MADRID.- "Todas las reformas son complejas, pero todas deben centrar el debate en la evidencia, propiciar un diálogo continuado entre los actores involucrados y aprobarse con el mayor consenso posible". Son palabras de Diana Toledo Figueroa, analista de Políticas en la Dirección de Educación de la OCDE que este miércoles ha presentado en Madrid el informe Política educativa en perspectiva 2015: hacer posibles las reformas.

Diálogo y consenso. Dos palabras que han brillado por su ausencia en la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada con el rodillo del PP (y la abstención de Foro y UPN) entre críticas de la comunidad educativa erigida en la Marea Verde por la opacidad con la que se tramitó y a la que se oponen 12 comunidades autónomas, que se niegan a aplicarla.

De hecho, en el documento puede leerse además que "España podría también beneficiarse de una mayor coherencia entre distintas autonomías para cumplir así las prioridades educativas tanto a nivel nacional como autonómico", haciendo referencia al veto de las autonomías no gobernadas por el PP.

Sin embargo, la OCDE aplaude en cierto modo la ley Wert y la gestión del Gobierno en materia educativa porque en el informe destaca que España (marcada por el elevado paro juvenil y con una tasa de abandono escolar superior a la media de la OCDE) ha realizado "un esfuerzo para mejorar la eficiencia de la inversión educativa en respuesta a la crisis económica". El trabajo, presentado en un acto organizado por la Fundación Santillana, señala "el aumento de las horas lectivas, la revisión del tamaño de las clases, el ajuste de la educación a la demanda y la revisión de las tasas universitarias" como "medidas para abordar el uso racional de los recursos en educación". O dicho de otra forma, el recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cuatro años.

El informa indica además que los centros escolares españoles necesitan "apoyo sostenido para responder al rápido y gran aumento de alumnos inmigrantes que están experimentando". Diana Toledo remarca, aun así, que ese es también un reto para muchos otros países de Europa.

El informe hace hincapié precisamente en los retos compartidos entre los países de la OCDE para lograr la calidad y la equidad en la educación. El acceso al mercado laboral, la evaluación, la autonomía de los centros y el liderazgo educativo son algunos de estos objetivos que el informe señala como prioritarios. Para Toledo, los países que han llevado a cabo políticas referentes son Reino Unido y Chile (para frenar el abandono escolar), Dinamarca y Alemania (en el acceso al mercado laboral) y Noruega (en materia de evaluación).

Sin embargo, Toledo advierte de que las políticas no son sólo papel. "Hay que implementarlas y evaluarlas". De hecho, la analista pone de manifiesto un dato preocupante: de las más de 450 políticas que les fueron reportadas para la elaboración del informe, sólo un 10% habían sido evaluadas por los países que las llevaron a cabo.