La asociación SOS Bebés Robados ha anunciado que recurrirá el primer caso de bebé robado, por primera vez en España, al Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Provincial de Huelva haya notificado un auto en el que marca "un antes y un después" en la evolución judicial de estos casos.

Tras decidir en un Pleno en 2012 por unanimidad que estos delitos estaban prescritos, el pasado 16 de mayo la Audiencia volvió a reunirse para revisar los criterios a aplicar en los casos sobre los presuntos robos de bebés, ante "las nuevas corrientes doctrinales en la materia" y, según ha informado la asociación en un comunicado, "el apoyo es claro y directo de una parte de la Audiencia Provincial".

De igual forma, han subrayado "el apoyo del fiscal jefe y la puerta que dicho auto deja abierta al recurso de casación ante el Tribunal Supremo que en los próximos días esta parte presentará ante dicha instancia".

En este sentido, insisten en que este auto "marca un antes y un después en la evolución judicial de los casos de bebés robados en Huelva por dos hechos muy importantes". Al respecto, se refieren a que el auto "plasma una opinión de un magistrado contraria a la consolidada en 2012; confirma asimismo el apoyo de la Fiscalía esta causa y abre la puerta a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo".

Por primera vez en la historia jurídica de la Audiencia Provincial de Huelva, han asegurado desde SOS Bebés Robados, "un magistrado se desmarca de la línea oficial con origen en el pleno de 2012 y deja patente en 34 extensos folios una línea a seguir, que además de ser profesionalmente impecable se hace eco del dolor de tantas familias y decide poner su grano de arena en solucionar algo frenado desde hace seis años".

Literalmente expone, según la asociación, que pretende "llevar a cabo un deber que me impone mi propia conciencia", así como que "respaldo una causa que entiendo justa y cumplo además con mi deber en conciencia y si es útil para alguien, mejor aún".

Los fundamentos jurídicos del auto se basan en computar el plazo para la prescripción desde que el sujeto afectado tenga conocimiento del mismo, y solicitar que ningún delito -falsificación documental o suposición de parto- quede prescrito por cuanto si el delito de mayor pena no prescribe, no deben hacerlo los demás.

De igual modo, pide que los juzgados de instrucción "reabran las causas y para ello establece una hoja de ruta consistente en diligencias encaminadas a tomar declaraciones a todos los protagonistas de cada denuncia, indagaciones por parte de la Policía Judicial para que comprueben la realidad de lo sucedido y se identifique a los posibles autores de los hechos".