El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley integral contra la trata de personas, en el que reconoce a las víctimas de trata (en sentido amplio) garantías de protección, asistencia y reconocimiento de derechos sin el requisito previo de denuncia. La ley contempla, también, penas de cárcel para puteros, que pueden ir entre seis meses y cuatro. Se trata de algunos de los puntos clave que desde hace años venían reclamando las organizaciones de defesa de estas personas, que son mayoritariamente mujeres. La norma prevé garantizar una atención integral, desligada de la persecución policial del crimen organizado y contra las bandas de tratantes.

Hasta la fecha, muchas víctimas de trata estaban obligadas a denunciar a sus tratantes para poder recibir atención especializada y protección y para ser reconocidas como víctimas de delito. El texto de la nueva norma incluye dentro de su articulado la necesidad de "garantizar que la protección y asistencia a las víctimas se lleve a cabo desde el pleno respeto a sus derechos humanos, sin condicionarla a la capacidad o voluntad de la víctima de participar en la persecución del delito". Es decir, por primera vez una norma integral desliga protección y denuncia de las mafias, algo clave para poder proteger a las víctimas.

Según el texto aprobado, quienes hagan uso de servicios sexuales prestados por una victima de trata, será castigado con penas de prisión de entre uno a cuatro años e inhabilitación. Pero si se ha actuado con imprudencia grave, la pena será de seis meses a dos años y medio más. Solo estarán exentos de pena quienes hayan hecho uso "ocasional" de los servicios de estas victimas y denuncien su existencia. 

El texto del anteproyecto también prevé castigos a quienes faciliten el delito de trata mediante el alquiler de locales o alojamientos, aunque no participen directamente en el delito de trata, reinstaurando la tercería locativa.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que "esta norma pone a las víctimas en el centro". Entre otros puntos, garantizará los derechos de las victimas a la asistencia y protección independientemente de que interponga denuncia o de la situación administrativa en la que se encuentren. La norma afirma que "el acceso inmediato y continuado a los derechos mencionados en este título no quedará condicionado a la interposición de denuncia, ni a la voluntad o capacidad de la víctima de cooperar con las autoridades en la investigación o en el eventual proceso penal".

La ley va dirigida contra la trata en general y no tiene un apartado específico sobre la trata con fines de explotación sexual, aunque afirma que se garantizará "el enfoque de género en las distintas medidas que deriven de lo establecido en esta ley, habida cuenta de la existencia de causas estructurales que hacen que las mujeres, especialmente menores y adolescentes, sean víctimas, con mayor frecuencia, de trata de seres humanos".

Según Naciones Unidas, dos terceras partes de las victimas de trata son mujeres y niñas; el 80% de ellas están sometidas a explotación sexual, seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzados.

Según ha explicado Llop, en la norma se garantiza la asistencia y la protección de las víctimas desde que se tienen los primeros indicios de su situación y se reforzará la lucha contra el crimen organizado y las mafias que trafican con seres humanos, "el tercer negocio más lucrativo tras el tráfico de armas y de drogas".

El texto también crea un Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de su inmediata derivación cuando existan sospechas y reconoce el derecho a "una protección y asistencia especializada", con ayuda de intérpretes o mediadores culturales si son necesarios y siempre garantizado la privacidad, la protección de la identidad y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Reforma de la ley de extranjería

Otra de las claves de la norma es la necesidad de reformar la ley de extranjería, que permitirá que las victimas en situación administrativa irregular puedan acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo. Cuando esta condición sea definitiva, podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo "por causas excepcionales".

El ley, que facilitará el retorno voluntario de las víctimas a sus países de origen, reconoce también su derecho a la inserción social y laboral, al acceso a la prestación del ingreso mínimo vital, a vivienda, a una reparación integral y a una compensación económica adecuada en forma de indemnización, con una protección específica en el caso de víctimas menores.

El texto tiene toda una batería de apartados relacionados con la sensibilización sobre la trata en el ámbito educativo, sanitario y empresarial, con medidas especificas de concienciación en sectores considerados mas precarizados como el servicio domestico, la hostelería, la agricultura, la pesca o el sector textil y de la construcción. Prevé la educación obligatoria que sensibilice sobre esta violación de derechos humanos en todas las etapas educativas, adaptadas a cada nivel. 

Desencuentros con Igualdad

Pocas horas antes de que el anteproyecto fuera aprobado por el Consejo de Ministros, fuentes del Ministerio de Igualdad afirmaron sentirse incómodos con la norma. Según el ministerio que dirige Irene Montero la norma que se iba a debatir en el Consejo de Ministros era "insuficiente". Entre las deficiencias afirmaban que no respondía a lo estipulado en convenios internacionales como el de Varsovia, ni a las demandas de expertas en trata y explotación sexual. 

Desde Igualdad también aseguraban que el texto no tenía todas la garantías para las víctimas y que éstas pudieran acceder a permisos laborales y de residencia, incluso estando en situación irregular, atención social integral sin denuncia y que no estuvieran obligadas a la colaboración policial contra el crimen para acceder a estos derechos.

Llop ha afirmado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la ley no se había modificado en las últimas horas y que tales garantías figuraban en el texto negociado con distintos ministerios, incluido el de Igualdad. Sin embargo, la ministra de Justicia se ha mostrado dispuesta a mejorar la norma y ha afirmado que el texto es aprobado en "una primera vuelta" y que en su tramitación sufrirá "ajustes". 

Desde Igualdad, sin embargo, afirman que el lunes a última hora se estuvo negociando el texto para incluir en él todas las sus exigencias. Lo único que aún se habría quedado fuera, según estas fuentes, es una disposición transitoria única sobre la acreditación de las víctimas y de las entidades que puedan acreditar este situación. En concreto, un punto que tiene que ver con las víctimas de trata de la guerra de Ucrania, que "tendrán la condición de víctimas con identificación provisional, sin perjuicio de su posterior sujeción al procedimiento de identificación definitiva previsto en la ley". 

Igualdad había trabajado en una ley exclusiva sobre trata con fines de explotación sexual y de trabajo forzado hacia las mujeres y niñas, que envió a Justicia en enero pasado. Sin embargo, nueve meses después, la respuesta de Justicia no fue una modificación de ese texto, sino una nueva ley que es finalmente la que ha ido a Consejo de Ministros.​

La aprobación por el Ejecutivo del anteproyecto es el primer paso para el trámite de la norma, que ahora deberá ser enviada a los distintos organismos preceptivos para que incluyan sus observaciones, incluidos los distintos ministerios. Una vez que este trámite esté cumplido debe volver al Consejo de Ministros en segunda vuelta y ser enviado al Congreso de los Diputados para iniciar el trámite parlamentario.