El cambio climático está reduciendo a un ritmo vertiginoso los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, y eso supone una novedad de calado en un país que tras los tumbos de las etapas de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero tiene pendiente desde hace más de tres años su nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) y en el que la progresiva industrialización de la agricultura y los efectos del propio calentamiento global están elevando las demandas.

"En la cuenca del Ebro se ha detectado una tendencia descendente en los recursos hídricos debido al incremento de los usos de agua, a la evolución climatológica y al incremento de la superficie forestal", señala el ETI (Esquema de Temas Importantes) con el que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acaba de abrir el debate del tercer Plan Hidrológico  de su demarcación.

"La evidencia está dejando los trasvases como un rema retórico de la política en las regiones que se consideran receptoras", explica Francesc de la Roca, coordinador del Observatorio de Políticas del Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua, para quien "ese tipo de planteamientos se están quedando fuera de juego".

No son los únicos. La presión de la UE para que España comience a aplicar con normalidad las normas de recuperación de costes que establece la Directiva Marco del Agua, que obliga a las administraciones a incluir la participación de los usuarios en la financiación de las obras, se perfila como otro factor de cambio en las políticas hidráulicas.

"Todas las confederaciones hidrográficas lo incluyen en sus ETI", explica De la Roca, que vincula con la falta de recursos económicos de esos organismos, motivada a su vez por la baja repercusión de costes que han aplicado a los usuarios del agua, los escasos niveles de ejecución que presentan los catálogos de obras de los planes de los planes hidrológicos.

"Es una asignatura pendiente que va a cambiar la perspectiva y que va a abrir la vía a la racionalidad económica" en las obras hidráulicas, anota, penalizando las actividades contaminantes por un lado y, por otro, estableciendo la participación de quienes se benefician de una obra en su financiación. "La penuria económica de las confederaciones ha acabado por introducir ese asunto en la agenda", añade.

El gran río pierde agua

Mientras esos cambios van empapando las políticas del agua en España, los datos apuntan a un notable declive de la cuenca del Ebro, que ha perdido más de la mitad de sus recursos en tres décadas y que se habrá quedado sin dos tercios de ellos a final de siglo.

Eso ocurre después de que durante décadas su aparente abundancia, a menudo basada en unas medias aritméticas adulteradas por los efectos de unas riadas imposibles de gestionar en términos productivos, fuera la base en la que los sucesivos gobiernos iban basando sus promesas de nuevas transferencias al arco mediterráneo.

El primer Plan Hidrológico, el de principios de los años 90 en el que se basaron los planes trasvasistas de Josep Borrell (PSOE) y Jaume Matas (PP), atribuían al Ebro un excedente de 18.216 hectómetros cúbicos (18,2 billones de litros) anuales que al comenzar la tramitación del segundo, en 2008, habían caído a 14.623.

Sin embargo, la serie de las dos últimas décadas sitúa la aportación media en Tortosa en 8.826 y prevé que, como consecuencia del calentamiento global, se reduzca en lo que queda de siglo hasta el entorno de los 6.500 en el peor de los casos.

Así, teniendo en cuenta que solo la demanda de los regadíos de la cuenca aumentará en alrededor de 760 hectómetros anuales, y que a esa cifra hay que añadirle otros 4.149 para atender el caudal ecológico del delta, con una propuesta que oscila entre 80.000 y 150.000 litros por segundo, reduce el margen teóricamente exportable a menos de 1.600.

Eso en años medios y teniendo en cuenta el efecto alcista de las riadas. En lo que va de siglo ya ha habido un ejercicio en el que ha llegado a Tortosa un volumen inferior (3.905 en 2012) y dos en los que apenas ha superado esa cota (4.179 en 2002 y 5.149 en 2017).

"¿Se necesita agua de otra cuenca?"

Los ETI (hay uno por cuenca) abren el tercer proceso de planificación hidráulica después de que el segundo concluyera en 2016 sin que, al contrario de lo que establecen los artículos 40 y 45 de la Ley de Aguas, antes el Gobierno hubiera sacado adelante un nuevo PHN.

El ejecutivo de Rajoy llegó a activar el proceso unos meses antes de la moción de censura con la que Pedro Sánchez le desalojó de La Moncloa. Lo hizo con unos planteamientos claramente trasvasistas, en los que planteaba a los usuarios y a los agentes sociales preguntas como "¿Faltan interconexiones en la cuenca para garantizar las demandas, para dar una mayor garantía?" o "¿Se necesita agua de otra cuenca, por tanto, es necesaria una transferencia desde otra cuenca?

Esas posiciones se han quedado fuera de juego por varios motivos entre los que, además de la merma de caudales del Ebro, destaca una década de políticas destinadas a mejorar la eficiencia y a reducir la demanda que abren unos horizontes en los que el déficit de la cuenca mediterránea andaluza se queda en cien hectómetros, el del Guadalquivir cae por debajo de 450, el de las cuencas internas catalanas desciende a apenas cien y el del Júcar y el Segura se redimensionan a 400 y 265.

Por otro lado, el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que incluye una referencia directa al "contexto de disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los efectos del cambio climático", supone, cuando menos sobre el papel, un viraje en la política del agua en España al "consagra[r] el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil" y establecer que "se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua".

¿Qué está ocurriendo en la cuenca del Ebro?

En la cuenca del Ebro se han combinado varios factores para que se dé esa situación de escasez de recursos y aumento de la demanda de manera simultánea.
Por una parte, a la reducción de las precipitaciones que ya se ha constatado se le une una previsión de descenso medio del 5% para los próximos veinte años mientras otros estudios apuntan a una disminución de hasta el 26% en lo que queda de siglo, más intensa en el Pirineo que en el llano y que será simultánea a una reducción de hasta el 22% en la recarga de los acuíferos.

Paralelamente, al aumento de las temperaturas se le añade "una subtropicalizacion del clima con una reducción de las precipitaciones desde invierno a verano y un incremento (…) en otoño" junto con entre 30 y 49 días menos de nieve a partir de 1.500 metros.

"Esta tendencia seria especialmente importante en los Pirineos centrales y orientales españoles" y "tendría un efecto en la forma de generarse los recursos hídricos y, además, en las actividades relacionadas con los deportes de nieve", indica el ETI, que apunta que "este efecto se está apreciando en la disminución de la superficie de los glaciares".

Y, al mismo tiempo, ese incremento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones "supondrá un incremento de las necesidades de riego de los cultivos que se estima del orden del 10%", al mismo tiempo que comienzan a perfilarse otros efectos secundarios como el hecho de que "por cada aumento de grado de la temperatura media se adelanta la fecha de cosecha para los grandes cultivos entre 6 y 15 días", añade.

Menos regadíos y pantanos de los previstos

Ese cuadro ha llevado a la propia CHE, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, a modificar sus planteamientos y a considerar "difícilmente asumible" los planes 'históricos' de la cuenca, que contemplan añadir 300.000 hectáreas de regadío a las 902.000 que ahora mismo consumen más de 7.600 hectómetros al año, lo que equivale al 90% del agua.

Por el contrario, el ETI apuesta por reducir esa cifra a 30.000 hectáreas, "preferentemente de interés general o de regadíos sociales"  y en proyectos acordes con los nuevos escenarios de cambio climático, con la menor afección posible al estado de las aguas y en el contexto de los planes integrados de desarrollo rural”.
A ese planteamiento se le suma el objetivo de "modernizar las superficie de riego de la demarcación al ritmo de los últimos anos con el paso a presión de unas 40.000 hectáreas", que de esta manera reducirían el consumo de agua, además de la "hipótesis [de] finalizar" los embalses de Mularroya y de Almudévar y los recrecimientos de Santolea y Yesa pese a las dudas que la inestabilidad del terreno arroja sobre el primero y el último de ellos.

El ETI, que estima que para llevar adelante esas actuaciones serían necesarios 972 millones de euros (más de 12.000 por debajo del "programa máximo"), obvia las referencias a la construcción de Biscarrués, un proyecto sobre el que el Tribunal Supremo se pronunciará en las próximas semanas después de que la Audiencia Nacional lo declarara ilegal por sus carencias ambientales.