MURCIA.- La Consejería de Sanidad de Murcia tiene en marcha 33 expedientes informativos sobre otros tantos médicos y gerentes de área debido a posibles incumplimientos de la ley de Incompatibidades por trabajar simultáneamente en el Servicio Murciano de Salud como funcionarios y en instituciones no estatales como la Universidad Católica o, incluso, clínicas privadas. Sin embargo, aparentemente ninguno de ellos ha dejado de realizar su actividad privada desde la apertura de los expedientes.

Los expedientes llevan abiertos cuatro meses y medio, desde el 27 de febrero, según un portavoz de la Consejería, y todavía no se ha resuelto ninguno. Se irán resolviendo “en los próximos días”, según la misma fuente.

Todo empezó con una denuncia por escrito del Sindicato Profesional de Sanidad (SPS-La Intersindical) que fue registrada en el Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) el 8 de febrero. La organización sindical reclamaba, en su escrito a la Inspección General de Servicios de Dirección General de la Función Pública murciana, de acuerdo con los posibles incumplimientos de las incompatibilidades, la apertura de expedientes disciplinarios que, consecuentemente, acabarían en sanción en los casos oportunos. Pero la consejería decidió abrir expedientes meramente informativos, que son los que supuestamente están a punto de empezar a resolverse. Preguntado al respecto, el portavoz contestó que “no hay constancia” de que alguno de los 33 profesionales en la lista del SPS haya abandonado su actividad privada en los últimos meses.

En la denuncia, el SPS precisa que al menos 33 empleados públicos del SMS incumplían notoriamente la ley 53/84 General de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; la ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal sanitario de los Servicios de Salud; la ley 5/2001 del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

De acuerdo con esas leyes son “faltas disciplinarias” de carácter “muy grave” los incumplimientos del régimen de incompatibilidades por los funcionarios públicos. Además, puesto que todos los relacionados son de nivel directivo, la ley 5/2001 establece que la renuncia al régimen de especial dedicación para ejercer una actividad privada paralela, “no podrá ser ejercida por aquellos facultativos sanitarios que ocupen plazas de nivel de complemento de destino 28 o superiores, así como cuando el sistema de provisión de las mismas fuera de libre designación”

Los principales empleados públicos relacionados eran: cuatro gerentes de Área sanitaria del SMS (Juan Antonio Marques Espí; José María Cerezo Corbalán; Carlos Arenas Díaz; Mercedes Barba Pérez), que prestan su actividad en un Máster impartido por la privada Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y/o en centros privados, mantenía la denuncia nunca desmentida, y que no pretendía ser exhaustiva según el SPS. Es decir, que puede haber al menos otra docena de empleados públicos no relacionados en la denuncia que incurren en los mismos o similares incumplimientos de la incompatibilidades, mantienen la fuentes sindicales: son, al menos 52.

Había también, “a modo de ejemplo”, dos jefes de servicio de Unidades Administrativas y de Gestión del SMS que tienen actividad paralela en la empresa privada: Pablo Vigueras Paredes y Juana Aguilar Mediavilla. Estaban igualmente relacionados, “a modo de ejemplo”, 27 jefes de Servicio y de Sección Facultativos de hospitales públicos de la Región de Murcia que también tienen actividad en la empresa privada: Alfonso Pérez Martínez; Francisco José Acosta Villegas; Juana Aguilar Mediavilla; Antonio Albarracín; Juan Antonio Luján Mompeán; Lucas Jesús Asensio Egea; Julio Bento Gerad; Juan de Dios García Contreras; José Francisco Frías Iniesta; Juan Domingo Alonso Lajara; José María Marín Sánchez; Manuel Medina Quirós; Claudio José Piqueras Pérez; Vicente García Medina; Francisco Toledo Romero; Ricardo Arias Muñoz; Esther Rocío Calvo Cuesta; Mateo Campillo Agustí; Juan Antonio Carmona Valera; Juan Luis Delgado Marín; Miguel Costa Andreo; Luis Óscar Fontana Compiano; Pablo Luis Guzmán Martínez Valls; José Antonio Pons Miñano; Fernando Lope Garnica Marín; Tomás Palazón Tovar y Tomás Vicente Vera.

El SPS se vio obligado a relacionar los nombres en su denuncia porque un primer escrito entregado en 2014 a la Consejería, que dirigía y dirige Encarna Guillén, fue rechazado con el argumento de que el SMS, cuyo gerente era Manuel Ángel Moreno, no tenía constancia de qué personal podía estar involucrado en los incumplimientos de las incompatibilidades, explicó a Público el secretario de organización del SPS, Antonio Martínez Alburquerque.

“Esto no se circunscribe a que 50 personas estén incumpliendo la ley. Detrás hay una especie de mafia que planea sobre la Sanidad murciana”, precisó Alburquerque. “Incluso hay gente que está trabajando a la vez en el SMS y en clínicas privadas concertadas. Y esto lo sabe de sobra la Consejería”, añadió.