El sistema de lucha contra la violencia machista sigue teniendo lagunas y fallos, tanto en la persecución de los maltratadores como en la protección de las víctimas, y la Fiscalía General del Estado ha puesto de manifiesto varias de ellas, relacionadas con la Administración de Justicia y la normativa legal, y también con usos sociales, en su última Memoria Anual, difundida esta semana, en la que recoge la presentación de 168.057 denuncias por este tipo de delincuencia, lo que arroja un estremecedor promedio de 460 diarias, una cada poco más de tres minutos.

La cifra es superior a la de diligencias previas incoadas por las distintas fiscalías, que fue de 140.173, con 138.630 por delitos y 1.543 por infracciones leves (antiguas faltas), por tratarse de registros distintos, aunque ambas permiten hacerse una idea de la intensidad de la lacra, cuyo leve incremento (+0,66%) frente al año pasado considera el ministerio público "un dato positivo que permite concluir que se ha acudido más veces al sistema judicial porque se confía más" en él.

Esa mayor confianza no enmascara, sin embargo, las lagunas de ese mismo sistema, entre las que la Fiscalía destaca la figura de la "dispensa", la necesidad de cuya reforma califica de "urgente" por suponer un "elemento perturbador" que impide "en muchos casos" materializar "uno de los pilares en la lucha contra esta lacra" como el ámbito punitivo.

El Ministerio de Igualdad tiene previsto presentar este jueves los resultados de la Macroencuesta sobre la Violencia contra la Mujer, el mayor estudio sobre la prevalencia de esta lacra que se realiza en España, y que se actualiza cada cuatro años desde 1999.

La "dispensa" deja sin testigo de cargo más de 17.000 agresiones

La dispensa permite a cualquier testigo decidir si declara o no contra un pariente de hasta segundo grado, algo que "pervierte" el tratamiento jurídico de la violencia de género y que "puede ser otro elemento de presión sobre una víctima tan vulnerable", señala la Fiscalía, que anota que el uso de esta figura "provoca no solo sensación social de impunidad; también el desánimo de los operadores jurídicos en general y de los fiscales en particular", ya que suele derivar en el archivo de la causa.

El año pasado se acogieron a ella 17.205 mujeres, lo que supone que el 10,66% de los casos se quedó sin el principal testigo de cargo, ya fuera por dependencia económica, por presión de los hijos, por amenazas del denunciado o por otros motivos, como la ambigüedad de los sentimientos hacia el agresor.

"Eso proviene de la época napoleónica y tiene que eliminarse", indica Ana María Pérez del Campo, presidenta de Separadas y Divorciadas, para quien su aplicación en los tribunales equivale "a animar a alguien a no cumplir el deber de denunciar un delito".

"Ofrecer la dispensa en un juicio supone una perversión", anota Altamira Gonzalo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Eso estaba pensado para proteger al testigo en otro tipo de asuntos, como los accidentes de tráfico, pero en los de violencia de género se convierte en un privilegio para el delincuente ¿A quién favorece la retirada del principal testigo de cargo?", plantea.

Cuando la propia víctima renuncia a la protección

Otra de las averías del sistema está en la protección de las denunciantes. Quince de las 59 víctimas mortales de la violencia machista registradas el año pasado en España (este año van 31), una de cada cuatro, habían presentado denuncias, lo que ha llevado a la Fiscalía a estudiar uno por uno los casos "para de esa forma conocer dónde se ha podido fallar o cómo se puede mejorar el objetivo de proteger a la víctima de una forma efectiva, sin perder de vista que la denuncia puede en ocasiones ser un factor que aumente la agresividad del maltratador y, por tanto, un elemento que eleve el nivel de riesgo".

Seis de las quince carecían de medidas de protección al haberse archivado sus casos por negarse a declarar contra sus agresores o haberse acogido a la dispensa, otra las perdió al resultar absuelto su inminente asesino, en una ocasión el sospechoso no llegó a ser localizado antes de que, al enterarse de la denuncia, acabara con la vida de su expareja, y en otros dos casos no existían ya porque el maltratador había cumplido la sentencia de la que se derivaban.

Las otras cinco murieron con "medidas protectoras vigentes" que los asesinos quebrantaron, aunque en ninguno de esos casos se aplicaron medidas de control telemático, que sí se pudieron en práctica en 1.577 procedimientos.

Este cuadro "refleja la complejidad de esta violencia caracterizada por la dominación y la fuerte vinculación afectiva" entre víctima y agresor, que a menudo provoca la vulnerabilidad de las primeras y una tendencia a "minimizar las agresiones o a no ser conscientes de la gravedad del riesgo que existe en caso de regresar con él", concluye la Fiscalía, que aboga por dar a las víctimas "atención, apoyo y asistencia por personal cualificado y especializado desde el primer momento y durante todo el procedimiento".

Se trata, añade, de "no perder a la víctima y allanar su tránsito por el proceso" para "reafirmar su decisión", "afianzar su confianza" y "conseguir su total recuperación", incluso, "con independencia del curso que siga la causa penal" y "máxime cuando existen hijos menores".

El silencio de los entornos y las nuevas relaciones

Otro de los aspectos que fallan en el sistema se encuentra en los entornos de las víctimas, en sus parientes y amigos, en los que la Fiscalía aprecia "una falta de implicación", ya que "del total de las denuncias, solo se presentaron por parte de familiares el 0,57 % y ello pese que sabemos que el 81 % de las víctimas reconocieron que habían contado su situación alguna vez a familiares y personas de su entorno", señala la memoria, que también destaca "el escaso porcentaje de denuncias efectuadas por servicios asistenciales", el cual, "al margen de la emisión del parte de lesiones, solo alcanza el 2,74%" del total (apenas 4.600) tras caer a poco más de la mitad en un año.

La cuarta laguna se encuentra en la propia normativa legal o, más concretamente, en el desfase entre su contenido y la evolución de la sociedad, en este caso en el ámbito tecnológico, cuyo desarrollo ha llevado a la aparición de "múltiples y variadas situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer" que "difícilmente pueden incluirse en el concepto de relación afectiva que exige" el Código Penal.

En este sentido, la Fiscalía, que reclama "una inmediata acomodación a esta nueva realidad social" y la puesta en marcha de "sistemas eficaces de protección a las víctimas" como la retirada de contenidos y el bloqueo de webs, explica cómo "las relaciones afectivas comienzan cada vez más precozmente sin convivencia y sin un proyecto en común" y cómo a menudo tienen un "desarrollo online de corta duración pero gran intensidad".

Y eso, por mucho que en ellas se produzcan agresiones, coacciones y otro tipo de ataques o que reproduzcan los "estereotipos e ideas sexistas que circulan por las redes", impide que los tribunales puedan tratarlas como violencia de género, ya que no se trata de parejas formales.

"Eso se deriva de la Ley Integral, que deja fuera las parejas no estables", explica Gonzalo, que apunta que la adhesión de España al Convenio de Estambul en 2014 abre la puerta para "calificar como violencia contra la mujer otras formas de violencia contra la mujer, como las de carácter sexual también". El proyecto de Ley de Libertades Sexuales, la del "solo sí es sí", contempla esos contenidos.

"Hay víctimas sin proteger porque no se valoran"

El quinto fallo es de carácter administrativo: se encuentra en la escasez de medios, cuando no directamente de su inexistencia en varias zonas del país, de las UVFI, las Unidades de Valoración Forense Integral, cuyo cometido es estimar los riesgos que corren las denunciantes como base para adoptar medidas judiciales de protección, especialmente en los casos de violencia habitual.

El compromiso de crearlas en dos años, recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "no se ha cumplido", indica la Fiscalía, que anota cómo, con la excepción de Teruel, "donde se tarda una media de 15 días en emitirse informe de valoración integral, en la mayoría de las fiscalías [el plazo] oscila entre los dos meses de Zaragoza y Bizkaia, [y los] tres de Lugo, llegando a los cuatro meses en Gipuzkoa".

"Aun reconociendo que desde las distintas administraciones competentes se están invirtiendo recursos en dotar a los juzgados de los instrumentos idóneos para ello, hay que insistir en su actual insuficiencia y en la necesidad de dotarlas de personal especializado", señala la memoria, que recoge cómo en ámbitos judiciales "es pacífica la opinión de que carecen de personal suficiente para emitir sus informes en el razonable plazo que exige la instrucción procesal" y cómo en algunos casos, como en Málaga, "se ha recurrido a la externalización del servicio" para acabar convirtiéndolos en "instrumentos escasamente operativos" por "la falta de especialización del personal contratado y su fluctuación".

"Muchas víctimas no son protegidas porque no son valoradas, y el tema de las valoraciones es un asunto económico, de dotación de medios", explica Altamira Gonzalo, para quien "hay muchas averías en la lucha contra la violencia de género, y la mayoría son económicas". Coincide con Pérez del Campo, que sostiene que "los recursos no son suficientes, se necesitan más".

El Gobierno transfiere otros 120 millones a comunidades y ayuntamientos

De esas cinco lagunas del sistema, la puesta en marcha de las UVFI es competencia de las comunidades autónomas, que llevan dos años recibiendo los cien millones anuales del Pacto de Estado y cuya primera entrega, la de 2018, eludió el Gobierno de Mariano Rajoy junto con otro paquete de veinte millones para los ayuntamientos antes de ser desalojado con la moción de censura.
Las siguientes transferencias, las de 2019 y 2020, sí se realizan, aunque en este ejercicio con un retraso de algunos meses en el arranque del año, coincidiendo con el inicio de la pandemia, según admite el Gobierno en dos respuestas parlamentarias al senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia. A esas partidas se les añaden otras que suman 9,5 millones más para el desarrollo de programas de atención personalizada, planes de asistencia social integral y para atención a las víctimas de agresiones sexuales.

El reparto sitúa, por este orden, a Andalucía, Catalunya y Madrid, con más de 15 millones, casi trece y en torno a 10,5, respectivamente, como las principales beneficiarias de los fondos pese a la inclusión de criterios como la dispersión territorial.

"Quienes defienden que no existe la violencia de género pretenden invisibilizar a las víctimas y las terribles consecuencias en las que éstas desarrollan su vida", denuncia el senador, que apunta que "este discurso oculta que la violencia estructural contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad y que el machismo apuntala esta violencia".

Heredia critica el "discurso negacionista de la violencia de género" que formaciones como la ultraderechista Vox tratan de introducir en dos de esas comunidades, Andalucía y Madrid, donde la mayoría de los gobiernos autonómicos, de PP y C’s en ambos casos, depende de sus votos.

"Cuestionar la existencia de la violencia de género provoca que muchas mujeres tengan miedo a no ser creídas y dificulta que muchas de ellas puedan dar el primer paso para salir del círculo de la violencia", añade Heredia, que sostiene que "España ha sido un país pionero" en la lucha contra esa lacra con un sistema jurídico y asistencial que "necesita medios suficientes para cumplir su objetivo, de ahí los recursos movilizados por el actual Gobierno".