realizado por Science nuevas prácticas económicas relacionadas con la transición ecológica, como la implantación de plantas de energía renovable, así como otras actividades económicas como la búsqueda de patentes genéticas para la industria farmacéutica.

Pilar Marcos, bióloga y responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, explica a Público que los datos de esta investigación científica certifican que la industria del petróleo no sólo se resiste a morir, sino que ha encontrado una forma de seguir siendo una fuente de riqueza, pese a los impactos que tiene la extracción y la quema de estos combustibles. "Los propios tratados internacionales, como el Acuerdo de París, nos dicen que no podemos extraer ni una gota más de petróleo o gas si queremos frenar el cambio climático", apunta la experta, quien señala como la falta de normativas internacionales que regulen la explotación de los mares da facilidad a que estas prácticas se sigan perpetuando.

Esa misma visión es recogida también por los investigadores de Science. Los autores indican que "los altos niveles de concentración en la economía oceánica" en "un pequeño puñado de empresas transnacionales" suponen un riesgo "evidente", si se tiene en cuenta que la ausencia de tratados internacionales sobre el mar les permite actuar como grupos de presión sobre los gobiernos en los que se asientan sus sedes, de tal forma que las regulaciones de las aguas nacionales quedan a su antojo. "Tal concentración ha contribuido a los desequilibrios en el poder político y, en algunos casos, al acaparamiento de océanos, donde los recursos caracterizados como bienes públicos son capturados por unos pocos", señala.

"Todo depende de la voluntad de los países y hay muchos a los que no les interesa firmar los tratados"

Y es que, mientras que el Acuerdo de París trata de obligar a los países firmantes a reducir la quema de combustibles fósiles, en los mares, tanto en aguas nacionales como internacionales, no existen tratados internacionales consensuados que asienten unos mínimos sobre la explotación. "Todo depende de la voluntad de los países y hay muchas potencias a las que no les interesa firmar los tratados o cumplirlos", expone Ricardo Aguilar, coordinador de Expediciones de la organización Oceana

El Ártico, ejemplo de desprotección

El Ártico es, quizá, el mejor ejemplo de esa laxitud normativa en torno a la regulación de la economía marina. En 2018, Rusia, China y Noruega vetaron la decisión de la Comisión Oceánica del Ártico para elevar la protección del ecosistema y evitar la proliferación de exploraciones petrolíferas y de gas. "Es una tragedia y un círculo vicioso, porque un tercio de las reservas fósiles se encuentran bajo el hielo de esta zona y, como el cambio climático está provocando el deshielo, cada vez hay más empresas y naciones con sus ojos puestos en la zona, en busca de nuevos yacimientos", denuncia Marcos.

El periodista Neil Shea es testigo de las consecuencias que esta falta de regulación está teniendo en la zona. Tanto es así que en 2019 documentó en un reportaje para National Geographic cómo este ecosistema se está convirtiendo en un escenario de "guerra fría" donde las naciones han desplegado ya ejércitos para controlar un territorio que, con el deshielo, descubrirá nuevos yacimientos.

"El problema del Ártico no tiene tanto que ver con la regulación internacional como con los acuerdos que alcancen los países que tienen territorio allí. Al final es una zona que está bien troceada y que, según se va produciendo el deshielo, aparecen lugares nuevos para explotar. Precisamente, estas nuevas actividades van a favorecer que ese deshielo se acelere", advierte Aguilar. "En el caso de que hubiera acuerdos internacionales sobre este problema, al final todo dependería de que los Gobiernos tuvieran voluntad. Es como cuando le decimos a Brasil que no puede arrasar la Amazonia, son sus tierras y puede hacer lo que quiera. Lo único que se puede hacer en estos casos es que los países pongan sanciones".

Mecanismos de protección

Dada a concentración de poderes y la ausencia de organismos que regulen con firmeza las actividades que se desarrollan en los océanos, Science ve en las "finanzas azules" una fuente capaz de frenar la sobreexplotación de los mares. "Los bancos, en particular, pueden promover la sostenibilidad dada su capacidad para vigilar a las empresas y adaptar los términos de los préstamos. Incorporando criterios de sostenibilidad en los convenios de préstamos y obligando a las empresas a revelar información no financiera, evaluaciones de riesgo ambiental, reducción de las emisiones de CO2, establecimiento de objetivos basados ​​en la ciencia, etc., los bancos podrían incentivar el uso responsable del océano y acelerar la transformación hacia mejores prácticas", apunta la investigación.

"No se puede ni se debe esperar que la voluntad corporativa sustituya a las políticas públicas"

Aguilar señala también a las grandes compañías aseguradoras como elementos capaces de frenar el desarrollo de una economía intensiva en los mares. "Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un acuerdo para que estas empresas no aseguren los negocios relacionados con pesca ilegal en aguas internacionales", expone el experto. Sin embargo, los investigadores de Science advierten que las herramientas financieras son sólo un elemento importante, pero una solución: "No se puede ni se debe esperar que los esfuerzos corporativos voluntarios para operar de manera sostenible sustituyan a las políticas públicas".

"Los gobiernos tienen un papel crucial que desempeñar no sólo en proporcionar un contexto regulatorio que proteja los valores ecológicos y sociales ajenos al mercado, sino también en la creación de incentivos para la innovación rápida en la estrategia y práctica empresarial hacia la administración corporativa y codificar los marcos legales y regulatorios en consecuencia", zanja la investigación.

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