El Ministerio de Defensa ha levantado la suspensión de funciones del militar de La Manada, Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 y en libertad provisional.

Según la resolución, fechada el pasado 4 de junio y que recoge este martes el Boletín Oficial de Defensa, Cabezuelo “cesa en la situación de suspensión de funciones y pasa a servicio activo pendiente de asignación de servicio en Sevilla”.

No obstante, desde el Ministerio de Defensa aseguran a Público que “en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar no se la va a asignar destino". “No se podía evitar el alzamiento de la suspensión de funciones”, afirman desde dicho Ministerio. Eso sí, el militar cobra su sueldo íntegro, entre 800 y 900 euros al mes.

Imagen de la resolución por la que el soldado de 'La Manada' vuelve al servicio activo en el Ejército de Tierra.

Según la resolución, la designación de ese destino, que Defensa ha frenado, depende del General jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

Se mantiene la antigüedad del soldado “a efectos de escalafonamiento”, es decir, de cara a posibles futuros ascensos. De esta forma, se respeta dicha antigüedad en el Ejército desde el 23 de diciembre de 2008.

Según el documento, que reproduce Público, la reincoporación de Cabezuelo al servicio activo —sin destino— fue efectiva a partir del pasado 22 de junio, casi coincidente en el tiempo con el auto de puesta en libertad provisional a los miembros de 'La Manada'.

Mariano Casado, miembro del Observatorio de la vida militar adscrito a las Cortes Generales, había adelantado a Público en conversación telefónica que, sin poner en ningún momento en duda la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho, “existen unas normas que regulan este tema, y en mi opinión el Ministerio de Defensa podría motivadamente, a la vista de los hechos y de la repercusión social de la sentencia y de la afectación del servicio, prohibir que este señor pida u obtenga un destino”. 

Teniendo en cuenta las fechas antes mencionadas, el supuesto es aplicable y es exactamente lo que ha decidido hacer la ministra Margarita Robles.

Tanto Casado como Defensa se basan en la Ley 39/2007 de Carrera Militar, que en su artículo 111.3 prevé que en el supuesto de cese de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva (el caso de Alfonso Jesús Cabezuelo) el Ministerio puede acordar la prohibición de dicha solicitud y obtención de destino “por un tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”.

"No es digerible por parte de la sociedad española que este hombre permanezca en activo con todo lo que ello supone, prestar servicio y relacionarse con otros compañeros y compañeras; no creo que sea razonable", comenta Casado, que subraya que siempre "hay que respetar sus derechos".

Este letrado cree que sería conveniente que esta situación provoque un cambio normativo que recoja situaciones como ésta y sus derivadas, que no estaban recogidas. 

El guardia civil de La Manada, también en "activo"

Por su parte, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada', también se encuentra en situación "activa" en el cuerpo y sin asignación de destino, al igual Cabezuelo.

Según han indicado a Efe fuentes de la Guardia Civil, Herrero, que intentó recientemente sacarse el pasaporte pese a la prohibición de salir del país, sigue cobrando el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme.

La situación del guardia civil es muy similar a la del militar, ya que ambas instituciones tienen parecidos regímenes disciplinarios, por los que ambos fueron suspendidos de empleo tras su detención

En el caso de la Guardia Civil, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que se estudia la infracción que ha cometido este guardia civil.

Si fuera considerada una falta muy grave, la sanción prevista en el régimen disciplinario va desde la suspensión de empleo de tres meses a seis años, la separación de servicio o la perdida de puesto en el escalafón.