No ha sido la mejor semana para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que suma tres nuevos frentes con incontables críticas a cuenta de su siempre polémica gestión migratoria, ya empañada dentro y fuera del país por la tragedia de Melilla en la que murieron al menos 23 migrantes en un intento de cruce masivo a través de la valla con Marruecos en junio de 2022.

Desde el pasado lunes hasta el viernes, su papel ha recibido dos varapalos judiciales del Tribunal Supremo a cuenta de las devoluciones ilegales de menores no acompañados a Marruecos en agosto de 2021. A esto se suma el caos en las salas de inadmitidos y solicitantes de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los desencuentros con Frontex, la agencia europea de control de fronteras, que mantiene paralizadas sus operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y Canarias y amenaza con abandonar España en pleno auge de llegadas irregulares de pateras y cayucos.

A pesar de estos incendios, Interior no contempla la dimisión de Marlaska, el ministro que más tiempo ha ocupado el cargo, con más de 2.060 días detentando la cartera desde que Pedro Sánchez lo nombrara en junio de 2017 tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Su continuidad al frente de Interior sorprendió incluso en las filas del PSOE tras la formación del nuevo Gobierno, pero dejó claro que Marlaska se ha convertido en uno de los hombres fuertes del presidente, impasible a los escándalos que acumula tras seis años y medio en el cargo. 

Dos varapalos del Supremo por las devoluciones de menores

El pasado lunes, el Tribunal Supremo confirmó que las devoluciones de ocho menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos efectuadas en agosto de 2021 fueron ilegales. El viernes, siguiendo esa jurisprudencia, emitió otra sentencia por la repatriación de otros 12. En total fueron 55 los menores retornados ilegalmente, pero estos 20 estaban representados legalmente por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, que lograron que un juzgado de Ceuta paralizara cautelarmente las devoluciones.

La operación fue llevada a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por el Gobierno de la ciudad autónoma, con competencias en materia de infancia. Eso le costó la apertura de juicio por prevaricación administrativa continuada a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu.

Sin embargo, las instrucciones y los contactos con las autoridades marroquíes provenían del Ministerio del Interior, que dio luz verde a la operación, según varios correos electrónicos que figuran en el sumario de esa causa. De hecho, la exdelegada del Gobierno declaró ante el juez que el asunto "se llevó personalmente a Madrid, a hablar con el ministro" y que "el Ministerio se puso en esos momentos en contacto con Marruecos y vieron bien llevar a cabo el convenio" de repatriación de menores entre España y Marruecos.

Ese convenio es al que se ha aferrado el Gobierno para recurrir las decisiones judiciales, pero el Supremo confirma que las devoluciones no cumplieron ni ese convenio ni la ley de Extranjería ni la Constitución española ni el convenio europeo de Derechos Humanos, y que no se valoró de forma individualizada el interés superior del menor.

"No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores. Es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación", sentenció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta, y han ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, ahora el Supremo ante los recursos de la Administración.

Para Marlaska, según sus declaraciones del pasado martes, "las autoridades competentes actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor". Una palabras que preocupan a las organizaciones denunciantes, ya que indican que no tiene interés por acatar esta sentencia.

Frontex amenaza con dejar su presencia en España

El otro gran incendio para el ministro lo destapó el pasado jueves El País. Según el diario, Frontex ha suspendido sus operativos contra la inmigración irregular en aguas españolas por discrepancias con el Ministerio del Interior. El foco del conflicto son las reticencias de España para firmar el plan operativo de la agencia europea de fronteras para 2024 debido a la cesión obligatoria de datos recogidos en las operaciones.

En juego está el despliegue de Frontex en el Estrecho y el Mar de Alborán y en Canarias en un momento de fuerte repunte de llegadas de migrantes, sobre todo a las islas, en pateras y cayucos. El año 2023 cerró con más de 55.000 migrantes llegados a costas, un 82% más, de los que casi 40.000 desembarcaron en Canarias, que vive su momento de mayor afluencia desde la crisis de los cayucos de 2006. Y la primera quincena de año se ha saldado con 3.480 migrantes llegados a las islas, un 838% más que en el mismo periodo de 2023.

El Gobierno canario ya ha mostrado su preocupación ante la suspensión de actividades de Frontex, y Cruz Roja augura un repunte aún mayor sin su presencia en aguas españolas y, especialmente, en las canarias. Desde el Ministerio insisten en que es cuestión de días que se llega a un acuerdo, pero el PP ya ha comenzado a cargar duramente contra el Gobierno, también Bruselas, ya que España es el único país de la UE que no ha ratificado los planes operativos con la agencia. La Comisión Europea también intenta rebajar las discrepancias, aunque los desencuentros entre Frontex y España han sido contantes desde que comenzaran a trabajar en nuestro país.

Caos en las salas de asilo de Barajas

El tercer frente de críticas al ministro se ha abierto en el Aeropuerto de Barajas. No es nuevo. Allí han aumentado exponencialmente desde el pasado verano las llegadas de personas que aprovechan su escala en España para pedir asilo en el aeropuerto. La situación no ha dejado de empeorar, a pesar de que tres juzgados de Madrid exigieron a Interior medidas urgentes para acabar con el hacinamiento y las condiciones deplorables en las que se encontraban 250 personas durante semanas.

Hace un mes de este requerimiento, pero las medidas de Interior no han sido suficientes. Falta personal policial, intérpretes para realizar las entrevistas necesarias y técnicos de la Oficina de Asilo y Refugio para procesar las solicitudes. Pero sobre todo hace falta espacio. Barajas contaba con solo dos salas a estos efectos, ya que la peticiones de asilo en este punto suelen ser escasas salvo momentos puntuales. Pero la llegada repentina e inusual de somalíes, marroquíes, senegaleses han derivado en más de 400 personas hacinadas en apenas tres salas que cuadriplican su aforo máximo. 

Han proliferado plagas de chinches, cucaras y la suciedad generada por cientos de personas apiñadas en salas sin apenas baños, sin ventilación, con colchones en el suelo y donde también se realizan las comidas. El retraso para simplemente iniciar el trámite de asilo, por falta de personal, obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en ese infierno  durante semanas. Se han producido fugas, y la Cruz Roja ha decidido abandonar sus trabajos de apoyo psicosocial a estas personas por las nefastas condiciones.

Las críticas ha Marlaska llegan desde sindicatos policiales como el SUP, que pide más restricciones a la llegada de personas, más efectivos y soluciones al hacinamiento porque están desbordados. También ha despertado la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que este viernes ha reiterado a las autoridades españolas su "preocupación por la falta de condiciones dignas de acogida de los solicitantes de asilo y para la tramitación con las debidas garantías de sus peticiones de protección internacional".