Casi dos meses. Todo el estado de alarma por el coronavirus es el tiempo que ha pasado en la calle S.H.J., un menor procedente de Gambia, de 17 años, que cruzó el Estrecho de Gibraltar en una zodiac el pasado mayo y acabó en el madrileño Centro de Primera Acogida de Hortaleza, el pasado febrero, hasta que la Fiscalía decretó sin pruebas que era mayor de edad.

Según denuncia la Fundación Raíces, que ha llevado el caso a los tribunales, la razón de esta decisión fue que el joven se negó a que se le realizada una prueba de determinación de edad, ya que portaba documentación oficial que de su país que acreditaba que nació en marzo de 2003. Sin embargo, pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los repetidos dictámenes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que dejan claro que la documentación reglada es prueba suficiente, la Fiscalía "le impuso la realización de pruebas médicas, algunas tan invasivas como la exploración de sus genitales, a lo que el menor de edad se negó", explica la fundación.

La Fiscalía decretó entonces su mayoría de edad y la Comunidad de Madrid le dio de baja en el sistema de protección y le expulsó del centro de acogida el pasado 12 de marzo. 

"El menor, en la calle, ha tenido que ingeniárselas por sí solo y, aunque ha solicitado plaza a varias organizaciones, le han rechazado por ser menor y por estar saturadas por el COVID19 y solo ha conseguido refugiarse durante las últimas semanas en un piso ocupado, en condiciones de extrema precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser sancionado por las Autoridades", critica la Fundación Raíces, que solicitó medidas cautelares urgentes para la protección de menores durante el estado de alarma.

La organización ha logrado que una juez de primera instancia suspenda cautelarmente la resolución de la Comunidad de Madrid y le requiera a Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad el reingreso del menor "en un centro adecuado" a la espera de que presente una demanda de oposición al decreto del fiscal, algo imposible hasta que los plazos procesales vuelvan a estar vigentes tras el cierre de la Administración de Justicia. 

Esta actuación judicial "resuelve la situación de uno de los cientos de niños y niñas atendidos por Fundación Raíces que sufren las terribles consecuencias de un procedimiento para determinar su edad que vulnera sus derechos", explica la organización, con más de 20 años de experiencia en la protección de los derechos de la infancia. Recuerda que estas prácticas de la Fiscalía ya le han costado al Estado español siete dictámenes condenatorios por parte del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

"El Estado español de manera sistemática niega la validez de estos documentos sin prueba alguna en contra, situando a los niños en una absoluta indefensión, al no permitirles acreditar su verdadera edad por ninguno de los medios a su alcance", denuncia Lorudes Reyzábal, presidenta de Raíces, que pide al Gobierno que "revise su actuación y modifique de manera inmediata un procedimiento que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, de las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de todas las guías de buenas prácticas europeas en esta materia y en contra de la Convención de los Derechos del Niño".