La estación de autobuses de Granada se convirtió el pasado miércoles en un improvisado centro de coordinación de ONG, parroquias y vecinos. El objetivo era buscar una solución para 54 personas migrantes procedentes de Malí que habían llegado a España en patera durante el pasado fin de semana y habían quedado desamparados. Una vez más, las redes de solidaridad vecinal cubrieron las obligaciones de la Administración y, de paso, "demostramos que no hacen falta políticas migratorias que generan sufrimiento para las personas", subrayan a Público los voluntarios.

Los jóvenes migrantes llegaron al puerto de Motril tras ser rescatados por Salvamento Marítimo y pasaron 72 horas en dependencias policiales. Es el tiempo máximo que pueden permanecer en calabozos antes de ser confinados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para intentar deportarlos a su país de origen o pasar a alguno de los programas de ayuda humanitaria del Gobierno, sistemas de acogida de las Comunidades Autónomas, Servicios Sociales de un ayuntamiento u organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, estos 54 jóvenes se vieron de repente en un ciudad extraña, sin recursos, sin orientación, sin comida ni dinero.

"Hoy el Gobierno central ha abandonado a su suerte a 54 jovencitos en la calle, sin recursos", lamentaba en su muro de Facebook la concejala de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez. Según la edil socialista, la Policía y la Delegación del Gobierno le avisaron de la situación con apenas una hora de antelación para buscar una solución. Fuentes policiales aseguran a Público que "no se abandonó a su suerte a nadie. Simplemente se les puso en libertad".

Según estas fuentes, las 54 personas llegaron sin documentación y fue imposible identificarlas, establecer cuál era su país de origen e iniciar el proceso de repatriación. "Si ningún país les reconoce como nacionales no podemos hacer nada. Están indocumentados, no pueden estar en un CIE y no podemos retenerlos más de 72 horas", resume la Policía, que también asegura que durante el fin de semana contactaron con varias ONG (no han podido precisar cuáles) para que intentaran hacerse cargo de ellos, pero el incremento de llegadas de migrantes a Andalucía parece haber saturado los recursos de acogida y también las dependencias policiales. Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada dan la misma versión: "No se les abandona, se les pone en libertad".

Ola de solidaridad

Ante esta situación, la concejala Sánchez contactó rápidamente con diferentes ONG ya que el Ayuntamiento no contaba con recursos de acogida disponibles, explica Inés Barrios, portavoz de la Coordinadora Granadina de ONGD. Varios voluntarios fueron recogiendo a los migrantes a la salida de comisaría y los llevaron hasta la estación de autobuses para poder coordinar una solución. Allí fueron examinados por personal médico de la Cruz Roja y de Médicos de Mundo, que les facilitaron medicamentos de primera necesidad. Ya ocurrió algo parecido el pasado diciembre, cuando el Gobierno fletó un autobús desde Motril para trasladar a otros 50 migrantes que también quedaron desamparados.

"Pusimos en marcha una especie de gabinete de crisis y empezamos a buscar salidas. Voluntarios de la Parroquia de La Chana y de la Mezquita de Cartuja y otras organizaciones les dimos alimentos, les buscamos habitaciones para que pasaran la noche y se dieran un ducha, les dimos ropa y tarjetas de teléfono para que pudieran hablar con sus familiares, porque llevaban sin hablar con ellos desde que subieron a la patera", relata Barrios, que destaca la "enorme ola de solidaridad" que se generó tras el aviso de la concejala.

Pero sobre todo, destaca la voluntaria, les orientaron y les ayudaron para continuar su proyecto migratorio. "Todos tienen claro a dónde van a ir y tienen gente que les espera", relata, por lo que, a día de hoy, sólo quedan siete personas en Granada de los 54 que quedaron abandonados. "Les hemos comprado billetes, algunos han ido a Almería, 15 están ya en Barcelona, otros han ido a Madrid, algunos irán en las próximas horas a Bilbao o a San Sebastián... Los que están aún aquí han dormido en la Mezquita o en un albergue que ha pagado la comunidad musulmana, y pasarán la noche en casas de vecinos que se han ofrecido hasta que localicen a sus conocidos en sus lugares de destino", señala la cooperante, que apunta que algunos quieren llegar a Francia.

"Las organizaciones se han volcado, la concejala Derechos Sociales ha estado presente en todo momento y los vecinos del barrio han traído de todo a pesar del alto índice de paro en la zona. La ola de solidaridad ha sido enorme ante unos sistemas de protección y acogida que no han funcionado como debieran", critica Barrios, que apunta que "lo que no tiene explicación es que la Subdelegación de Gobierno no tenga un dispositivo claro y bien dotado para estas situaciones". La portavoz de la Coordinadora Granadina de ONGD añade destaca la "ausencia total de la Administración central y una inhumanidad sin límites" y reprocha que, entre los migrantes abandonados había varios que manifestaban ser menores de edad.

Paralización de un "CIE encubierto"

Algunas organizaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) no creen que esta situación de abandono sea casual y la relacionan con la decisión de la alcaldía de Motril de negar los permisos de obra para la construcción de un centro de retención de inmigrantes en unos antiguos edificios militares de la ciudad. La edil socialista, Flor Almón, paralizó unas obras que el Ministerio de Interior llevaba tiempo planeando y para las que había presupuestado tres millones de euros.

Diferentes plataformas y vecinos de Motril, uno de los principales puertos receptores de pateras del país, se han movilizado durante las últimas semanas para decir "no" a lo que consideran un "CIE encubierto". La intención del departamento de Zoido era reformar las instalaciones para poder albergar las primeras 72 horas a los migrantes que llegan al puerto, ya que las actuales dependencias están en muy mal estado y no son adecuadas. La campaña CIE no Granada organizó una manifestación a la que acudieron miles de vecinos que temían que aquello fuera el inicio de un nuevo centro de internamiento.

"El propósito de fondo [con el abandono de migrantes] es crear alarma social ante las "oleadas" de migrantes que llegan a Andalucía", apunta la APDHA, que ve en esta situación "una estrategia de presión" para que el Ayuntamiento de Motril permita las reformas.

En esa línea también apuntan las organizaciones que han prestado asistencia a los 54 migrantes. "Dan a entender que si hubiera un CIE en Motril esto no habría pasado, pero nosotros no queremos centros de detención para gente cuyo único delito es no tener papeles. Esos recursos económicos deberían destinarse a proyectos de acogida y a elaborar una protocolo de actuación, porque ahora viene el buen tiempo y vamos a tener más situaciones como está", añade la cooperante.