Desde que en octubre de 2013 se aprobara la declaración de impacto ambiental para una mina de uranio en Salamanca, los conflictos que rodean al proyecto no han dejado de crecer. El Partido Popular, que por aquel entonces mantenía el apoyo intacto de sus votantes durante más de tres décadas al frente del Gobierno regional, no calculó la oposición que generaría la posibilidad de instalar la mayor mina y planta de concentrado de Europa en torno a un mineral potencialmente radiactivo para la región y sus alrededores.

La ingenuidad de tal planteamiento contrastaba con la visión de la población afectada en la parte occidental de las tierras salmantinas, conocida por albergar uno de los balnearios más importantes de España que –según los expertos- podría remontarse a la época romana para el tratamiento de afecciones reumáticas, dermatológicas y respiratorias crónicas. Cabe destacar que esta zona forma parte de la Red Natura 2000, por el valor único de los hábitats y especies que residen en las riberas de varios ríos afluentes del Duero, como el Yeltes.

“El PP tuvo un error de cálculo y consideró que la oposición a la mina iba a estar liderada por los activistas urbanitas. La realidad es que quienes están liderando la lucha contra la mina es gente de las comarcas afectadas, mayoritariamente ganaderos y ganaderas, conscientes de que la apertura de la mina pondrá en riesgo la economía local, acabando de forma inmediata con actividades tradicionales como la ganadería de vacuno o el turismo rural y termal", explica José Sarrión –diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León-.

No estamos ante un hecho insólito en la región, denuncia Sarrión. En los últimos tiempos, la población rural castellana se está viendo violentada por proyectos que amenazan su moda de vida y economía tradicional: macrogranjas en Soria y Zamora que obligaran a cerrar pequeñas explotaciones ganaderas; y la futura instalación de la mina de uranio en Salamanca o de feldespato en Ávila.

En esta lucha contra la empresa australiana Berkeley, ideóloga del proyecto, ha tomado un papel primordial la plataforma Stop Uranio. Empezaron siendo cuatro o cinco personas que levantaron la voz y han conseguido movilizar a toda la región en contra de la mina, hostigados por la empresa –reclamándoles 500.000 euros por injurias y calumnias- y nombrados personas ‘non gratas’ por el Ayuntamiento de Retortillo. “Lo que estamos viviendo en Salamanca es más propio de Latinoamérica que de Europa, están intentando amedrentarnos por todas las vías: con multas, impidiendo asambleas en el pueblo o llevando a trabajadores de la empresa al pleno del Ayuntamiento a modo de arietes”, denuncia el portavoz de la plataforma José Ramón Barrueco.

Obras que la empresa Berkeley realiza en el Retortillo (Salamanca). EFE/WWF

En el momento en que mantenemos una charla telefónica, Barrueco se encuentra junto a los juzgados de Salamanca apoyando a una compañera de la plataforma que fue multada por la Guardia Civil durante una concentración de protesta el año pasado.

Las revelaciones que se han ido sucediendo en los últimos tiempos no dejan a la minera australiana en muy buen lugar. Según informaba en 2015 la Cadena Ser, Berkeley contrató a Manuel Lamela como lobista –ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña durante el mandato de Aguirre- un mes después de que Arias Cañete fuera nombrado comisario de Energía de la Comisión Europea. Conscientes del pasado de Lamela como subsecretario de Agricultura durante la era Aznar, donde su inmediato superior era Cañete, Berkeley conseguía la aprobación para la mina de uranio con la rúbrica del comisario de Energía.

Según denuncia José Sarrión (IU), en una pregunta que elevó su partido político a la Comisión Europea, “desconocemos los motivos técnicos que mantuvo el departamento de Cañete para dar luz verde a la mina, dado que Berkeley no dio su consentimiento para que se publicara el informe”.

Más tarde vendría la rúbrica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Ministerio de Industria, con la oposición de la exministra Cristina Narbona a retomar una actividad que estaba parada desde el 2000, argumentando que “es precisamente en Retortillo donde se suspendió la minería porque el uranio de la zona tenía un contenido pobre y por su baja rentabilidad económica”.

Las redes de influencia que tejió la minera australiana también se extenderían a nivel local en el municipio de Retortillo. De acuerdo a una denuncia de la plataforma Stop Uranio, el exalcalde de la localidad y su equipo de gobierno -del Partido Popular- estuvieron acusados de cohecho por haber facilitado la concesión de permisos municipales a Berkeley –supuestamente- a cambio de retribuciones personales. La querella contra los cargos públicos ha sido recurrida por Stop Uranio después de ser desestimada por el juez competente.

A esta denuncia de la plataforma activista, hay que sumarle no menos de cinco causas judiciales abiertas contra Berkeley. Entre ellas se encuentran la tala masiva de encinas en la zona, la construcción de una planta de concentrado de uranio y una carretera de acceso a la mina, sin que la empresa minera tuviera las pertinentes autorizaciones y licencias urbanísticas.

Protestas contra la mina de uranio en Retortillo. EQUO

Pero quizá la causa más importante, que obligaría a reanudar el proyecto desde el principio, es la abierta en la Audiencia Nacional contra la autorización previa que el Ministerio de Industria concedió a la empresa Berkeley para la instalación de la mina y la declaración positiva de impacto ambiental. Esta decisión se ha visto avalada por el Procurador del Común, figura de defensor del pueblo de la comunidad autónoma, declarando ilegal la evaluación ambiental de la Junta de Castilla y León al no abarcar la localidad de Retortillo.

Desde Ecologistas en Acción aseguran que “una nueva declaración de impacto, que incorpore un estricto condicionado ambiental, llevaría a un incremento considerable del coste de explotación y un control exhaustivo de su actividad minera en caso de que se llegue a abrir”.

El rechazo de Portugal, nuevo varapalo contra Berkeley

A mediados de marzo, el parlamento portugués rechazaba por unanimidad la instalación de una mina de uranio próxima a su frontera. La fuerte oposición de la sociedad portuguesa, refrendada por la totalidad de partidos representados en la Asamblea, se encuentra motivada por los malos recuerdos que tiene el uranio para nuestro país vecino.

Abandonada la última mina del país hace 17 años, explica Pedro Soares –presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento portugués-, el uranio se convirtió en un pasivo con consecuencias enormes sobre el medio ambiente y la salud humana. “La descontaminación de los edificios de la mina y de las casas de los mineros aún no ha concluido, con especial preocupación por el surgimiento de un elevado número de neoplasias en el aparato respiratorio y un índice de mortalidad superior al de la media por la radioactividad. Portugal aprendió y no quiere repetir, justo al lado de nuestra frontera”.

Las posturas defendidas por ambos países no pueden estar más lejos de un punto de encuentro. Mientras que Portugal ha realizado una transición notoria hacia las energías renovables, superando en el mes de marzo la producción de electricidad renovable a la consumida por primera vez desde que se tienen registros, está teniendo que asumir los efectos nocivos de la política energética española basada en los combustibles fósiles y la energía nuclear.

Antes de la disconformidad con la mina en Retortillo, que afectará al tramo internacional del río Duero y al abastecimiento de dos millones de portugueses, la central nuclear de Almaraz también sembró la discordia entre ambos países. “La decisión española de construir un almacenamiento temporal de residuos nucleares en Almaraz se llevó a cabo sin evaluar el impacto ambiental transfronterizo que exige la legislación comunitaria. Ahora un accidente nuclear en la central de Almaraz tendría efectos catastróficos en Portugal, dada su proximidad al río y la cercanía con la frontera portuguesa. Mantener una central que superado hace muchos años su vida útil y que tiene problemas de seguridad recurrentes es de una irresponsabilidad enorme”, detallan a Público.es representantes de Os Verdes.

En 1991, España y Portugal firmaban el Convenio de Espoo que tenía como objetivo aplicar la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos. A pesar de que este proyecto tendrá efectos ambientales significativos para Portugal, denuncia el partido ecologista luso, “no nos han involucrado en ningún momento en la toma de decisiones”.

“Si España no puede internalizar todas las consecuencias de la apertura de una explotación de uranio, y no es factible que lo consiga, no puede imponer unilateralmente estas consecuencias a sus vecinos. El comportamiento del Gobierno español respecto a Almaraz y Retortillo no nos ofrece la confianza que debería existir entre pueblos vecinos”, concluye Pedro Soares (Bloco de Esquerda).