Cumplen 18 años y se les expulsa de su centro de acogida. Se ven abocados a vivir en a calle, en total desamparo, sin posibilidad de solicitar recursos generales o específicamente destinados a ellos. Ni siquiera tienen la posibilidad de buscar un trabajo. Y todo porque no se ha tramitado su permiso de residencia durante el tiempo que han estado tutelados y acogidos por la comunidad autónoma. En ocasiones se quedan sin derecho a una identidad.

Esa es la realidad a la que se enfrentan un "gran número" de menores migrantes cuando alcanzan la mayoría de edad, según insiste el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. En este caso, sucede en la Comunitat Valenciana, aunque el desamparo por esta dejación de funciones de la Administración es habitual en prácticamente todas las regiones, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones ONG, abogados, activistas y el propio Defensor del Pueblo.

De hecho, esta no es la primera vez que Fernández Marugán afea esta práctica a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, dirigida por la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), departamento responsable de la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Ya informó a la Fiscalía Genera del Estado en noviembre de 2020 y, ante a falta de actuaciones, ha decidido "suspender la actuación con los servicios de protección valencianos" y pedir a la Fiscalía que actúe, algo que ya ha hecho en otras ocasiones por la misma circunstancia y sin que se resuelva el problema.

La reacción del Defensor del Pueblo llega a raíz de una queja interpuesta en 2019 por la Campaña CIE No de València ante los casos de diez menores migrantes que fueron internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad, pasaron a estar acogidos por la Conselleria en los centros correspondientes y terminaron en la calle a cumplir 18 años, sin que se tramitara su permiso de residencia ni su pasaporte ni ninguna otra documentación identificativa. Una situación que les ocasionó "graves perjuicios", como la "dificultad para acceder a recursos de extutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.", especifica.

"En algunos casos, estos jóvenes llegan a la Comunitat Valenciana con una edad muy próxima a la mayoría de edad, y puede ocurrir que la autorización de residencia no esté completa en esa fecha", explican a Público fuentes de la Vicepresidencia valenciana, que insiste en que en este proceso "hay cuestiones que escapan a las competencias autonómicas", ya sea porque son competencias estatales o del país de origen de los chicos.

Interpretación errónea de la normativa

La Conselleria señala en el informe remitido al Defensor que no pudo tramitar la autorización de residencia del afectado por no poder documentar su filiación y porque no habían transcurrido nueve meses desde que se asumió su guarda. Sin embargo, Marugán es tajante: "Contaba con la pertinente identificación policial e inscripción en el Registro de menores extranjeros no acompañados, así como con decreto dictado por el Ministerio Fiscal en el procedimiento de determinación de edad". Y destaca el "error" en "los plazos utilizados por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas para instar la residencia de los menores".

Según Marugán, ateniéndose a la Ley de Extranjería y a la jurisprudencia y al criterio de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo, "la citada normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor, no como término a quo para presentar la solicitud".

Por su parte, la Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que "de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana". También pide que se adopten las medidas necesarias "para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación".

La Conselleria explica a este diario que, en casos en los que el trámite de residencia se va a alargar más allá de la mayoría de edad, "se hace un proceso de acompañamiento, bien a través de las viviendas de emancipación, o bien a través de la red de Oficinas Mentora", que "impulsan el proceso de apoyo y orientación, en el periodo de transición a la vida independiente y autónoma de la población joven que, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia, requiere de una atención especializada de acompañamiento y seguimiento".

Durante el año 2020, apunta, se realizaron un total de 649 actuaciones y está previsto que para este año aumenten estos recursos con dos nuevas oficinas. Sin embargo, el desamparo de los jóvenes que migran solos sigue siendo una tarea pendiente a nivel nacional.