El estado de California aprobó a mediados de septiembre una avanzada ley de protección animal para atajar definitivamente la cría masiva de perros y gatos de raza con fines comerciales. La Ley 485 de Rescate y Adopción de Mascotas promulgada por la Asamblea de California y aprobada en el Senado Estatal de ese estado por 38 votos a favor y 0 en contra, prohíbe la venta directa de estos animales en las tiendas de mascotas que, en su lugar, acogerán perros y gatos procedentes de las protectoras para su adopción. El objetivo es triple: primero aumentar las adopciones y reducir los abandonos; segundo limitar la industria indiscriminada y en ocasiones ilegal de la cría de perros y gatos; y por último, reducir el coste de los contribuyentes para mantener los refugios de animales, donde muchas veces acaban siendo sacrificados.

Ahora, una petición en la plataforma Change.org que acumula más de 117.000 firmas en una semana pide una legislación similar para España, una antigua reivindicación también de las protectoras.

En realidad, nuestro país estuvo cerca de lograr una legislación similar a la californiana en 2014, pero el Gobierno terminó reduciendo el proyecto de ley a una mera guía de buenas prácticas sin validez legal tras las presiones del sector. El Convenio europeo de protección de animales de compañía, al que España se adhirió hace tan solo unos meses, tampoco regula este aspecto.

Sólo la Comunidad de Madrid, en su nueva Ley de Protección de Animales de Compañía, se acerca: el gobierno de Cristina Cifuentes ha prohibido, salvo algunas excepciones, la venta física de animales en las tiendas de mascotas, aunque sí podrán venderlos por catálogo. En Catalunya y Galicia está prohibido exhibir los cachorros en los escaparates, pero se permite su tenencia en el interior.

“Es una medida muy valiente, porque supongo que se les echarían encima los comerciantes y criadores. Aquí estamos a años luz de una ley como la de California, porque todavía existe la mentalidad por parte de los políticos de querer contentar a todo el mundo… la normativa de la Comunidad de Madrid supuso un revuelo importante”, señala Mati Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones y Protectoras de la Comunidad de Madrid.

Cubillo justifica además que, una medida así no afectaría severamente al negocio de los criadores españoles porque “un 90% de los animales que se venden en las tiendas provienen de Europa del este”, asegura.

En cualquier caso, son miles los perros y gatos de raza que nacen cada año en España con fines comerciales, ya sea de criadores o de particulares no profesionales. La Real Sociedad Canina inscribió sólo el año pasado 61.524 perros nuevos, una cifra que aunque ha ido reduciéndose en el último lustro, contrasta de forma abrumadora con la de los perros que son abandonados: 104.447 en 2016, según datos de la Fundación Affinity.

Pese a que no existen cifras oficiales del volumen de negocio que se mueve en España en torno a la compra-venta de animales, Josep Arnas, presidente de la Asociación del Sector del Animal de Compañía (ASAC), reconoce que para las cerca de 5.000 tiendas de mascotas que existen en España, la venta de animales supone aproximadamente entre el 25% y 30% de sus ingresos.

Arnas, no obstante, cree que prohibir la venta de animales de raza en las tiendas no solucionaría ni el problema del abandono ni el de la compra compulsiva e irresponsable.

“Hay menos de un 5% de los animales abandonados que proceden de los comercios porque en ellos sólo se venden animales de raza y con microchip; y el 95% de los abandonados no tienen pedigrí”, afirma. El problema, cree, está en falta de control en la cría por parte de no profesionales y en la venta por internet.

“Si ahora mismo buscas en Mil Anuncios por un perro te salen 114.000 resultados. Es más fácil comprar compulsivamente algo que vale 200 euros en internet, que algo que vale 500 en una tienda”, se queja.

En un estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2014, se reveló que aproximadamente el 85% de los animales que se venden a través de plataformas en la red provienen de particulares, que por lo general no suelen incluir la cartilla sanitaria, el chip, las garantías genéticas y víricas, o el contrato de venta por escrito.