Jesús Troya trabaja como adjunto de medicina interna desde hace 16 años en el hospital público infanta Leonor de Madrid. Se ha especializado en VIH e infecciones virales pero en todos esos años no ha firmado ni un solo contrato fijo. "Llevo 15 años de interino y otro de eventual. En total, 16 años de contratos eventuales. Tuve que hacer una memoria para poder ingresar en el hospital infanta Leonor y accedí a un hospital recién construído con el anhelo de que las plazas que en su día no eran fijas se terminaran estabilizando. Y lo que me encuentro a día de hoy es que sigo de interino", lamenta.

Su historia es la de miles de facultativos que desde este martes a las 8 de la mañana están llamados a secundar una huelga indefinida para denunciar la temporalidad laboral en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Convocada por la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos Amyts, la huelga afectará al personal fijo facultativo estatutario, laboral y funcionario que presta servicio en los hospitales del Sermas.

En el Servicio Madrileño de Salud hay 17.667 facultativos estatutarios, de los cuales 9.796 son personal fijo, es decir, un 55,44%; 5.872 son personal interino (33,23%), y más de 1.900 personal eventual (10,75%). La Consejería de Sanidad ha prometido que su objetivo es lograr a finales del próximo año que un 82% de la plantilla (más de 17.600 facultativos) cuente con la condición de fijo.

Una OPE previa a la ley 20/2021 contra la temporalidad

La raíz de los fundamentos que sustentan esta huelga parte de la convocatoria de oposiciones para diferentes especialidades médicas hospitalarias que la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre del año pasado, justo una semana antes de que el Gobierno central diera luz verde a la ley de medidas urgentes contra la temporalidad en el empleo público, la Ley 20/2021.

Los convocantes de la huelga reclaman la convocatoria por el sistema de concurso de méritos de todas las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 integradas en la actividad ordinaria y el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la Comunidad.

También reclaman otra serie de cuestiones encaminadas a reducir la temporalidad como la convocatoria de Oferta de Empleo Público al amparo de la tasa adicional que contempla la Ley 20/2021, la finalización de los procesos en marcha, un concurso de traslado previo a la continuación de nuevas oposiciones o la convocatoria de otras OPEs.

Igualmente, exigen que se abra una negociación para todos estos procesos y que se diseñen y cumplan las medidas oportunas para evitar la temporalidad "ilícita" en el futuro.

En este sentido, la Abogacía de la Comunidad de Madrid determinó recientemente en un informe sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que se debe continuar con el proceso de las OPE en el Sermas.

"Hasta ahora el colectivo sanitario ha estado siempre sujeto a la precariedad, hemos asumido todos que es una situación de normalidad cuando no lo es. La Administración, en este sentido, debería ser ejemplar y cumplir la ley de forma escrupulosa", critica Troya, que resume las reivindicaciones de los médicos en dos puntos, "solo pedimos que se aplique la ley y que se acabe con la temporalidad".

"Nos molesta que se nos tome por tontos, la sociedad está cansada de que se nos trate como niños y para unas cosas se aplica la ley y cuando no interesa, no se aplica la ley", resume enfadado.

Otro aspecto polémico de la actual convocatoria es que el examen de la oposición consistirá en un test genérico, lo que para los facultativos va en contra de los médicos que durante estos últimos años se han especializado de forma muy específica en una determinada rama de su trabajo.

Hace unos días se produjo un acuerdo entre el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) y la Consejería de Sanidad para avanzar en medidas encaminadas a reducir la temporalidad en el Servicio Madrileño de Salud. Entre otras, la Comunidad llevará a cabo un proceso extraordinario de estabilización de plazas, por la modalidad de concurso, con el compromiso de que el número de plazas convocadas antes del 31 de mayo de 2022 sea el máximo posible. Serán en torno a un tercio más de las actualmente convocadas y, según cálculos del Icomem, podrían rondar el millar de plazas.

Esas mil plazas es un número absolutamente insuficiente para los convocantes de la huelga que, además, afean a la Consejería que no se haya sentado a hablar directamente con los facultativos. Así lo expone Troya: "Nos hubiera gustado que se hubieran sentado con los facultativos y habernos preguntado: '¿Qué es lo que queréis?' Es lo mínimo que nos deben después de haber estado dos años entregados en cuerpo y alma a la pandemia asumiendo todo".

"No nos hemos quejado en todo este tiempo, no hemos reivindicado nada, lo hemos dado todo durante la pandemia. En su momento nos aplaudieron y ahora lo que pedimos es que nos escuchen porque consideramos que nos merecemos un puesto de trabajo estable", reivindica.

Otra importante reivindicación es que se convoquen oposiciones, al menos, cada dos años, como marca la ley. Lo que evitaría que haya, como está sucediendo, especialidades en las que no se convocan oposiciones durante muchos años. "En Urgencias, desde el año 2001 no hay una convocatoria de oposición", ejemplifica Troya.

Servicios mínimos del 50% al 100%

De cara a la huelga que arranca este martes, la Consejería ha fijado unos servicios mínimos del 50% del personal facultativo que tenga que prestar servicios en los días de huelga. Será del 100% en el caso de ciertas unidades críticas o urgentes como diálisis, urgencias, hospitalización, quirófanos, radioterapia o admisión y archivo, entre otras, así como para el personal facultativo con guardia.

El comité de huelga ha subrayado que se trata de unos servicios mínimos "excesivos". "La Consejería ha defendido esos servicios mínimos aludiendo a que estamos en una situación de pandemia. Lo puedo llegar a entender, pero entonces seamos honestos y tengamos criterios únicos. Si estamos en situación de pandemia, lo estamos para todo", subraya Troya, que se queja del doble rasero de la Comunidad de Madrid: "Pandemia para sanidad pero también pandemia para espectáculos. Ahora el concepto de pandemia va a venir muy bien para justificar todo. Cuando quieren conseguir algo usan la palabra pandemia pero cuando no quieren entonces ya es libertad".

Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha llamado a la "tranquilidad" porque la asistencia sanitaria "está garantizada y especialmente en los lugares que son más críticos". Además, ha señalado que no es posible paralizar la Oferta de Empleo Público (OPE). "La base jurídica que plantean es de imposible cumplimiento", ha subrayado.