La inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se reúne desde este lunes, ha estado precedida por la llegada de una carta con membrete oficial dirigida al presidente de esa institución, el Cardenal Juan José Omella. La nota provenía del ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra y contenía, fundamentalmente, una crítica hacia la Iglesia por su escasa "contundencia" a la hora de actuar contra los abusos sexuales en el seno de dicha institución.

Lo que este lunes se ha plasmado en una carta nació el pasado jueves en el Congreso. Ese día, en el marco del debate y aprobación de la ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia ante la violencia, Belarra afirmó que "la Iglesia Católica demasiadas veces ha sido cómplice en nuestro país encubriendo la violencia sexual hacia los niños y esto se tiene que terminar".

A la mañana siguiente, la CEE dio a conocer una nota de prensa en la que repudió esas declaraciones. "Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad", afirmaba la nota de los obispos, que defendían además que, según "estudios independientes recientes", solamente "el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección".

La declaración pública de la Conferencia Episcopal ha motivado una carta a Omella firmada por la directora de Gabinete del ministerio que dirige Belarra, en la que manifiesta su "sorpresa" ante la nota de prensa de la jerarquía eclesiástica. Tras repasar la "contundencia" de las declaraciones del Papa Francisco contra esa lacra, el ministerio sostiene que "la Iglesia católica española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos" por el máximo responsable del Vaticano. 

"A diferencia de otros países europeos donde se han llevado a cabo investigaciones independientes, España no ha investigado aún en profundidad el problema de pederastia en el seno de su Iglesia. Parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos", destaca la carta.

Entre otros aspectos, recuerda que "la propia Fiscalía General del Estado en el año 2019 reclamó también a la Iglesia católica española que dejase de filtrar las sospechas de abusos sexuales que le llegan y las comunique directa e inmediatamente a las autoridades competentes. Algo que, por el momento, sigue sin ocurrir".

"Por todo ello, desde este departamento consideramos plenamente ajustadas a la realidad las declaraciones expresadas por la ministra y queremos rogarle encarecidamente que ponga fin de inmediato a la situación descrita con el objetivo, que a buen seguro compartimos, de garantizar el derecho de los niños y las niñas de nuestro país a una vida libre de cualquier tipo de violencia, segura y feliz", afirma.

"Ni partido, ni lobby de poder"

Mientras tanto, Omella evitó cualquier alusión concreta a este asunto en su discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria de la CEE. Durante su intervención, el presidente de la Conferencia defendió que la Iglesia "es una empresa, ni un partido político, ni un grupo de presión social, ni un lobby de poder, ni se identifica con ninguna ideología de este mundo".

También se refirió a "la tentación de algunos, que querrían apartar a la Iglesia del diálogo social, cultural y político", ante lo cual sostuvo que "la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno". "Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas", afirmó.