"Los europeos no arriesgarán sus vidas por las emisiones de CO2, los carriles bici o la Agenda 2030". Es sólo una pequeña parte del discurso que el miércoles pasado dio el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en el Comité Europeo de las Regiones. El dirigente ultraderechista aprovechó los focos para izar la bandera del negacionismo de la crisis climática, acusando al resto de dirigentes europeos de utilizar el "catastrofismo climático" para "silenciar las verdaderas amenazas" del viejo continente.

Las palabras del político de Vox no son sólo una pose, sino que recogen buena parte de las políticas ambientales que el Ejecutivo está impulsando y que ya desplegaba anteriormente cuando Alfonso Fernández Mañueco gobernaba en solitario.

Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, recuerda que las medidas de desregulación en materia ambiental no son nuevas y que el PP lleva gobernado más de 30 años. "Esta gente hace declaraciones incendiarias, pero luego los otros las hacen suyas. Si hay que hablar de políticas, más que hacer lo que intentan es deshacer", opina. Desde la oposición al Gobierno también desacreditan las palabras del vicepresidente en Europa. "Han avergonzado a toda Castilla y León, menos a Mañueco. Están negando lo que tristemente y desgraciadamente lleva años padeciendo Castilla y León, como nadie: despoblación, incapacidad de regular todas las potencialidades ambientales de la comunidad, el despliegue de renovables o el desmantelamiento de los medios públicos", explica José Luis Vázquez, portavoz de Medio Ambiente del PSOE. 

Los incendios históricos de 2021 y 2022

Las políticas forestales del Gobierno castellano y leonés son, quizá, el ejemplo más nítido de un problema que este verano se ha materializado en forma de incendios. De hecho, la comunidad autónoma lleva dos veranos consecutivos concentrando los mayores focos de España, con el fuego de Sierra de la Culebra en julio de 2022 como más grande de la historia de Castilla y León, y el de Navalacruz, en agosto de 2021, como el segundo más dañino. Lejos de ser una coincidencia, el centenar de hectáreas que han quedado calcinadas en los dos últimos años responde a los problemas de planificación de los operativos, la mayoría de ellos privatizados, y al desmantelamiento de los equipos de prevención de incendios que trabajan durante el invierno.

La situación no parece ir a mejor, si se tiene en cuenta que este mismo otoño, después de que Castilla y León registrase su peor año en materia de incendios, la Junta ya ha comenzado a desarmar los equipos de prevención. Según han denunciado los sindicatos de bomberos, al menos el 60% de los efectivos dejaran de trabajar durante los meses de frío, cuando se realizan todas las labores de limpieza y desbroce para prevenir grandes inviernos en verano. 

La falta de políticas forestales tiene su propia vertiente negacionista de la crisis climática, pues el INFOCAL, el protocolo de prevención y extinción de incendios lleva sin ser renovado desde el año 1999 y en su texto no incluye ninguna mención al cambio climático y sus efectos negativos para la propagación de incendios.

Más macrogranjas 

Las políticas ganaderas de la Junta también llevan tiempo en confrontación con el bienestar ambiental del territorio. Actualmente, hay 587 macrogranjas asentadas y otras 80 en trámite, a pesar de que se trata de un modelo industrial que cuenta con el rechazo de buena parte de la población. 

La apuesta firme por este tipo de instalaciones está provocando problemas en numerosos pueblos castellano y leoneses, con acuíferos contaminados que dificultan el acceso al agua potable. Según las cifras de la Junta, en 2021 había 387 municipios asentados en zonas vulnerables por la contaminación de las masas de agua subterránea, buena parte de ellos en la provincia de Segovia, donde hay 1,2 millones de cerdos frente a 150.000 habitantes.

Despoblación

La otra cara de las décadas sucesivas de gestión es la sangría demográfica que lastra a la comunidad castellano y leonesa. Desde 1987, el territorio ha perdido 200.000 habitantes y más del 25% de los habitantes superan los 65 años de edad.

Las proyecciones a futuro tampoco son halagüeñas, pues los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan a Castilla y León como la Comunidad Autónoma que más población perderá en los próximos quince años, con 96.888 habitantes menos de aquí a 2037.

"Es un Gobierno pacato y carente de medidas contundentes para fijar esa población. Nos hemos dedicado a exportar energía, alimentos y ahora también exportamos a nuestros jóvenes", denuncia el portavoz socialista. 

Caza del lobo y tauromaquia

Además de los temas climáticos, el tema del animalismo es otro de los puntos más polémicos de las políticas de PP y Vox en en el primer gobierno con la ultraderecha de la historia de la Democracia. De hecho, en los últimos años, Castilla y León ha sido una de las principales regiones de España en oponerse a la prohibición de la caza del lobo. El Ejecutivo, antes de que entrase Vox en el Gobierno, llegó a firmar una carta junto a Galicia, Cantabria y Asturias para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que se permitiese la caza del mamífero.

Desde Ecologistas en Acción advierten sobre cómo el discurso de los conservadores se estanca en "decir que los problemas que puedan tener los ganaderos con el lobo es culpa de Europa y del Gobierno". Después, "no hacen nada más, no son proactivos, y tienen durante todo el año abandonados a los ganaderos de extensivo", dice Blázquez.

El gusto por la caza va parejo al impulso de la tauromaquia. El cambio más reciente ha sido la decisión tomada por Vox de dotar con 18.000 euros el premio para el maltrato del toro, que hasta la fecha no llevaba acompañada ninguna dotación económica, tal y como adelantó eldiario.es. La llegada de la ultraderecha, de hecho, ha radicalizado aún más las posturas del Ejecutivo en esta materia, llegando en el mes de siempre a tratar de impugnar un reglamento de propio PP que impedía la celebración tradicional del Toro de la Vega.