El Tribunal Supremo ha dado un paso en firme para anular Madrid Central. La Justicia ha desestimado el último recurso de casación de Ecologistas en Acción contra la anulación de la zona de bajas emisiones impulsada durante el mandato de Manuela Carmena. El origen de esta sentencia está en un procedimiento contencioso iniciado en 2018 por el PP –todavía en la oposición– que trataba de tumbar el plan anticontaminación alegando un defecto de forma: el proyecto se había aprobado sin contar con una memoria económica.
Tras numerosos recursos ante los diferentes estamentos, los magistrados dan la razón al grupo popular que ahora lidera el Gobierno municipal y dejan en el aire una de las medidas estrellas que durante los últimos años ha ayudado a mejorar la calidad del aire de Madrid.

El auto agota el margen de actuación de los colectivos medioambientalistas, que ahora sólo podrán recurrir ante el Constitucional, pero también abre un periodo de incertidumbre. 

¿Se puede volver a entrar con el coche en el centro de la capital? ¿Europa sancionará finalmente a Madrid por no hacer frente a la contaminación? ¿Qué ocurrirá con las multas recurridas? ¿Y con el sistema de Áreas de Prioridad Residencial (APR) que funcionaban antes de implementarse Madrid Central? ¿Volverá la contaminación a cubrir el cielo de la ciudad? 

Adiós a las multas

Que el Tribunal Superior desestime el último recurso del grupo ecologistas significa que, de facto, el sistema de multas que hasta ahora funcionaba en la capital desaparecerá por lo que los ciudadanos podrán entrar en el almendra central sin sufrir consecuencias económicas. La vicealcaldesa del Ejecutivo municipal, Begoña Villacís, ha celebrado la decisión judicial y ha calificado a Madrid Central como una "medida chapucera". No en vano, se ha contradicho poco después al pedir a los ciudadanos que, pese a todo, sigan circulando por la capital como si el sistema de multas "siguiera existiendo". Al menos hasta que el Consistorio de PP y Cs implementen su propia zona de bajas emisiones. 

Tras el auto, Martínez Almeida ha asegurado que Madrid Central seguirá activo. Sin embargó la sentencia anunciada este martes es firme por lo que las restricciones de movilidad que rigen en la almendra central han terminado y los coches volverán a poder circular con absoluta libertad y sin exponerse a sanciones. Ahora, el Ayuntamiento tiene dos meses para ejecutar la sentencia por lo que el fin del sistema de multas se alargará sesenta días.

Si bien las multas van a desaparecer, hay ciertas dudas sobre si el Consistorio deberá devolver el importe de las sanciones que se hayan interpuesto hasta la fecha, tal y como explican a Público desde la empresa de asistencia legal DVuelta, que considera que el Ayuntamiento deberá paralizar todas las multas que se encuentren en trámite de manera inmediata.

Ni Madrid Central ni las antiguas APR

El auto pone fin a Madrid Central pero también podría hacer que la capital regresara a un pasado anterior al mandato de Gallardón en materia de movilidad y legislación ambiental. Tanto es así que la anulación de la zona de bajas emisiones deja en el aire las antiguas Áreas de Prioridad Residencial que fueron sustituidas por la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS). Para Paco Segura, coordinador federal de Ecologistas en Acción, considera que la decisión podría suponer también la desaparición de las cuatro áreas residenciales –Cortes, Letras, Embajadores y Ópera– impulsadas de manera progresiva entre 2004 y 2015. 

La propia Begoña Villacís reconocía en septiembre de 2020 que la posible anulación de Madrid Central y la entrada de vehículos con etiqueta 'C' podría significar que la ciudad volviera a una legislación anterior a los tiempos del alcalde Gallardón.

La inminente sanción europea

Madrid está bajo la lupa de las instituciones europeas. La pésima calidad del aire de la capital movilizó a Bruselas que advirtió a España de que, si se seguía incumpliendo con las directivas, se podría enfrentar a una multa. Tanto es así que Bruselas abrió un procedimiento sancionador en 2015 que precipitó la aprobación de Madrid Central, una medida que dejó satisfecha a Europa y que se encumbró como una de las más ambiciosas de todo el viejo continente. 

La llegada de Almeida al poder no fue positiva desde este punto de vista. A los dos meses de llegar a Cibeles, el alcalde aplicó una moratoria al sistema de multas que hizo saltar las alarmas de la Unión Europea. Así es como se volvió a reabrir un procedimiento sancionador que parece enquistado y que, después de la reciente decisión judicial, podría terminar llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De acreditarse el incumplimiento de la Directiva de Calidad del Aire, España podría recibir una multa millonaria que sería remitida al Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, única ciudad en revertir un plan anticontaminación

Los ecologistas apuntan directamente a Martínez-Almeida, a quien acusan de no tener voluntad política para solucionar el error de forma que ha precipitado el desmantelamiento de Madrid Central. "Si hubiera voluntad política se hubiera podido solucionar en cuestión de semanas", denuncia Segura. De hecho, el Consistorio decidió en agosto de 2020 que no iba a plantear más recursos para preservar las restricciones al tráfico y dejó sólo a los colectivos ciudadanos en la pugna judicial.

En ese sentido, la sociedad civil, así como partidos de la oposición, señalan al alcalde y su equipo como principal culpable de la situación. Inés Sabanés, quien fuera la responsable de Medio Ambiente y Movilidad de Manuela Carmena, ha lamentado este martes que la capital se convierta en la primera ciudad de Europa en revertir una zona de bajas emisiones. "Es un retroceso absoluto que deja a Madrid desacoplada de la tendencia europea", denuncia la política de Los Verdes Equo.

Lo cierto es que hasta el momento, de las más de 200 ciudades europeas que han desarrollado planes de movilidad similares, ninguna ha dado un paso atrás tan grande. El único precedente al que la sociedad madrileña puede retrotraerse es al de Hannover. El Gobierno regional de la ciudad alemana trató de modificar en 2010 el plan de acción de control de la contaminación atmosférica, pero una demanda ciudadana consiguió frenar en seco la medida.

La (casi) asegurada vuelta de la contaminación

Más allá de debates jurídicos, la única certeza es que la sentencia eliminará la única herramienta capaz de conseguir que la contaminación remitiese en la ciudad. Según los datos de Ecologistas en Acción, durante sus años de vigencia, Madrid Central ha conseguido recudir la contaminación en el centro de la capital en un 20% y hasta un 10% en el conjunto global de la ciudad. Unos datos positivos que podrían desaparecer en los próximos meses con la vuelta de los gases contaminantes. El peligro de la contaminación para la salud pública sitúa a Madrid como la ciudad europea con mayor mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno, según los datos de Instituto de Salut Global de Barcelona.

El año 2023, el límite legal para que Madrid recupere la medida

El auto del Tribunal Supremo deja poco margen. Por un lado, queda la vía del Constitucional, la cual está siendo estudiada por los abogados de Ecologistas en Acción. Sin embargo, hasta que el TC no se posicione la sentencia sería firme y la anulación de Madrid Central continuaría vigente.  En cualquier caso, el horizonte termina en el año 2023, año en el que la Ley de Cambio Climático –que será aprobada este jueves en el Congreso– establece que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán haber implementado sus propias zonas de bajas emisiones. 

Dos años y sin alternativas

Han pasado dos años desde que el PP desbancó a Manuela Carmena de Cibeles. Desde entonces la capital se ha visto envuelta en un largo proceso judicial para el desmantelamiento de la zona de bajas emisiones. Esta era la principal medida electoral de Martínez-Almeida y desde que llegó al poder ha tratado de ejecutarla por vías diferentes. La aplicación de la moratoria que anulaba el sistema de multas dejó el centro de la ciudad en un limbo de permisividad que duró escasas semanas, cuando los tribunales locales dieron la razón a los colectivos ciudadanos que reclamaban mantener la norma.

La reapertura del procedimiento de sanción europea hizo que el alcalde y su equipo rebajaran el discurso y dejarán atrás la acción directa. El paso siguiente fue dejar de recurrir los tribunales el desmantelamiento de Madrid Central bajo el argumento de impulsar su propio plan anticontaminación. Sin embargo, en todo este tiempo no se han desarrollado ideas alternativas para evitar que la llegada de una sentencia como la del martes supusiera el retorno del coche y la contaminación. "Tiene gracia que, desde el 2019, no han planteado nada. Si hubieran querido, podrían haber hecho algo, haber resuelto los problemas –los cuales no comparto– de los que habla el Supremo, podrían haber diseñado su propio proyecto sustitutivo al Plan A de Cambio Climático y Calidad del Aire, pero no han hecho nada. Sólo se han limitado a anunciar Madrid 360, que no ha salido a consulta pública ni se ha enviado a Europa y tampoco han preparado una ordenanza que lo describa", denuncia Sabanés, que considera que PP y Cs los principales culpables de que la capital se haya quedado sin su zona de bajas emisiones.