Encerradas, aisladas y sin derechos, para las trabajadoras del hogar la pandemia ha significado aún más explotación en un sector que ya estaba muy precarizado. "Estamos sometidas a una invisibilidad y precariedad tremendas que durante la pandemia simplemente han sido exteriorizadas", afirma Rocío Echeverría, trabajadora del hogar e impulsora del Colectivo Micaela, de la comarca barcelonesa del Maresme.

Julia –nombre ficticio– es trabajadora del hogar en diferentes casas, donde limpia y cuida a mayores. Hacía dos años que cuidaba a diario a un hombre mayor, que vivía con la mujer y el hijo, que no se podían hacer cargo de él. De un día para otro, la mujer murió. Julia no sabía el porqué hasta que unos vecinos le dijeron que había sido por coronavirus: toda la familia se había contagiado y no se lo habían dicho, aunque ella iba a la casa a diario. "No me dijeron nada; lo más fácil fue callar", explica en conversación con Público.

El hijo la está llamando para que vuelva, pero ella lo ha descartado. "No quiero saber nada más". Al saber la situación, pidió hacerse una PCR y dio positivo. Aunque era asintomática, esto le hizo saltar todas las alarmas, porque trabaja con más personas mayores. De todas ellas, una señora de 95 años dio positivo. "Si no me lo llegan a decir, yo sigo, cargándome a no sé cuántas personas más. Tuve mucho miedo", explica. Julia tomaba todas las precauciones sanitarias, con los materiales de protección, como mascarillas y guantes, costeados de su propio bolsillo, pero esto no evitó el contagio al tratarse de una profesión que requiere un contacto muy cercano. De hecho, según el estudio de seroprevalencia llevado a cabo a nivel estatal, las cuidadoras a domicilio son el segundo colectivo profesional que más se ha contagiado –un 16,3%–, solo por detrás de los sanitarios –un 16,6%–. Las siguen las trabajadoras dedicadas a las tareas de limpieza, con un 13,9%. En el conjunto de la población la incidencia es del 9,9%.

Más allá del susto, para Julia dar positivo significó dejar de trabajar y de cobrar. No tiene papeles y trabaja en negro, por horas. Esto implica que no tiene derecho a la baja o a otro tipo de subsidio. "Es la vía que nos toca a nosotros, los que somos ilegales", afirma. Le queda un año para poder obtener el permiso de residencia. La situación le ha supuesto estrés y sufrimiento psicológico. "Una se ve perjudicada laboralmente porque no tiene derechos", explica. En ningún caso se ha planteado denunciar, porque le da miedo que tenga consecuencias. "No soy de aquí, soy ilegal. ¿Por qué buscarme problemas? ¡Me deportarán!". La solución pasa por "no volver a esa casa y pasar página", apunta.

"Hace años que el trabajo de cuidados es el más precarizado y explotado, y con la pandemia estas cosas se han incrementado", afirma Isabel Valle, miembro de la asociación Mujeres Unidas Entre Tierras. Actualmente en España hay unas 580.000 trabajadoras del hogar, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), de las que menos de 400.000 están dadas de alta en la Seguridad Social. Una de cada tres trabaja en la economía sumergida.

Más allá de eso, la pandemia también ha tenido impacto en el desempleo de las trabajadoras del hogar. Según una encuesta de la asociación de Valle, de las 107 trabajadoras preguntadas, un 20% había perdido el contrato a raíz de la pandemia. Tan solo un 24% declaró mantener el contrato con las mismas horas y sueldo, mientras que más del 40% habían sido despedidas de al menos un trabajo por culpa del coronavirus.

Las internas, las más afectadas

Las trabajadoras internas, que representan prácticamente la mitad de las trabajadoras del hogar según el sector, son las que se han visto más afectadas por la situación. "Hay chicas que se han quedado encerradas tres o cuatro meses porque cuidaban a ancianos y no podían salir", cuenta Valle. Es lo que le ocurrió a Martina –nombre ficticio–, que había llegado a Catalunya apenas un mes antes del confinamiento. Necesitaba encontrar trabajo con urgencia y aceptó una oferta para estar de interna –viviendo en el domicilio laboral– cuidando a una señora de 96 años, que vivía con el hijo. Al inicio del confinamiento, le dijeron que no podía salir de casa los fines de semana. "La señora me dijo que si salía no volvería a entrar". Ella reclamó que, si no podía salir, le pagaran también los fines de semana, porque trabajaba igual. Pero la familia se negó, diciendo que ya le pagaban el techo y la comida. Durante dos meses, hasta mayo, no pudo salir ningún día. Cobraba 600 euros al mes. Además, relata cómo el hijo de la señora la acosaba sexualmente y también la insultaba: "Me dijo que los migrantes somos mierda y no servimos para nada. Yo soy microbióloga".

Martina cree que la irregularidad administrativa las pone en una posición vulnerable que hace que los empleadores se aprovechen: "La documentación cuenta mucho en la manera en que nos tratan". Además, la pandemia ha añadido un peldaño a esa precariedad. "Nuestra irregularidad nos hace sufrir y trabajar de manera abrupta. Debemos aceptar las reglas que nos imponen, no hay otra opción", dice.

"¿Qué empleador no se aprovecha? Si no tienes papeles, te pagan menos", denuncia Valle. Rocío Echeverría, del Colectivo Micaela, coincide y añade: "No solo en la pandemia; se nos vulnera, agrede y violenta desde siempre". Valle es tajante: "No tener papeles no significa no tener derechos". Echeverría apunta a que las internas se ven obligadas a trabajar "sin descanso". "No pueden acceder a ningún derecho, se ven sometidas a lo que las familias ofrecen, y esto es algo que no se quiere ver, ni tocar, ni visibilizar". Sobre si los dos casos expuestos en este texto son excepcionales, Echeverría sentencia: "Ha habido miles de casos".

La activista señala que, debido a la Ley de Extranjería, los empleadores no pueden hacer contrato a una persona en situación irregular. "Muchas familias se aprovechan de esto para no reconocernos derechos básicos, y a las mujeres las impulsa a la precariedad y a la sumisión y a aceptar condiciones esclavizantes".

Echeverría está en situación regular, pero solo tiene contratos verbales con las casas donde trabaja. Ahora está en tres, pero antes de la pandemia eran cinco. "Soy una de las mujeres precarizadas; no puedo acceder a ningún tipo de ayuda. Y esto no se refleja en ninguna estadística", critica. Precisamente, una de las reivindicaciones del Colectivo Micaela es que las instituciones censen a las trabajadoras del hogar para "saber la realidad y cómo mejorarla". "Queremos unas estadísticas reales", afirma Echeverría, que reitera que el colectivo pretende "acabar con las políticas asistencialistas" y luchar por "una política de derechos reales y coherentes, acordes a lo que la sociedad necesita".

Un subsidio extraordinario con limitaciones

Las trabajadoras del hogar y los cuidados cotizan en un régimen especial de la Seguridad Social que no contempla el derecho al paro. Con el estado de alarma y tras la reivindicación del colectivo, el Gobierno español impulsó una ayuda extraordinaria para las que habían sido despedidas por el confinamiento. Las empleadas, sin embargo, lamentan que hay que reunir requisitos que excluyen a la mayor parte, como estar dadas de alta en la Seguridad Social o disponer de un contrato por escrito. "No estamos siendo consideradas todas", afirma Rocío Echeverría, del Colectivo Micaela. "Hablamos solo de las que cotizan y que han podido demostrar que fueron despedidas después del 25 de marzo; muchas lo fuimos antes", añade. Además, para las que sí han tenido acceso al subsidio, el importe solo cubre el 70% del salario que recibían. Isabel Valle, de Mujeres Unidas entre Tierras, recuerda que la mayor parte de trabajadoras no cotizan porque no tienen papeles: "Y este trabajo es el único acceso que tenemos para regularizar nuestra situación administrativa en un futuro".