MADRID.- La ampliación del copago farmacéutico para los pensionistas que perciban más de 18.000 euros al año, anunciada esta mañana en una entrevista radiofónica por la ministra de Sanidad y luego desmentida por la ministra en su cuenta de Twitter, tendría más de dos millones de damnificados.

A tenor de los últimos datos publicados por la Seguridad Social, correspondientes a diciembre de 2016, la medida afectaría a uno de cada cuatro pensionistas, sin tener en cuenta otras rentas que eventualmente pueda ingresar.

Dolors Monserrat, que accedió al cargo hace poco más de dos meses, tras la investidura de Mariano Rajoy favorecida por el PSOE, no reveló el montante de la subida, que trató de minimizar calificándola de "ajuste".

Desde 2012, los perceptores de pensiones del sistema público superiores a los 18.000 euros anuales ya sufragan una porción del coste de los medicamentos que les prescribe el médico; en concreto, un 10%, con un máximo de 18,9 euros al mes; aunque el tope es inferior para los que cobran menos de 18.000 euros anuales: 8,26 euros al mes.

Algunas autonomías, sin embargo, han creado subvenciones que compensan de ese copago, como es el caso de la Comunidad Valenciana, donde en la práctica están exentos de él los pensionistas que ganan menos de mil euros al mes o tienen una discapacidad del 65% (del 33% en el caso de los menores de edad).

El anuncio hecho por Dolors Monserrat afectaría al menos a 2.087.046 titulares de pensiones contributivas, del total de 8.609.085 contabilizados por la Seguridad Social a 1 de diciembre de 2016. De esos dos millones largos de personas, más de una cuarta parte (561.585) son mujeres y el resto (1.525.461) hombres. Por lo general, en el caso del colectivo femenino, las pensiones son más bajas; sobre todo, las de jubilación.
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Este copago formó parte de las políticas de recortes aplicadas durante la legislatura en que Rajoy disfrutó de mayoría absoluta y el objetivo del Gobierno, según la ministra de Sanidad, es acentuarla ahora, pese a estar en minoría en el Parlamento. La Comunidad de Madrid, siendo presidente Ignacio González, también penalizó por su cuenta la compra de fármacos con cargo a la Seguridad Social, gravándola con un euro por receta, pero los tribunales tumbaron la decisión.