El expresidente de Banesto Mario Conde apura su estancia en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresó el pasado 13 de abril por blanquear 13,06 millones de euros, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción emita su evaluación sobre el aval hipotecario presentado por dos amigos del exbanquero.

Según fuentes jurídicas, el instructor de la operación 'Fénix', Santiago Pedraz, ha remitido esta mañana a la Fiscalía las escrituras de cuatro fincas en Fuerteventura propiedad de Jaime y José Ángel Alonso García, vicepresidente y vocal de la Fundación Francisco Franco, respectivamente, y muy próximos a Conde.

Ambos avalistas fijan en 610.810 euros el valor de los inmuebles, cantidad que, de confirmarse, cubriría los 300.000 euros impuestos ayer por el titular del juzgado de Instrucción número 1 en concepto de fianza, con lo que el jurista y exbanquero quedaría automáticamente en libertad.

Aunque la tasación inicial de estas fincas resulte aparentemente muy superior, la práctica exige que los bienes inmuebles depositados como aval tengan un valor de algo más del doble de lo exigido.

De ahí que el futuro de Mario Conde pase a depender de un eventual informe positivo de Anticorrupción, que podrá solicitar una tasación oficial antes de enviar una respuesta definitiva al juez, que será, en cualquier caso, quien emita la decisión final.

De no cumplir dicho requisito, el expresidente de Banesto tendría que esperar a quedar en libertad, como sucedió con el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, que sólo salió de prisión una vez abonada en efectivo la cuantía no satisfecha por el aval que presentó.

De momento, no han trascendido detalles acerca de cuál va a ser la decisión que adopte Anticorrupción, representada en este caso por la fiscal Elena Lorente, que ya se opuso a la excarcelación de Conde el pasado mayo durante la vista ante la sección tercera de la sala de lo Penal.

Entonces, la sala acordó mantener en la cárcel madrileña de Soto del Real tanto al exbanquero como a su abogado, Francisco Javier de la Vega, al considerar que existía riesgo "razonado y razonable" de fuga y obstaculización al devenir de una investigación sobre la que no pesa secreto de sumario.

Una decisión revocada por el juez Pedraz, que ayer reconsideró la situación personal del empresario como ya hiciera apenas días antes con De la Vega, previa fianza de 100.000 euros.

Conde deberá personarse semanalmente ante la Audiencia Nacional u otro juzgado que tenga conocimiento de una causa en la que están siendo investigadas más de una docena de personas del entorno íntimo del empresario, entre ellas su hija Alejandra, considerada coartífice de una trama criminal trasnacional.

Además, el exbanquero deberá facilitar un teléfono móvil para estar localizable las 24 horas, tampoco podrá abandonar España, cuestión por la que el instructor ha acordado la retirada del pasaporte, cautelares que ya cumplen otros implicados como el propio hijo del jurista, Mario.

A todos ellos se les atribuye pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales así como el presunto blanqueo de más de 13 millones procedentes de las responsabilidades civiles de los casos Banesto y Argentia Trust por los que Mario Conde fue condenado en los noventa y que no satisfizo íntegramente.

En concreto, las pesquisas, que se remontan a 2011, apuntan a que Conde repatrió esta cantidad a través de sociedades pantalla ubicadas tanto en España como en otros países, entre ellos Luxemburgo e Italia.

Con este dinero, apunta la investigación, el exbanquero y su familia mantuvieron un "elevado tren de vida", a pesar de haberse declarado insolvente.