La amenaza se consolidó. El deseo de revertir Madrid Central de la derecha madrileña se hizo posible la semana pasada con la aprobación de la moratoria que pone fin al sistema de multas que, durante los últimos meses, han restringido el tráfico de vehículos contaminantes en la zona de bajas emisiones de la capital. Los atascos han vuelto a una ciudad más congestionada de la cuenta, pero los ciudadanos no parecen tirar la toalla. 

Las asociaciones vecinales, grupos ecologistas, organizaciones de padres y madres y otras entidades sociales están utilizando todas las vías posibles: la movilización en las calles, la recogida de firmas y, ahora, las quejas burocráticas. En los últimos días se ha difundido en las redes sociales la idea de elevar reclamaciones al Ayuntamiento relativas a la moratoria de las multas en Madrid Central. 

Así, se ha puesto el foco en la utilidad que puede tener esta vía para, por lo menos, obligar al Gobierno de Martínez-Almeida a emitir información relativa a los supuestos beneficios que traerá para la capital el fin de la restricciones de tráfico en la zona de bajas emisiones.

Y es que, la normativa municipal relativa al sistema de sugerencias y reclamaciones, vigente desde 2012, da cierto poder al ciudadano. Según el texto, 
este reglamento sirve para "detectar (...) las áreas que deben mejorar los servicios prestados y elaborar planes de mejora".  Tanto es así, que el Gobierno municipal estaría obligado a dar respuesta "personalizada" al 60% de las quejas recibidas en un plazo de 45 días naturales. Pero esto no es todo.

En uno de los textos que está circulando por Internet, se da a entender a los ciudadanos que por cada diez quejas presentadas en la web del Ayuntamiento, el Gobierno tendrá que elaborar un informe anual sobre el estado de la cuestión, con el fin de informar a la ciudadanía. Sin embargo, la normativa no es tan eficaz, aunque si que podría servir para poner en evidencia al poder municipal de Martínez-Almeida y Begoña Villacís.

Realmente, el plan de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento viene a decir que el Ejecutivo se "compromete" a analizar todos los escritos y a elaborar "un informe anual" cuando haya más de diez quejas relacionadas con un mismo tema o un área de Gobierno. En base a ello, las redes sociales están promoviendo las quejas para tratar de obligar al Ejecutivo de PP y Ciudadanos a mostrar datos estadísticos sobre los efectos de la moratoria de Madrid Central en la calidad del aire.

Sin embargo, "el margen de acción del Gobierno no queda reflejado en la normativa", explica a Público Roberto Soto, exdelegado del área de Participación Ciudadana del anterior Ejecutivo municipal de Más Madrid. Aunque el Ayuntamiento está obligado a contestar al ciudadano en un plazo establecido y con un lenguaje claro, la realidad es que no se prestan obligaciones de actuación respecto a las quejas. "Al final, todo queda al albur de la capacidad y los intereses que tenga el Gobierno con cada tema", añade el concejal madrileño. Esto se debe a que ninguna queja elevada por este canal "tiene la calificación de solicitudes de iniciación de procedimientos administrativos", tal y como explica el propio Ayuntamiento.

No obstante, se presentan como un mecanismo válido para mostrar el descontento relativo a la moratoria de las multas de Madrid Central y a la muerte de facto de esta zona de bajas emisiones. A las quejas directas al Ayuntamiento hay que añadir las que se han enviado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que, en vista del descontento ciudadano, presentó la semana pasada una pregunta al nuevo Gobierno para conocer cuáles son sus intenciones sobre el plan anticontaminación impulsado por Manuela Carmena.