MADRID.- En 2015 Silvia se presentaba por primera vez a unas oposiciones con la intención de desarrollar su carrera laboral como maestra en la Comunidad de Madrid. A sus 32 años accedía con la convicción de conocer la dificultad que conlleva lograr una plaza fija.

Pasado el primer año de experiencia no contaba con que en la ya de por si frágil condición de docente interina, las bases que regían el concurso al que se presentó cambiarían repentinamente a inicios del 2016. En Madrid, el gobierno de Cifuentes y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F llegaban a un acuerdo para cambiar los criterios por la que se organizan las listas de interinos. Silvia desconocía que en este nuevo texto, su calificación pasará a contar menos de la mitad: de un 80% a un 32% del total.

Por contra, la experiencia laboral ascenderá de un 15% a un 39%. Si se suman una serie de puntos que se otorgan por el simple hecho de haberse presentado anteriormente a una oposición, una persona que entra en el sistema por primera vez podrá optar a menos de la mitad del pastel: un 39% (su nota de oposición más el expediente académico).

La razón de ser del nuevo decreto se fundamenta en la inclusión de las personas mayores de 55 años —con 10 cursos de servicio— y todos aquellos que sumen 15 cursos de experiencia como “colectivo de especial consideración”. En su defensa del acuerdo, el sindicato CCOO considera que dichas personas se encuentran en riesgo de exclusión social debido al decreto 42/2013 aprobado durante el controvertido mandato de la Consejera de Educación —e imputada en la Trama Púnica— Lucía Figar (2012-2015). “De golpe y porrazo cerca de 8.000 profesores se vieron fuera de las listas al cambiar el cálculo de la experiencia laboral y pedir una titulación específica para poder ejercer, cuando los interinos habían salido de las universidades con una titulación de magisterio general”, afirman desde CCOO.

A Silvia no le parece justo lo que sucedió en ese momento, pero echa en falta la misma protección e indignación sindical que cuando aquellos fueron los mayores perjudicados. En los meses de verano, Silvia, junto a otros damnificados por el nuevo acuerdo, aunaban fuerzas a través de las redes sociales con la esperanza de lograr un cambio que contemple las situaciones de ambos colectivos: “Nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo, hemos creado una iniciativa en Change.org y recogeremos firmas en la calle para pedir un trato justo”. Su principal reivindicación se sustenta en que una modificación de la regulación de las listas debe realizarse convocando un nuevo procedimiento selectivo, tal y como establece el propio decreto.

Además, añaden que una alteración de las bases de la convocatoria a mitad de camino choca frontalmente contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en la función pública que rigen el ingreso a la administración. Idéntico argumento por el que CCOO impugnó el decreto 42/2014 de Figar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para Silvia el motivo del descontento no radica en la ventaja de las personas mayores per se, si no en que estas personas tengan preferencia en las listas hayan aprobado o no la oposición: “Que estén pasando gente con ceros y unos es sangrante”, argumenta Silvia. De ese nuevo colectivo creado, el 81’4% (un total de 704 personas) no han aprobado una oposición desde antes del año 2005, según datos elaborados por compañeras de Silvia y que ella misma recoge en su blog ‘Abajo las Opos’.

También critican la falta de transparencia en la consulta que llevó a cabo CCOO entre afiliados y no afiliados: “Muchas personas votaron a favor del acuerdo porque no fueron informadas con claridad. Yo estuve presente y la gente pensaba que los mayores de 55 años serían los primeros de su lista, no que tendrían preferencia por delante de todas. Ni siquiera informaron del número de personas que nos superarían”, asegura la docente interina.

Sandra Villa, portavoz de Afili@dos de Base de Enseñanza de CCOO en Madrid, cuestiona que el acuerdo afecte realmente a tantas personas: “Son muy pocas personas. Hay que tener en cuenta que esto se hace porque los más jóvenes en un futuro también serán mayores y se verán desamparados y en riesgo de exclusión social”.

Respecto al riesgo de exclusión social, Silvia recuerda que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor paro juvenil y que la presión ejercida sobre las nuevas generaciones para formarse en idiomas y tecnologías es apremiante: “A nosotros nos exigen un nivel C1 de inglés y el conocimiento de recursos digitales; mientras ves a compañeros presumir de no saber utilizar una pizarra digital”. Y destaca: “El sistema al que volvemos con el nuevo decreto es el que se perpetua en otras comunidades y el que existía en Madrid hasta 2013. En estas comunidades no es necesario aprobar para poder trabajar, la gente firmaba y seguía trabajando únicamente porque tenía experiencia. Esa forma de actuar no deja de ser injusta para el que entra por primera vez sin experiencia alguna”.

El cobro del verano, una lucha eternamente aplazada

A principios del verano, salía a la luz que la cifra de profesores interinos despedidos a final de curso en el conjunto del territorio nacional alcanzaba su récord desde el inicio de la crisis: más de 50.000 docentes. En comunidades como Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla y León, los trabajadores son despedidos sin ningún tipo de prestación.

Para acabar con esa sistémica desprotección, los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSI-F) lograban a finales de junio un principio de acuerdo con el gobierno de la comunidad para el pago del verano a los docentes interinos. Afili@dos de Base, corriente crítica dentro del sindicato Comisiones Obreras cuyos miembros también han tenido un papel primordial dentro de la conocida Marea Verde, exigían la vuelta a las condiciones del decreto de 2006 eliminado a finales del curso 2012 por Esperanza Aguirre.

Sin embargo, a pesar de que en el texto acordado se garantizará el pago del verano, en el acuerdo tiene importantes matices: “Con el nuevo decreto se establece que solo volveremos al pago de 5 meses y medio, la situación de 2011, transcurridos tres años. Y la firma del acuerdo tampoco garantiza el pago del verano porque depende de una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Si no se efectúa una enmienda no van a realizar el pago a los interinos”, detalla la portavoz de Afili@dos de Base.

Contemplando el conjunto del acuerdo, Sandra Villa cree que se ha cedido ante el ejecutivo madrileño a cambio de muy pocas cosas. Una de las causas se encuentra, según ella, en la falta de indignación en la calle y en la escasa movilización que lleva haciendo CCOO desde hace mucho tiempo: “Los años de agravios que hemos sufrido con Aguirre y González, y que Cifuentes sigue ejerciendo con la comunidad educativa, deberían haber pesado más. Firmamos un acuerdo pero por otro lado nos encontramos con que Cifuentes nos quita la FP, ponen a los directores a dedo, la reposición de las plazas de jubilados siguen cubriéndose con interinos y no con plazas fijas, faltan profesionales para atención a la diversidad debido al exceso de ratio o la implantación de las reválidas en este curso. Estamos en una situación en la que deberíamos estar protestando como sindicato constantemente y organizando una gran movilización”.

Esa es una de las cuestiones en las que coinciden Sandra y Silvia. Ambas consideran que debería haber existido una mayor implicación en el nuevo acuerdo de baremación de interinos. “Hay que reconocer que la gente afiliada a los sindicatos se moviliza mucho más que nuestra generación. Probablemente votaron todos ellos a favor mientras nosotros estábamos en nuestras casas y ahora nos llevamos las manos a la cabeza”, sostiene la autora del blog ‘Abajo las Opos’.

Desde la plataforma crítica de CCOO, Sandra Villa asevera que las catorce huelgas educativas acumuladas en la Comunidad de Madrid han acabado con la ilusión y se ha instaurado la sensación de que no se consigue nada movilizándose: “El maltrato y el rodillo hacia el cuerpo de interinos ha destrozado su capacidad de reacción. La plantilla interina ya supone un 25% del total en Madrid desde el inicio de la crisis. El gobierno regional lo sabe y juega con la precariedad del profesorado. Nadie nos puede asegurar que mañana no llegue otro decreto y cambie las reglas del juego”.

La existencia de cuatro o cinco profesores diferentes al año y un profesorado que ve como su única posibilidad de seguir ejerciendo es superando una oposición cada dos años perjudica directamente a la calidad de la educación de los alumnos. Con el acuerdo firmado en marzo, el único punto de acuerdo entre afectados y sindicatos, el profesorado interino se verá aliviado de la presión de superar la oposición cada dos años y se le guardará su mejor calificación durante cuatro convocatorias seguidas. Hasta la firma del nuevo decreto, la calificación obtenida solo tenía validez durante dos convocatorias.