Hay quienes no están satisfechos con la marcha de la subcomisión del Congreso que estudia la posible regulación del cannabis medicinal en España, porque consideran que apenas se ha dado espacio en ella a pacientes y médicos con experiencia clínica en esta materia, mientras se han subrayado los efectos perniciosos del uso de esta planta. La Unidad de Política de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Fundación Iceers y el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis han organizado un congreso científico, en el que se abordarán aspectos que, a su juicio, no se van a tratar en la subcomisión y que remitirán al Congreso para que los incorpore al debate antes de emitir las conclusiones.

Lo que será el II Congreso Internacional Cannabis Sativa, que tendrá lugar este lunes 11 de abril en la Universidad Autónoma de Barcelona, se convertirá así en una especie de subcomisión paralela, en la que participará una veintena de asociaciones de pacientes, profesionales de la medicina y la enfermería, investigadores y responsables de programas de uso del cannabis medicinal en varios países latinoamericanos.

Según uno de los organizadores, Hugo Madera, del Observatorio Europeo de Cannabis, los resultados de este congreso servirán para complementar los debates que se llevan a cabo en la Comisión de Sanidad del Congreso, fundamentalmente en tres aspectos: análisis de las experiencias de pacientes y médicos que utilizan y prescriben el cannabis con fines terapéuticos; priorización de las políticas de reducción de riesgos frente a la mera estigmatización de los peligros del uso de los componentes de esta planta; y exposición de experiencias en otros países que no van a ser abordadas en la subcomisión, como Argentina, Uruguay, Colombia o Chile, que han aprobado destacados programas de regulación medicinal.

Respecto a los pacientes, los organizadores de esta especie de subcomisión paralela sostienen que su testimonio resulta fundamental, porque es a ellos a quienes se les va a administrar el cannabis, si se regula su uso, y quienes pueden explicar su experiencia, los beneficios que obtienen de esta planta, cómo necesitan tomarla, con qué preparación y las vías para adquirirla. "La ley se aplicará para estas personas y son ellas las que deben hablar. En la subcomisión va a haber muy pocos testimonios de personas que estén usando cannabis medicinal. No los vemos suficientemente representados", advierte Madera.

Lo mismo pasa, a su entender, con los profesionales que deben prescribir el uso de esta medicina. La escasa presencia de médicos con experiencia clínica en esta materia deja cojo el debate en la subcomisión del Congreso, dice el portavoz del Observatorio Europeo, un grupo español de expertos en diferentes ámbitos del cannabis. "Hace falta bajar a la calle –añade-, ver la realidad, tanto de los pacientes como de los médicos que trabajan con esto. Si se regula el cannabis, alguien tiene que recetarlo, por eso habrá que escuchar a los médicos que ya lo están haciendo en otros países, como Panamá, Chile, Colombia o Argentina".

Y la experiencia de esos países, que se encuentran a la vanguardia del mundo en el uso medicinal del cannabis, resulta fundamental, a juicio de los organizadores del II Congreso Internacional que se va a celebrar en la Universidad Autónoma de Barcelona. En la subcomisión del Congreso han sido llamados a comparecer representantes de dos agencias de la UE -la de medicamentos y la de drogas-, de seis países europeos con programas de uso medicinal de la marihuana (Alemania, Portugal, Francia, Dinamarca, Grecia y Finlandia) y del Centro de Epidemiología y Políticas de Opioides de Nueva York (EEUU). Pero no comparecerá ninguno de Latinoamérica, una zona que, recalca Madera, forma parte del entorno cultural de España, atesora una amplia trayectoria legal en la materia y con una perspectiva más progresista, en general.

En Argentina hay 55.000 pacientes con permiso de cultivo

Uno de los que va hablar en ese Congreso paralelo es Marcelo Morante, coordinador del programa gubernamental de uso del cannabis medicinal en Argentina, el Reprocann, que se puso en marcha en 2020 tras una reforma de la ley de 2017, que únicamente permitía la investigación de la utilización terapéutica de la planta. Desde entonces, más de 110.000 personas han solicitado permiso a este Registro del Ministerio de Sanidad para poder plantar marihuana con fines medicinales, de las cuales 55.000 ya han sido autorizadas, mientras que el resto, salvo 2.200 casos que han sido rechazados, espera la resolución de su petición, según ha declarado a Público su responsable.

Para ser autorizado por Reprocann, los pacientes deben disponer de una receta médica que prescribe el uso del cannabis para el tratamiento de una dolencia o enfermedad. El permiso se concede para cultivar hasta nueve plantas de marihuana florecidas en una superficie máxima de seis metros cuadrados en interior y quince en exterior. En el caso de las ONG de usuarios, la autorización se otorga para cultivar para un máximo de 150 pacientes. "Esto ha supuesto una ampliación de los derechos en Argentina para mejorar el acceso a la salud", explica Marcelo Morante, quien adelanta que su gobierno está ya trabajando en una ley para regular el uso integral del cannabis.

A juicio de Morante, programas como el Reprocann hacen retroceder los impedimentos que la legislación penal pone a los controles de calidad sobre el uso del cannabis. "Hacemos –dice- que el control de calidad sea posible, algo que impide el mercado no regulado, y priorizamos el acceso a la salud, sin perder además de vista que es una forma de reducir daños, aumentando los controles públicos y siempre con una supervisión médica".

El papel que desempeña el movimiento asociativo de usuarios de cannabis resulta fundamental en el desarrollo del programa del Ministerio de Sanidad argentino, según su responsable. Las ONG han colaborado en la puesta en marcha del Reprocann y forman parte del consejo asesor del Gobierno para este tema con el fin de contribuir a la reducción de daños. "Son asociaciones que asisten a los pacientes, que permiten mejorar el control de calidad, de los cultivos. Tienen médicos, biólogos, bioquímicos... Son parte del proceso", subraya Marcelo Morante.

La mayoría de las personas que ya tienen autorización en Argentina para cultivar marihuana con fines terapéuticos son pacientes con dolores crónicos, a quienes siguen en número los que sufren trastornos del sueño y dolores neuropáticos, aunque su uso está permitido para tratar cualquier enfermedad, siempre que lo prescriba un médico. "La relación entre escenarios de salud y penales genera una tensión, porque la legislación no había avanzado a la par que la evidencia científica. Y es lo que hemos querido cambiar" desde que la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas suprimió el cannabis de la lista de sustancias peligrosas  al reconocer sus propiedades terapéuticas, tal como solicitaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisa el coordinador de Reprocann.

La Agencia Española del Medicamento rechaza el autocultivo

El autocultivo que ha sido regulado en Argentina es muy poco probable, sin embargo, que sea aprobado en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad rechazó la petición que presentó el año pasado Juan Manuel Rodríguez Ganes, tetrapléjico por una grave lesión medular, para que le autorizase a cultivar cannabis con fines medicinales, una licencia de la que actualmente disponen para producción o investigación 22 entidades en España. En su resolución denegatoria, la AEMPS estima que el cultivo de cannabis para autoconsumo privado no se encuentra entre los usos de los estupefacientes industriales, terapéuticos, científicos y docentes susceptibles de ser autorizados con arreglo a la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se siguen regulando estos permisos.

Que no haya sido invitado a la subcomisión del Congreso ningún representante de los países latinoamericanos con programas de uso medicinal del cannabis es un error, a juicio de los organizadores del encuentro científico que va a tener lugar este lunes en Barcelona. Según Hugo Madera, esos países están más avanzados que cualquiera de Europa en la utilización terapéutica de la marihuana, porque sus programas son más antiguos y con un carácter más amplio, y parten, además, de experiencias que se han desarrollado en España, como la labor de las asociaciones de usuarios o las genéticas y el trabajo de los bancos de semillas.

El autocultivo, a juicio de estas organizaciones, permite aumentar las vías de acceso al cannabis medicinal. "Lo que planteamos es que cuantas más vías de acceso haya, mayor accesibilidad habrá y más fácil y barato será para los pacientes conseguir su medicina, siempre con receta médica, claro. Porque si se limita todo a unos pocos productos, a un oligopolio de las farmaceúticas, será mucho más caro para ellos", explica Madera.

"La subcomisión del Congreso está marchando según lo previsto por la lista de ponentes que se eligieron para comparecer. Y falta gente. Por eso, nosotros hacemos ahora este congreso, para aportar otras informaciones que echamos en falta", señala el portavoz del Observatorio Europeo. Las conclusiones y los trabajos que se presenten en el congreso internacional de Barcelona serán entregadas a la subcomisión cuando comparezca en ella la presidenta de ese grupo de expertos, Noemí Sánchez.

La subcomisión creada en el Congreso para analizar las experiencias de otros países con la regulación del cannabis medicinal comenzó sus trabajos el pasado febrero y deberá tenerlos concluidos el próximo mes de junio. Hasta el momento, ha habido tres sesiones en las que han comparecido, entre otros, representantes de la AEMPS, de los colegios de farmacéuticos, de organizaciones de psiquiatría, de la Fundación Iceers, del programa regulatorio de Grecia y del Centro de Epidemiología y Políticas de Opioides de Nueva York.

El acuerdo de la Cámara para la constitución de la subcomisión dispone que deberá escuchar a expertos y representantes de programas de regulación del cannabis medicinal que han puesto en marcha otros países, para, en el plazo máximo de seis meses, emitir un informe con una perspectiva de comparativa internacional sobre "la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas". Ese informe tendrá que ser luego remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español.