A punto de cumplirse tres años de la huelga que cerró la industria del metal de Cádiz durante nueve largos días de protestas y cargas antidisturbios, sindicatos y empresarios negocian un nuevo convenio colectivo que sustituya al que puso fin a aquel conflicto laboral, uno de los mayores de los últimos tiempos en España. De momento, nadie ha sacado del armario los tambores de guerra tras varias reuniones e intercambios de propuestas. El aumento de la carga de trabajo en los astilleros ha reducido bastante la inquietud en un sector que da empleo a miles de personas en una de las provincias con más paro. Pero todo está todavía por decidir.

El metal de Cádiz no es un sector económico cualquiera. Es el más importante de esa provincia -únicamente superado por el de servicios-, que da empleo a cerca de 30.000 personas en cientos de empresas auxiliares de las grandes compañías de construcción naviera y aeronáutica instaladas en varias localidades de la Bahía gaditana. En noviembre de 2021, los trabajadores de ese sector estratégico en el suroeste de España se pusieron en pie de guerra para exigir unas mejores salariales y laborales a las que se negaba en redondo la patronal, hasta que, tras nueve días de huelga, accedió a firmar un nuevo convenio colectivo con los sindicatos CCOO y UGT.

La vigencia del convenio expiró en diciembre, pero su cláusula de ultraactividad prevé su validez durante dos años más, hasta que se firme uno nuevo. Y, de momento, ya se ha gastado casi un año de esa ultraactividad sin que haya ha habido acuerdo, ni siquiera acercamiento, entre patronal y sindicatos para sellar un convenio que sustituya al que puso fin a la huelga de 2021. Las negociaciones comenzaron en junio, pero algunas organizaciones sindicales creen que todo va muy lento, debido, fundamentalmente, a la negativa de los empresarios a acceder a sus peticiones de nuevas mejoras laborales y salariales. CCOO aventura, incluso, que el acuerdo será "complicado".

Lo último que han cerrado CCOO, UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (FEMCA) es un calendario de reuniones hasta final de año, en las cuales estudiarán diversas propuestas sobre subidas salariales, jornada de trabajo, pluses, contrataciones y otros aspectos laborales. "Ahora mismo la intención es llegar a un acuerdo. Luego ya veremos qué ocurre", dice a Público el secretario general de la Federación de Industria de UGT en Cádiz, Antonio Montoro.

Hasta ahora, los puntos de acercamiento han sido mínimos entre ambas partes. Según el responsable de comunicación de Industria de CCOO en Cádiz, Pedro Lloret, de los nueve puntos que incluía la plataforma que entregaron a FEMCA cuando comenzaron a negociar, tan sólo en uno no ha habido discrepancias: es el que fija el salario mínimo por convenio, que ya estaba recogido en el anterior. "Cualquier incremento salarial por encima del IPC se llevan las manos a la cabeza. Están -dice Lloret- en una posición que parece muy marcada por Garamendi", el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Los fijos discontinuos acaparan el sector

La regulación de la figura de los fijos discontinuos es uno de los grandes caballos de batalla en esta negociación. Según CCOO, el 73% de los nuevos contratos que se hacen ahora en el sector del metal de Cádiz son fijos discontinuos, una figura que reforzó la reforma laboral de 2021 como alternativa a los contratos eventuales por obra y servicio con muchas menos garantías para los trabajadores y sin carácter indefinido.

Pedro Lloret explica a Público que los fijos discontinuos del metal no son lo mismo que los de la hostelería o de servicios como la limpieza de centros escolares, donde hay una temporada de trabajo establecida que permite hacer un calendario de las contrataciones. Por eso, precisa, requieren una regulación específica en el convenio colectivo del sector. "Aquí -añade- hay trabajadores que entran y salen 20 veces al año, que trabajan un día o una semana y luego se van. Lo que nosotros queremos es que haya un mínimo de meses con contrato y que en la bolsa sepas cuándo te van a llamar. Que esté todo más clarito y que no haya incertidumbre".

De similar opinión es la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), un sindicato que no participa en la mesa de negociación del convenio colectivo, pero que cada vez tiene más afiliados y seguidores en la industria auxiliar gaditana. Esta organización sindical asegura que muchos empresarios de este sector "están jugando", para su propio beneficio, con la figura del contrato del fijo discontinuo, cuya regulación, a su entender, debe mejorarse para evitar abusos.

"Esto funciona así: tú tienes una plantilla de cien trabajadores para cincuenta puestos de trabajo. A los cincuenta que sobran los tienes en el banquillo y los utilizan cuando te viene bien. Juegan con ellos, porque hay mucha gente esperando. Y la cuestión es que se saltan el orden de llamamiento y que se utiliza con otros motivos, no por la carga de trabajo que haya", explica uno de los portavoces de la CTM, Diego Rodríguez.

La imagen del banquillo también la utiliza Pedro Lloret, de CCOO: "Los fijos discontinuos se han convertido en un banquillo muy caro que a la patronal le resulta muy barato. Los están mal utilizando", dice. A su juicio, debería definirse claramente el uso de este tipo de contratos, su duración y los criterios de selección en la bolsa.

La patronal quiere cobrar la reducción de jornada al trabajador

Aparte del siempre espinoso tema de los incrementos salariales y el mantenimiento del poder adquisitivo con las subidas del IPC, la duración de la jornada laboral es otro de los asuntos que ha originado ya importantes diferencias en la negociación del nuevo convenio colectivo del metal gaditano, sobre todo a raíz de la propuesta del Gobierno de reducirla progresivamente por ley hasta las 37,5 horas semanales, rechazada de plano por la CEOE.

En septiembre, UGT ya advirtió de que la patronal del metal defendía que la reducción de la jornada debía de "salir del bolsillo del trabajador", esto es, que una disminución de las horas trabajadas habría de llevar consigo la percepción de un menor salario. Pero ese sindicato tiene muy claro su postura al respecto: "la jornada será la que estipule la ley. Hay cosas que son innegociables. La ley siempre hay que cumplirla. La ley no se negocia", subraya Antonio Montoro.

A juicio de CCOO, es inviable también que los empresarios pretendan que la reducción de la jornada laboral salga del esfuerzo del trabajador. "Están apostando por hacerse fuertes ahí, que ese tema no aparezca en los convenios. Vamos a ver qué pasa en las reuniones que tenemos previstas hasta final de año", advierte Lloret.

La posición de los empresarios en el arranque de las negociaciones no hace aventurar, al menos a CCOO, un final feliz, de momento. "Por lo que se está viendo con la CEOE, nos va a costar sacar un convenio en condiciones. Va a ser complicado conseguirlo rápido, porque ha vuelto el discurso de la patronal de hace tres años", pronostica su portavoz en la federación de Industria.

La Federación de los Empresarios del Metal de Cádiz, FEMCA, no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre la marcha de las negociaciones y el contenido de sus propuestas para acordar un nuevo convenio colectivo en un sector económico estratégico de esa provincia y de toda la comunidad autónoma andaluza.

La lentitud de las negociaciones en Cádiz contrasta, sin embargo, con lo ocurrido en la vecina Sevilla, donde los mismos sindicatos firmaron a finales de octubre el acuerdo con la patronal hispalense FEDEME para el nuevo convenio colectivo del sector del metal en esa provincia, del que se beneficiarán hasta 2026 un total de 88.720 trabajadores de 7.222 empresas, con una subida salarial fijada entre el 9 y el 13%, en función de la evolución del IPC.

El nuevo convenio del metal sevillano ha sustituido al que firmaron sindicatos y empresarios en noviembre de 2021, casi al mismo tiempo que el acuerdo que puso fin a la huelga en Cádiz, y que, como en el caso del gaditano, venció en diciembre de 2023.

Los cambios del sector desde la huelga

Desde que se firmó el acuerdo que acabó con la huelga hace tres años algo ha cambiado en el sector del metal gaditano. Por ejemplo, según la CTM, han bajado en torno a un 20% los incumplimientos del convenio, entre otras razones, porque los trabajadores han adquirido una mayor conciencia y denuncian en mayor número las irregularidades cometidas.

Diego Rodríguez asegura que ellos tramitan una media de un centenar de denuncias al año contra empresas que incumplen el convenio colectivo del sector en aspectos relacionados con las horas extra, la jornada de verano o los contratos. "Hemos mejorado algo en el respeto de nuestros derechos", admite el portavoz de la Coordinadora.

Lloret, de CCOO, ve también algunas mejoras con respecto a 2021, pero no muchas, porque, a su entender, se mantiene en gran medida la precariedad laboral de la mano de obra de las subcontratas que trabajan para las grandes compañías de la construcción naval.

Lo que sí ha cambiado en mayor medida es el volumen de la carga de trabajo, un aspecto fundamental para entender la tranquilidad con la que transita ahora un sector tan convulsionado hace tres años, cuando los astilleros funcionaban a medio gas, o a menos, y las perspectivas laborales eran muy poco halagüeñas. La situación ha variado de tal forma que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llegado a afirmar este año que la carga de trabajo de los astilleros de Navantia en la provincia de Cádiz está garantizada "hasta 2030", una previsión de empleo tan prolongada que, remarcó, "nunca" se había dado en la Bahía.

Lo cierto es que los astilleros de la ciudad de Cádiz están reparando un gran número de cruceros, hasta el punto de que han tenido falta de espacio y personal para atender toda la demanda. Y en los de San Fernando, mientras se construye una patrullera para la marina de Marruecos de 87 metros de eslora que requiere un millón de horas de trabajo, se ha garantizado la carga de trabajo para cinco años con el encargo de dos buques hidrográficos para la armada española, a la vez que se negocia un segundo contrato con la de Arabia Saudí para construir otros cinco barcos.

En los astilleros de Puerto Real, sin embargo, las perspectivas de trabajo son más inciertas, tras haber apostado la empresa por la construcción de plataformas eólicas marinas como actividad principal, en detrimento de la de barcos. El pleno del Ayuntamiento puertorrealeño tuvo que pronunciarse hace unos meses a favor de la continuidad de la construcción naval defendida por el comité de empresa de Navantia en esa localidad gaditana, que había denunciado una "falta de interés por parte de la empresa en la obtención de contratos que fomenten la construcción naval civil".

El PP de Cádiz también ha pedido que la garantía de la carga de trabajo hasta 2030 prevista por el Gobierno se asegure de forma inminente con contratos cerrados y firmados para que no se quede en un simple anuncio. "De no ser así, las plantas quedarán sin carga de trabajo y entrarán en subactividad, lo que repercutirá en la destrucción de empleo en el sector auxiliar", ha advertido la formación popular.

De momento, la mayor carga de trabajo en los astilleros ha supuesto, según la CTM, una mejora de las condiciones de trabajo, al menos en los puestos de mayor cualificación. Debido a la mayor demanda de empleo, hay menos trabajadores en la puerta de las empresas esperando por un contrato y, como consecuencia, los empresarios deben cumplir lo que estipula el convenio para no quedarse sin mano de obra cualificada. "Se ha dado vuelta a las tornas", dice Diego Rodríguez.

Antonio Montoro, de UGT, no califica ni como buena ni como mala la situación actual del metal en la provincia de Cádiz. Resume que no hay grandes pedidos en el sector naval, pero sí en el aeronáutico, que hay expectativas de más carga de trabajo que en otros años y que todo se encuentra "relativamente tranquilo", a la espera del resultado de las reuniones previstas con la patronal hasta final de año.